Bahía de Pasaia, reconocida como «ejecución extrajudicial» en un informe para Lakua

Casi cuatro décadas después, un informe encargado por Lakua reconoce los indicios «abrumadores» de que las cuatro muertes en la bahía de Pasaia fueron producto de una «ejecución extrajudicial» de la Policía española. Y las familias acaban de saberlo pese a que el trabajo se cerró hace tres años.

Han tenido que pasar 39 años para que las familias de José Mari Izura, Pedro Mari Isart, Rafael Delas y Dionisio Aizpuru tengan un documento oficial que acredita lo que siempre tuvieron claro: que los cuatro activistas de los Comandos Autonómos Anticapitalistas fueron víctimas de una «ejecución extrajudicial» por parte de la Policía española el 22 de marzo de 1984 en la bahía de Pasaia.

El informe, al que ha tenido acceso NAIZ, ha sido realizado por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UPV-EHU, por encargo del Gobierno de Lakua. En realidad, lleva fecha de marzo de 2020 pero no ha sido entregado a las familias hasta ahora. Una decisión que ha explicado, haciendo también algo de autocrítica, el actual viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz.

Su conclusión tras analizar todos los datos sobre lo ocurrido aquella noche (autopsias, testimonios, características del operativo policial, falta de resistencia de las víctimas...) y tras detallar la falta de investigación posterior es la siguiente: «Se acumula un conjunto de presunciones de hecho que milita abrumadoramente a favor de una operación policial que escala a ejecución extrajudicial».

«Frente a esas presunciones de hecho –sigue el trabajo dirigido por el catedrático Jon Mirena Landa–, el Estado, a través de su Administración de Justicia, debería haber mostrado una diligencia y celo investigador (...). Pero se tornó en un calvario judicial presidido por constantes maniobras dilatorias que objetivamente alargaron el procedimiento hasta hacerlo fracasar. Una investigación eficaz hubiera permitido disipar dudas y conocer la verdad».

Las pruebas: 113 orificios de bala

La versión oficial alegó un enfrentamiento armado. Fue sostenida por el gobernador civil de Gipuzkoa, Julen Elgorriaga, y por el jefe de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo (ambos condenados década y media después por el secuestro y muertes de Lasa y Zabala). Frente a ella, la realidad constatada desde el primer momento es que los militantes vascos no realizaron disparos mientras que sus cuerpos aparecieron masacrados.

Este informe detalla, citando las autopsias que hizo entonces Paco Etxeberria, 36 orificios de bala en el cadáver de Dionisio Aizpuru «Kurro»; 28 en el de José Mari Izura «Pelu»; otros tantos en el de Pedro Mari Isart «Pelitxo»; y 21 en el de Rafael Delas «Txapas». Pertenecían a diferentes tipos de munición y proyectiles, incluidas postas, munición de caza entonces prohibida.

Para Elgorriaga, la Policía se limitó a «repeler la agresión», pero un testigo directo confirmó que no hubo «voces de alto ni tiros hasta las ráfagas de los GEOs (...) Está claro que les esperaban, pero lo hicieron con mucha discreción».

Los testimonios: Merino y Jimeno

Uno de los militantes que iba en la lancha que había partido de Ziburu sobrevivió. Tras pasar 17 años en prisión, Joseba Merino contaría cómo salvó la vida al arrojarse al agua tras los primeros disparos. Cuando los policías lo sacaron a flote y detuvieron, vio que «en la emboscada habían muerto ‘Pelitxo’ y ‘Pelu’», además de la perra que llevaban en la embarcación.

El informe recuerda lo que contó Joseba Merino: «Tres ‘txakurras’ se aproximaron a ‘Kurro’ y ‘Txapas’ y, sin palabra, los fusilaron»

«Nos pusieron a los tres en fila con las manos en la cabeza al borde de las rocas y a escasa distancia del mar (...) Los policías estaban muy nerviosos y con insultos y amenazas dijeron que me separara unos metros. Tres txakurras se aproximaron a mis compañeros, dos con metralletas (una Ingram M-10 y una UZI) y el otro con una escopeta de postas tipo Corredora, y sin haber ninguna palabra ni acto por parte de ‘Kurro’ y ‘Txapas’, los fusilaron».

En cuanto a Rosa Jimeno, que era compañera de Aizpuru, había sido detenida cuatro días antes por la Policía española en Donostia (en realidad «secuestrada» puesto que no se hizo público el arresto y fue camuflado registrándolo con un nombre falso). El informe apuntala la tesis de que fue usada como «cebo» para la emboscada. Tras someterle a torturas para «concertar una cita» con Aizpuru, fue llevada a la bahía de Pasaia y obligada a hacer «la señal acordada, con una linterna». Al arribar a las rocas la lancha, se desencadenó la tormenta de balas.

La inacción judicial

Las irregularidades judiciales se constataron desde el minuto uno. Este estudio refiere que comisión judicial solo intervino en el levantamiento de uno de los cadáveres en el lugar, y que los otros tres aparecieron directamente en el Instituto Anatómico Forense.

Las primeras diligencias se cerraron en cuatro meses, y desde entonces siempre se ha buscado preservar la identidad de los policías del operativo

Las primeras diligencias se cerraron ya para julio de 1984, apenas cuatro meses después de los hechos. Y el caso no se reabrió hasta el año 2000, por iniciativa de la acusación particular a la que se unió luego el Ayuntamiento de Azpeitia. Desde entonces, múltiples idas y venidas pero con un denominador común: la imposibilidad de identificar a los policías que participaron en la operación.

El informe de la Cátedra Unesco de la UPV/EHU es contundente al respecto: «De los hechos que se han expuesto se desprende con nitidez la ausencia de una investigación judicial efectiva, así como la absoluta falta de depuración de responsabilidades políticas.

En las conclusiones abunda en ello: «No resulta razonable admitir la imposibilidad de identificar con precisión a las autoridades que estuvieron al mando de la operación de Pasaia y participaron en la misma de forma directa o indirecta, a la luz del carácter planificado y pre-ordenado de la operación». Sin embargo, la Dirección General de Policía se limitó a identificar a cuatro agentes, y resultó además que ninguno había estado en la bahía ni quiso identificar a quienes dispararon.

Tras concluir que todos los indicios del caso llevan «abrumadoramente» a calificarlo como «ejecución extrajudicial», el equipo investigador instó a la Secretaría General de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua (la que encomendó el trabajo) a presentar una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, además de a entregar una copia al Ararteko, al Parlamento de Gasteiz, a Gogora, al Gobierno español, al Consejo General del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo español, al Consejo de Europa y a la Relatora de la ONU sobre ejecución extrajudiciales.

LAS FAMILIAS, DOBLEMENTE MOLESTAS, MIENTRAS LAKUA SE EXPLICA

El conocimiento de la existencia de este informe ha provocado estupor y malestar en las familias de las cuatro víctimas mortales, toda vez que tanto en Azpeitia como en la Txantrea llevan décadas reivindicando atención institucional a esta masacre, y no entienden cómo este estudio fue concluido en marzo de 2020 y no han sido informadas de ello hasta hace unos días.

A tenor de la fecha del documento, fue entregado por la Cátedra Unesco a la Secretaría de Derechos Humanos de Lakua que hizo el encargo hace ya tres años. En aquel momento la Secretaría estaba liderada por Jonan Fernández (que mantuvo el cargo hasta octubre de 2020), al que sucedió José Antonio Rodríguez Ranz hasta la fecha. «¿Cómo han podido tenerlo en un cajón hasta ahora?», se preguntan.

A ello ha respondido Rodríguez Ranz esta mañana de miércoles. Ha dicho que en realidad el informe sí se hizo público a finales de la legislatura pasada, dentro de una colección que incluía más casos y que fue trasladada a diversas instancias. «Es verdad que a la familia no se le hizo una entrega expresa», ha asumido con cierto tono autocrítico. «Alguien puede considerar que no era la vía idónea», ha seguido, pero «en ningún caso ha habido intención de ocultar». «Entiendo la posturas de las familias y si tengo que pedir disculpas, lo asumo», ha concluido.

Poco antes, Pello Aizpuru, hermano de «Kurro», había señalado en ‘En Jake’ de ETB-2 que efectivamente no han conocido este informe hasta una reunión el pasado 3 de marzo con la comisión de valoración de los casos de violencia estatal: «Mínimamente, por detalle, se debía haber comunicado antes a las familias. Hace tres años que está entregado al Gobierno Vasco», ha insistido.

Por tanto, el estudio ha sido trasladado ahora a la comisión de valoración que debe determinar si los cuatro muertos en la bahía de Pasaia son reconocidos como víctimas de violencia estatal (algo patente a tenor de sus conclusiones, como ocurrió hace un año con el caso de Mikel Zabalza). Pero es aquí donde llega el segundo motivo de enfado de las familias. Dado que el caso ha sido reabierto judicialmente en fechas recientes, en este momento concreto esa solicitud no va a ser resuelta, puesto que la ley de la CAV –que salió adelante bajo restricciones impuestas por el Tribunal Constitucional español– determina que hay incompatibilidad entre este proceso de reconocimiento gubernamental y una investigación judicial en marcha.

Aizpuru se ha quejado de que «ahora que encontramos un resquicio judicial en el caso» es cuando todo ello sale a luz y a la vez paraliza el proceso de admisión como víctimaS. «Esta es la forma en que nos están tratando, y es indignante», ha remarcado.

Ofrenda floral y acto el sábado

A las familias les tocará esperar, por tanto, a que el caso se cierre de nuevo en los tribunales para poder ser reconocidas y reparadas por el Gobierno de Lakua. Precisamente el próximo martes el asunto revivirá a nivel judicial con la citación a policías para una rueda de reconocimiento... cuando han pasado 39 años ya desde los crímenes. Antes, el sábado, un acto en Azpeitia a las 19.00 reiterará el mensaje contra la impunidad, con la fuerza añadida que aporta este informe oficial. Y este miércoles una ofrenda floral ha recordado en Azpeitia a «Pelu», «Pelitxo», «Kurro» y «Txapas», víctimas de una emboscada policial impune pero no de la desmemoria de su pueblo.

En el acto que ha tenido lugar junto a la Torre Enparan de Azpeitia ha tomado la palabra Arantxa Isart, hermana de Pedro Mari Isart, quien ha expresado su «enfado y dolor» por la tardanza en recibir el informe y ha emplazado al acto del sábado, donde harán una valoración más profunda.