Sin condenas, cumple tres años el protocolo de «muerte indigna» de 7.000 mayores en Madrid

El 20 de marzo de 2020 el Gobierno de Díaz Ayuso remitía el documento que evitaba los traslados a hospitales. Amnistía Internacional denuncia la falta de investigación, la oposición lo recuerda en cada pleno y la Fiscalía Superior de Madrid mira para otro lado.

«Era el único documento firmado digitalmente por el director general (de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur), en concreto a las 16:37 del 20 de marzo, una hora antes del envío del correo», recuerda el exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Díaz Ayuso, Alberto Reyero. Hace mención al protocolo que recomendaba no trasladar a los mayores de las residencias a los hospitales en medio del colapso por la primera ola del covid.

En su libro ‘Morirán de forma indigna’ (Ed. Del K.O.), publicado hace seis meses, Reyero hace una pormenorizada radiografía de lo sucedido en la gestión del Ejecutivo ayusista aquellos días aciagos, en que los hospitales no tenían camas ni respiradores suficientes y la pandemia daba su peor embestida en Madrid.

El autor del libro, exdiputado autonómico por UpyD y luego consejero del Ejecutivo por parte de Ciudadanos en la coalición del gobierno investido a mediados de 2019, no quiso ser entrevistado por GARA alegando «cuestiones éticas» por la orientación política que él le atribuye al medio. En cualquier caso, su libro es un testimonio relevante de lo ocurrido. Este lunes se cumplen tres años.

Es un tercer aniversario particular, ya que Madrid es el emblema de las muertes en las residencias ocurridas en todo el Estado y cabe recordar que un tercio de los fallecimientos en la primavera de 2020 en la comunidad-capital ocurrieron en las residencias. Es particular porque se han cerrado la inmensa mayoría de los procesos penales abiertos contra las residencias y porque los familiares siguen sin encontrar más que impunidad.

Se han cerrado la inmensa mayoría de los procesos penales contra las residencias y la comisión de investigación se truncó por la disolución de la Asamblea

La comisión de investigación que se había establecido en julio de 2020 quedó truncada al disolverse la Asamblea de Madrid en marzo de 2021 (tras la moción de censura en Murcia y la traición de Ciudadanos allí). Por tanto, quedó mucha gente sin comparecer, sin dictamen ni nada. El resultado electoral, con una mayoría aplastante del PP y Vox, bloqueó una reconvocatoria.

La líder de Más Madrid, Mónica García, en casi todas sus intervenciones en los plenos de control le recuerda los «protocolos de la vergüenza» y los 7.291 residentes que fallecieron sin recibir atención hospitalaria (la cifra corresponde a los dos primeros meses de la pandemia).

En enero pasado, la filial española de Amnistía Internacional denunció en un comunicado oficial que «el abandono sufrido por los familiares y la impunidad permanecen de forma generalizada en las instituciones del Estado» ante una «ausencia de mecanismos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido» y lamentó que «no hay perspectivas de que vaya a cambiar». También señala, en lo referente a la Fiscalía de Madrid, que en su última memoria admite que el 86% de los casos han sido archivados.

Por si fuera poco, Amnistía recalca que pudo documentar cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra personas mayores y «nadie ha rendido cuentas por ello» y advierte que si una pandemia similar volviera a ocurrir y se decretara un estado de alarma, todo lo sucedido podría volver a suceder, debido a la impunidad imperante y la falta de investigación. «Pese a la extrema gravedad de lo ocurrido en las residencias, el Defensor del Pueblo no ha tenido un papel activo investigando lo sucedido», añade la ONG.

Igualmente, destaca como únicos elementos «positivos» que la Fiscalía General haya emitido un oficio pidiendo que los familiares de las víctimas sean escuchados con el fiscal presente en los procesos que queden abiertos, ya que se ha detectado que en muchas investigaciones no tuvo lugar ni siquiera una entrevista a los familiares.

De forma indigna

Era un 21 de marzo cuando Reyero se entera del correo y protocolo del día anterior. Según relata en su libro (por cuyo contenido ha sido convocado a comparecer por el juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, hecho que ocurrirá, casualmente, el jueves próximo), el exconsejero supo del documento a través del gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), quien le había expresado su preocupación por los nuevos criterios.

Al respecto, señala que entre las largas páginas del protocolo aparece el subapartado 4 en el que constan los «criterios de exclusión» para las personas susceptibles de traslado, algo que apuntaba sólo a los de las residencias y no a quienes vivieran en su domicilio. Allí, como destaca en su propio libro, Reyero afirma que está el núcleo de su denuncia humanitaria (por lo que acabaría renunciando tiempo después en disconformidad con la gestión ayusista de la pandemia).

El exdirigente de UpyD también recuerda que llevando ya la tercera semana de epidemia del por entonces nuevo virus, «la prometida medicalización de las residencias no se estaba llevando a cabo», y reflexiona: «¿A cuántas de esas personas, que con el tratamiento adecuado, podrían haber superado la enfermedad en un hospital se les negó el acceso? No lo sabemos. Y no lo llegaremos a saber nunca. Pero intuimos que fueron muchas».

Reyero: «¿A cuántas personas que podrían haber superado la enfermedad en un hospital se les negó el acceso? No lo sabremos nunca»

El libro recuerda la «bochornosa intervención» del mencionado Carlos Mur, firmante del protocolo, en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, antes de su disolución. Allí dijo desconocer cualquier disconformidad de miembros del gabinete con respecto al documento, el cual según él solo brindaba «simples orientaciones para los geriatras».

«Las distintas versiones del protocolo afirmaban que había vidas dignas de ser vividas y otras que no. Así de claro. La terminología médica escondía una discriminación inaceptable: si vives en una residencia no tienes derecho a ir a un hospital. Tampoco si tienes una discapacidad. Ese protocolo se aplicó, por supuesto que se aplicó», enfatiza Reyero, que rompe una lanza en favor de los geriatras que avalaron el protocolo, explicando que ellos asumían que la medicalización de las residencias se cumpliría. La misma nunca llegó.

La ruptura de la omertá

En plena aplicación del protocolo y con centenares de muertos ya en las residencias madrileñas, el exconsejero recuerda que alguien de la Consejería de Presidencia llamó para pedirle «explicaciones» de por qué había facilitado a los medios información sobre las cifras de los fallecidos en esos establecimientos, que según él los medios venían exigiendo durante días y se había comprometido a darles. «Ellos (el sector PP del Ejecutivo) hubieran preferido la opacidad, siempre», subraya.

Por aquel entonces, el escándalo había cobrado una dimensión nacional. Puerta del Sol incluso intentó endilgar la responsabilidad de lo ocurrido en las residencias al exvicepresidente Pablo Iglesias, que tenía la cartera de Derechos Sociales y dado que el decreto del estado de alarma concentraba las competencias en él. Pero las contradicciones comenzaron a aflorar por errores en las declaraciones propias del sector ayusista del gobierno.

El libro recuerda cuando la presidenta regional dijo a mediados de junio de aquel año en Telemadrid que los escandalosos protocolos en realidad habían sido solamente borradores que no tenían efecto real. Pero días después el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, admitía que se habían enviado «por error instrucciones a las residencias para no derivar pacientes». Entre ellos mismos el mareo conceptual era un oprobio.

En el capítulo llamado ‘Enfrentamiento’, Reyero dice abiertamente que sus aliados del PP le pedían «que mienta, abiertamente» ante las preguntas de la oposición cuando fue la primera reunión de comisión. Lo acusaban de «desleal». Entre los dirigentes que lo atacaron esos días cita al alcalde de la capital, José Martínez-Almeida, quien lo acusó de enviar «correos con mentiras». «El alcalde de España, como le llamaban algunos por esos días algunos, ya estaba mostrando su verdadera cara», añade.

Semanas después, Reyero renunció. «Marcharme se convirtió en mi única opción, aunque todavía quedaba aguantarme el chaparrón», recuerda. No había otra salida posible después de romper la omertá allí donde hacerlo es pecado capital.