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Entregan a la ministra y el consejero la petición de proteger Pequeña Velocidad

La asociación Kepa Ordoki ha entregado a la ministra Raquel Sánchez y al consejero Iñaki Arriola la solicitud de declaración de lugar de memoria democrática el campo de concentración de Pequeña Velocidad, en Irun, amenazado por el proyecto urbanístico Via Irun.

La demanda de amparo a Pequeña Velocidad, ante la ministra Sánchez esta mañana en Irun. (Unanue | Europa Press)

La asociación Kepa Ordoki ha entregado este viernes a la ministra española de Transportes, Raquel Sánchez, y al consejero del Gobierno de Lakua Iñaki Arriola la solicitud de declaración como lugar de memoria democrática del campo de concentración de Pequeña Velocidad. Ambos cargos se habían desplazado a la ciudad bidasotarra para visitar las obras de la futura estación del Proyecto Via Irun.

El campo de concentración que el colectivo memorialista del Bidasoa ha solicitado declarar lugar de memoria democrática fue «el punto de partida de la trayectoria represiva de muchas personas». Activo entre 1936 y 1942, la historiadora Maëlle Maugendre detalla que entre mayo de 1938 y febrero de 1939, 98.000 personas pasaron por el Puente Avenida. La mayoría de ellos terminaron en el campo de concentración, especialmente después de que se produjera la retirada de Catalunya. La mayoría de los presos que pasaron por Pequeña Velocidad fueron enviados a campos de concentración como La Magdalena, Miranda de Ebro o San Pedro de Cardeña.

Peli Lekuona, secretario de la asociación, ha advertido que el desarrollo urbanístico Vía Irun y una pasarela prevé el derribo del campo de concentración Pequeña Velocidad. En consecuencia, ha reclamado la aplicación de la ley de Memoria Democrática. «Consideramos imprescindible la aplicación del artículo 50 de la Ley 20/2022, la declaración de Pequeña Velocidad, lugar de memoria democrática y la aplicación de las medidas de protección previstas en la ley. Hemos pedido a Sánchez y Arriola que trasladen la cuestión tanto al Consejo de Ministros como al Consejo de Gobierno».

La asociación Kepa Ordoki activó la «alarma roja» en el Pleno del Ayuntamiento de Irun de octubre. Matizan que hubo «actitudes favorables, palabras bonitas y silencios sorprendentes». Tal y como se señaló en el pleno, la previsión del derribo de Pequeña Velocidad se ha considerado un «ataque a la dignidad» de los presos del campo de concentración.