La reivindicación de soluciones para los presos, en las plazas y ante las cárceles

Cerca de 3.000 personas tomaron parte en las movilizaciones del último viernes de diciembre, mientras que este sábado se han celebrado sendas marchas con salida en Martutene y Basauri. En doce meses la dispersión ha pasado de 111 presos y presas fuera de Euskal Herria a los actuales 26.

Cerca de 3.000 personas tomaron parte en las concentraciones convocadas por Sare y Etxerat este viernes en diferentes localidades vascas, reclamando el respeto a los derechos de los represaliados políticos. Una cita marcada por la proximidad de la manifestación que se celebrará el próximo sábado en Bilbo bajo el lema «Etxera bidea gertu».

Al respecto, Etxerat ha apuntado que se entra en 2023 «a las puertas de poner fin a una de las  vulneraciones de derechos más flagrante sufridas durante décadas por las  presas y presos vascos y sus familiares: el alejamiento y la dispersión. Estamos cerca de conseguirlo y queremos felicitar por ello a la sociedad  vasca, sin cuyo compromiso este logro no hubiera sido posible».

En este sentido, ha recordado que hace doce meses había 111 presos y presas encarcelados en prisiones alejadas de Euskal Herria, y a día de hoy son 26, catorce en el Estado español y doce en el Estado francés. «No cabe duda de que estamos mejor», remarca. Aunque no olvida que «seguimos teniendo 5 deportados y 24 personas exiliadas  con sus derechos conculcados».  

En ese lado negativo de la balanza Etxerat denuncia que «se mantienen además los obstáculos por  parte de grupos de presión empeñados en mantener la confrontación y el  sufrimiento en clave de venganza», y cita «el  bloqueo de la Audiencia Nacional al camino de vuelta a casa de personas  presas y exiliadas; la oposición a permisos, las regresiones de grado, el rechazo al cómputo de penas  cumplidas en Francia o la aplicación de la 7/2003 de la época de Aznar. Comenzamos 2023 con el claro objetivo  de que todas y todos regresen a casa».

Denegaciones de tercer grado

Ya metidos en el último día del año, Sare ha celebrado sendas marchas que arrancaban ante las cárceles de Martutene y Basauri.

Su portavoz  Inazio Oiarzabal también ha destacado que se está cerca de poner punto y final a la política de dispersión, pero ha lamentado los «obstáculos» de la Fiscalía de la Audiencia Nacional española a la progresión de grado de los presos y presas, y ha denunciado que este órgano «recurre sistemáticamente los terceros grados» otorgados por el Gobierno de Lakua «con los informes favorables de las direcciones de las cárceles».

Ha criticado además que hasta ahora la vuelta a la cárcel de estos presos a los que se deniega el tercer grado se producía una vez estaba la sentencia, pero desde hace una semana deben hacerlo en cuanto se acepta el recurso, algo que según Oiarzabal es «una barbaridad para un Estado democrático».

Sare considera que 110 presos tendrían derecho a la progresión de grado, según la legislación española, pero «solo a 33 les ha sido concedido».

Aiztondo

Por la tarde han sido los vecinos de municipios de Aiztondo quienes se han manifestado por la vuelta a casa de los presos, partiendo de Villabona y llegando a Zizurkil.

Se trata de una marcha silenciosa que va siendo habitual los últimos años y a la que esta vez se han adherido los consistorios de Amasa-Villabona, Zizurkil, Asteasu, Aduna y Alkiza.

Según han subrayado en la declaración base de esta iniciativa, en la actualidad «los sectores conservadores y ultras del Estado español tratan de dar marcha atrás en el ámbito político y sobre todo en el judicial. Las decisiones judiciales que deberían ser técnicas están salpicadas de los postulados e ideologías de la extrema derecha política, vulnerando de nuevo los derechos de los presos vascos. Están utilizando la Fiscalía del Estado y la Audiencia Nacional como instrumento de represión».

«Después de que los presos que han cumplido dos décadas, o incluso tres en prisión hayan obtenido el tercer grado y la semilibertad, estamos viendo una y otra vez que les vuelven a encarcelar, haciéndoles volver a segundo grado. Eso no es justicia. Eso es venganza», denuncian.