Tapia se escuda en que no ha recibido el fallo del TS para mantener en nómina a De Miguel

El Tribunal Supremo dictó sentencia contra Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano el pasado mes de enero. Dos meses después siguen trabajando entidades dependientes de Lakua, que considera que el fallo no es firme porque «no ha sido notificado ni a los acusados ni al propio Gobierno Vasco». 

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Lakua, Arantxa Tapia, ha insistido este miércoles en que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra Alfredo de Miguel, exburukide condenado a 12 años y cuatro meses de prisión por corrupción, «no se considera firme por parte de los servicios jurídicos del Departamento de Gobernanza».

Según ha indicado ante la Comisión de Desarrollo Económico e Innovación, esta sentencia, dictada el pasado mes de enero, «no ha sido notificada ni a los acusados ni al propio Gobierno Vasco», por lo que De Miguel continúa trabajando en el seno de la fundación Hazi.

«La fundación –en referencia a Hazi– ha requerido al señor De Miguel que comunique oficialmente la sentencia en el mismo momento en que la reciba. Y tan pronto como recibamos esa comunicación, la fundación Hazi actuará en consecuencia con la máxima premura», ha apuntado tras afirmar que De Miguel no ostenta cargo de gerente.

Ha detallado que De Miguel ocupa la «secretaría técnica» de Itsas Garapen Elkartea, puesto por el que recibe más de 57.000 euros anuales a cambio de unas funciones que se asemejan a las responsabilidades propias de un director, a tenor de las explicaciones dadas por la propia consejera. 

Así, ha reconocido que el puesto de De Miguel «conlleva entre otras tareas colaborar en definición de su estructura, las funciones y las responsabilidades de sus miembros, así como el diseño de la estrategia, la metodología de trabajo para la elaboración de los planes anuales y el desarrollo de las acciones contempladas en el mismo».

«Además debe captar proyectos y promotores, monitorizar emprendedores y liderar y coordinar las acciones de desarrollo y proyectos», ha añadido tras incidir en que De Miguel ocupa «de forma temporal» el puesto de Koldo Goitia, que solicitó una excedencia tras ser elegido alcalde de Lekeitio.

«Doble instancia jurídica»

Cabe señalar que De Miguel no es el único condenado por corrupción que sigue trabajando en una entidad pública, ya que Koldo Ochandiano, condenado a 7 años y 6 meses de prisión en el mismo proceso, es empleado del Parque Tecnológico de Araba.

Tapia ha defendido que ambos «gozan del derecho a doble instancia penal». «En el caso de De Miguel, si la dirección de Hazi hubiera procedido al despido sobre una sentencia no firme en el año 2021 lo habría hecho arbitrariamente, vulnerando el principio de esa doble instancia penal», ha manifestado.

«En cuanto dispongamos de ese auto de ejecución por parte de la Audiencia Provincial de Araba se procederá al despido del señor De Miguel y del señor Ochandiano», ha aseverado.

Críticas de la oposición

Las explicaciones de la consejera no han convencido a los grupos de la oposición, que han censurado la demora de Lakua, que ha tardado 53 días en solicitar de forma oficial la sentencia al juzgado, tal como ha publicado este martes el grupo Vocento.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto, quien pidió la comparecencia de Tapia, ha considerado que si el despido no era posible, se podían haber tomado otras medidas como la suspensión de sueldo, una sanción o la pérdida de categoría. «Habría sido al menos una solución estética», ha señalado.

Desde EH Bildu, Josu Estarrona también ha destacado que el Gabinete de Iñigo Urkullu «debería haber actuado desde el minuto uno». «Se hubiera puesto fin a esta agonía que tanto dinero nos está costando a los vascos», ha manifestado en alusión al dinero público percibido por los dos condenados.

Carmelo Barrio, del PP, ha cuestionado el criterio de los servicios jurídicos sobre el momento en que la sentencia adquiere firmeza. «El jurista que le ha dicho eso habrá suspendido primero de derecho procesal», ha ironizado, al tiempo que ha advertido de que «da una sensación sospechosa de defensa a ultranza de esta persona».

Desde los grupos que forman el Gobierno autonómico, el jeltzale Mikel Arruabarrena ha defendido la «correcta» actuación de Lakua, mientras que Gloria Sánchez, del PSE, ha puesto en valor que se vaya a actuar «de inmediato» cuando se reciba al auto de ejecución.