Chivite defiende que Nafarroa pague los 40 millones para sacar la vía ferroviaria de Volkswagen

Geora Bai ha cerrado filas junto al Gobierno navarro, mientras que EH Bildu e I-E han defendido que sea el Gobierno español quien asuma el gasto de una obra de la que se beneficiará Adif. Navarra Suma ha ido más allá y ha acusado a Chivite de «ser cómplice de un ilegítimo desvío de fondos».

Nafarroa asumirá los 40 millones que costará la obra para sacar del polígono de Landaben la actual vía férrea y permitir la expansión del terreno industrial donde se ubica Volkswagen. La lehendakari, María Chivite, ha defendido que esto sea así porque «contribuirá al desarrollo» de la Comunidad al permitir la ampliación de las factorías, especialmente de Volkswagen, y con ello la «competitividad, sostenibilidad y conectividad» de las industrias.

Chivite ha explicado en el Parlamento foral el acuerdo firmado el 29 de diciembre con la ministra española de Transportes, Raquel Sánchez, y con los responsables de Adif para construir una variante ferroviaria entre los polígonos industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien, 4 kilómetros que sacarán de la factoría de Volkswagen la vía actual y cuya obra asume Nafarroa, a pesar de que posteriormente se integrará en la red convencional de tráfico ferroviario.

Todo ello, ha dicho Chivite, «permite acelerar la liberación de terreno» para ampliar las factorías, especialmente la de Volkswagen con sus proyectos de electrificación del automóvil. También, se da solución a una demanda de décadas que «hasta ahora ningún gobierno había resuelto, pese a que era imprescindible para que la industria avance y disponga de una herramienta fundamental».

Ha defendido que, con esta solución, su Gobierno avanza además en tres objetivos que son «la competitividad, la sostenibilidad y la conectividad en beneficio de la industria navarra y de la propia Comunidad foral».

En cuanto al contenido del acuerdo con el Gobierno español y con Adif, permite «ser más rápido en la ejecución de la infraestructura» al asumir Nafarroa su ejecución, y plantea la modificación de su uso para permitir temporalmente que puedan viajar personas mientras no se elimine bucle ferroviario de Iruñerria, una obra pendiente de la llegada del TAV.

Sobre esto, y dadas las dudas planteadas por Geroa Bai sobre el ancho de vía de esta variante, Chivite ha señalado que «lo importante es la plataforma, que será compatible con ambos anchos de vía» (la ibérica y la europea de alta velocidad).

Con todo ello, y tras aludir a los «incumplimientos e inacción» que ha conllevado que en varias décadas de debate aún no se hay eliminado el bucle ferroviario, ha defendido que su Gobierno «trabaja, plantea soluciones a problemas heredados de 20 años, y lo hace de forma urgente», ha dicho para criticar especialmente la intervención «asombrosa a la par que ridícula» del portavoz de Navarra Suma.

Apoyo de Geroa Bai

Javier Esparza ha acusado a Chivite de «ser cómplice de un ilegítimo desvío de fondos» en un acuerdo que es «un engaño a la ciudadanía» porque «aumenta el recorrido» de la vía, «consolida el apeadero de San Jorge», hace que los navarros costeen 40 millones «que debería pagar el Estado», que se invierten en construir 3,5 kilómetros de vía «cuando eliminar el bucle tan solo es el doble», ha dicho tras señalar que con ello «los navarros hacemos el primo».

Con muy diferente tono, Ramón Alzórriz (PSN) ha defendido la «muy buena noticia» de este acuerdo con «coordinación, cooperación y avances para Navarra», por lo que ha considerado que en Navarra Suma «son incapaces de aceptar las buenas noticias, incluso las que saben que revierten en el futuro de Navarra».

Uxue Barkos (Geroa Bai) ha dicho «compartir absolutamente» que el proyecto firmado es «imprescindible para el desarrollo industrial» de Nafarroa, que parte de «una situación absolutamente lamentable» en el transporte de mercancías por tren, aunque ha exigido a los grupos unidad a la hora de pedir al Estado que asuma sus «obligaciones en materia de inversiones».

Aún más contundente ha sido por EH Bildu Maiorga Remirez, para quien un buen acuerdo depende de su coste, ha dicho tras considerar en este caso que «no tiene ningún sentido económico ni político asumir el coste de 40 millones para el uso de Adif y además pagar los terrenos que queden libres para poder después utilizarlos en materia industrial».

Asimismo, Marisa De Simón (I-E) ha apoyado el objetivo de este acuerdo, por entender necesaria urgente la actuación que beneficia al tejido industrial de Nafarroa, pero ha considerado que es el Estado el que debe financiarla porque es «una obra de interés general», según consta en todos los informes.