La credibilidad de Arantxa Tapia sobre el ‘caso De Miguel’, de nuevo en entredicho

El 11 de enero, tras conocerse la sentencia por corrupción del ‘caso De Miguel’, la consejera Arantxa Tapia declaró que había dado la orden de proceder al despido de los dos condenados dependientes de su Departamento. Desde el Parlamento le han pedido esas notificaciones y resulta que no existen.

El pasado 11 de enero, tras conocerse la sentencia por corrupción del ‘caso De Miguel’ adoptada por el Tribunal Supremo, la consejera Arantxa Tapia declaró que había dado la orden de proceder al despido de dos condenados, Alfredo De Miguel y Koldo Ochandiano, que trabajan para organismos dependientes del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Desde el Parlamento, el representante de EH Bildu Josu Estarrona pidió oficialmente al Gobierno esas notificaciones y resulta que no existen.

El Tribunal Supremo dio a conocer el 10 de enero las condenas definitivas del llamado Caso De Miguel por delitos continuados de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. En el caso de Alfredo De Miguel, trabajador de la fundación Hazi, ha sido condenado a 12 años y 4 meses de prisión, además de inhabilitación y multa. Koldo Ochandiano, del Parque Tecnológico, ha sido condenado a 7 años y 6 meses de cárcel.

Tapia, contundente en Astigarraga

Al día siguiente, aprovechando la invitación al Sagardo Berriaren Eguna, la consejera de Desarrollo Económico y Sostenibilidad del Gobierno de Lakua, Arantxa Tapia, anunció desde Astigarraga textualmente que «hemos conocido la sentencia, la sentencia ya es firme, no cabe recurso, por tanto, ante esa sentencia no nos toca otra cosa más que la orden emitida ya a los gerentes, comunicada a los gerentes tanto del Parque Tecnológico de Araba como de Hazi fundazioa, de proceder al despido de estas dos personas, dada las características de la sentencia y la gravedad de la situación».

Añadió que «ha sido comunicada además a ambas personas la decisión adoptada y procederemos a ello a la mayor brevedad, en cuanto podamos y tengamos preparado todo jurídicamente bien armado, evidentemente la mayor brevedad, cuanto antes mejor».

Un periodista preguntó si «al margen de la fecha concreta del despido en sí, ¿estas personas han sido apartadas de sus funciones o han trabajado hoy con normalidad?»

La consejera respondió con un «bueno, en estos momentos estas personas están en sus casas. Si tienen alguna tarea que finalizar la finalizarán. Pero en estos momentos ya se les ha comunicado y, quiero insistir en ello, en que se va a producir a su despido. Por tanto, no tiene mucho sentido tampoco en comentarles nuevas tareas ni nuevas actuaciones».

Ante esto, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona pidió el 12 de enero a la consejera copias de esas notificaciones de despidos. La respuesta ha llegado este 20 de febrero y en ella se recoge que «dado que a día de hoy no se han producido modificaciones en lo que respecta a la notificación de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente se remite a la respuesta remitida al Parlamento Vasco el día 31 de enero de 2023 por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno».

La culpa es del juzgado

En esa contestación lo que la consejera Olatz Garamendi decía es que «corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales la potestad jurisdiccional que comprende tanto la tarea de juzgar como la de hacer ejecutar lo juzgado». Pero no cabe olvidar que su compañera de Gobierno, Arantxa Tapia, aseguró semanas antes que los dos condenados «están en sus casas» y la orden de despedirlos ya dada. Y añadió que no se les iba a encomendar nuevas tareas.

El argumento de que debe ser la Audiencia Provincial de Araba la que haga cumplir la sentencia es el último parapeto encontrado por el Gobierno de Iñigo Urkullu para justificar que se haya seguido manteniendo en sus empleos públicos a los condenados, cuando en el caso de Alfredo De Miguel, un informe del director general de Hazi muestra que el convenio permitía su despido.