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Un cuarto de siglo empañado por el eterno veto unionista

El 10 de abril de 1998, británicos, irlandeses, unionistas y republicanos, firmaron un documento que marcaba el fin a 30 años de conflicto. El Acuerdo de Viernes Santo establecía un marco para resolver las cuestiones políticas y sociales que habían sido causa, o consecuencia, del conflicto.

Bertie Ahern, el senador George Mitchell y Tony Blair, el 10 de abril de 1998. (Dan CHUNG | AFP)

Veinticinco años después algunas de las figuras involucradas en las negociaciones vuelven a verse las caras en las distintas conmemoraciones de la firma del documento.

Hillary y Bill Clinton, expresidente de EEUU, visitarán una vez más Irlanda, como lo hicieron en 1995 para promover las negociaciones, o en octubre de 1998, después de la ratificación del acuerdo en referéndum por los ciudadanos del norte y sur de Irlanda, con un 71% y un 97% del electorado a favor.

El actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, también viajará a Irlanda, y podría encontrarse con el rey Carlos de Inglaterra en Belfast. Las entrevistas a algunos actores del proceso, como los entonces 'premieres' irlandés y británico, Bertie Ahern y Tony Blair, respectivamente, o al presidente de Sinn Féin Gerry Adams, se suceden en los medios.

Algunas personas claves, como la secretaria de estado británica Mo Mowlam –quien no dudó en encontrarse con los presos políticos republicanos y lealistas para garantizar su apoyo al proceso en enero de 1998–, el nacionalista John Hume, quien en negociaciones con Gerry Adams inició el proceso de paz irlandés, o el republicano Martin McGuinness, cuya contribución fue esencial para garantizar el apoyo del IRA al proceso, o el líder unionista David Trimble, han fallecido en los últimos años.

McGuinness, cuya contribución fue esencial para garantizar el apoyo del IRA, o el líder unionista Trimble, han fallecido.

Pero sus nombres serán siempre asociados al proceso de paz norirlandés. Otros, como el de Ian Paisley, también forman parte de la historia, aunque su contribución al Acuerdo y al proceso político posterior podría describirse como agridulce, y precisamente en la dualidad de los unionistas se encuentra la clave de las sucesivas crisis políticas que han salpicado la historia de las instituciones norirlandesas desde 1998.

Hay que recordar que el unionista DUP, cuyos representantes han ocupado escaños en la Asamblea del norte de Irlanda y ministerios en el ejecutivo de Stormont, instituciones emanadas del acuerdo, nunca lo firmó, ya que abandonó las negociaciones antes de alcanzarlo.

Asimismo, la que fuera líder del DUP, Arlene Foster, y el líder actual de esta formación Jeffrey Donaldson, abandonaron las filas del entonces partido unionista mayoritario, el UUP, en protesta por el apoyo de este al acuerdo. Y esta ha sido la realidad del compromiso del DUP con el Acuerdo de Viernes Santo y todos los que le han seguido, buscando un rédito político y personal, mientras intenta obstaculizar cualquier avance que pueda beneficiar a aquellas comunidades que no consideran su electorado o las concesiones con los otros partidos.

Resentimiento unionista

El proceso de paz irlandés, que oficialmente se inició con la declaración de alto el fuego del IRA en agosto de 1994, no era una prioridad en la agenda del unionismo. Desde la partición de Irlanda en 1921, el unionismo político se había beneficiado de una situación de supremacismo que garantizaba empleo, vivienda y servicios para la comunidad unionista, en su mayoría protestante, en detrimento de los católicos. La discriminación sistémica estableció parámetros que negaban derechos básicos, como el voto, a los nacionalistas, al asociar el voto a la posesión de viviendas que les eran denegadas a los católicos.

Esta situación alcanzó su climax en 1968, cuando se iniciaron las protestas por los derechos civiles. En respuesta, en 1969 los unionistas inician un pogromo contra los nacionalistas de Bombay street, en Belfast, que se vieron obligados a abandonar sus viviendas cuando fueron incendiadas por sus vecinos protestantes. Fue precisamente en ese año que llegaron las tropas británicas al norte de Irlanda. Inicialmente recibidas con alegría por los nacionalistas, que esperaban les protegieran de la violencia unionista/lealista, alegría que pronto se disipó al transformarse el ejército británico en otro de los actores del conflicto contra la comunidad nacionalista, siendo responsable de las masacres de Ballymurphy y Newry (1971), Domingo Sangriento y Springhill (1972), entre otras.

Durante los treinta años de conflicto, siempre se produjeron contactos no oficiales

Durante los treinta años de conflicto, siempre se produjeron contactos no oficiales entre Londres y el IRA. El paso definitivo hacia el proceso de paz surgió de las negociaciones entre el líder del nacionalista SDLP, John Hume, y el presidente de Sinn Féin, Gerry Adams. Su declaración conjunta en 1993 abrió las puertas a una negociación pública con los gobiernos de Londres y Dublín, que en el mismo año habían firmado la Declaración de Downing Street, que garantiza la autodeterminación del norte de Irlanda.

Esta situación forzó a los unionistas a unirse a un proceso negociador que no les interesaba, porque cualquier concesión significaría la pérdida de privilegios. James Molyneaux, líder del UUP, dijo ante la declaración de alto el fuego del IRA: «Esto es lo peor que nos han pasado», alimentando la percepción unionista de que «los derechos humanos son sólo para nacionalistas».

Por ello, desde el inicio intentó obstaculizar y retrasar cualquier tipo de acuerdo, imponiendo continuas precondiciones. Desde el referéndum y tras la elección a la Asamblea Legislativa de Belfast en junio de 1998, las crisis políticas han sido una constante. La Asamblea se disolvió durante tres años entre 2017 y 2020, un récord mundial para un gobierno regional. De hecho, ha estado suspendida durante 10 de sus 25 años de existencia. Y cada crisis implica nuevas negociaciones y acuerdos, como el de San Andres (2007) y el más reciente de Stormont (2014), con amplias secciones de ellos vetadas por la mayoría unionista, como la cooficialidad del gaélico irlandés, la igualdad matrimonial para el colectivo LGBTQI+, o el derecho al aborto. De las 115 peticiones de veto en la Asamblea de Belfast entre 2011 y 2016, el DUP fue responsable de 86.

Desastre unionista

Y hablando de vetos, el DUP perdió su potestad para hacerlos con los resultados de las últimas elecciones, al no alcanzar los 30 escaños requeridos para bloquear discusiones en el seno de la Asamblea. Pero, lo que es peor para los unionistas, la formación de un ejecutivo en estos momentos les situaría en la posición de viceprimer ministro, al haber sido Sinn Féin el partido que obtuvo más escaños tras las elecciones de febrero del pasado año. Si el DUP abandonó las instituciones siendo el partido con mayor número de escaños y con la jefatura del ejecutivo norirlandés, no iba a volver a un gobierno dirigido por Sinn Féin. Y su estrategia de jugar la carta del Brexit duro para recuperar los votos del unionismo ultraconservador no les funcionó en 2022 y queda por ver si les funcionará en las próximas elecciones.

El electorado unionista se siente desencantado por sus partidos –más interesados en cuestiones partidistas que en solventar la crisis económica y de servicios públicos que atenazan a los norirlandeses– y traicionado por Londres –considera que les ha abandonado a su suerte para conseguir un mejor acuerdo de Brexit con la UE–. Su revuelta contra el protocolo para el norte de Irlanda, que evita la creación de una frontera en entre el norte y sur de la isla, una de las claves del Acuerdo de Viernes Santo, es tan solo una expresión de la frustración unionista ante un futuro que se les escapa de las manos. Y su oposición al Acuerdo Marco de Windsor, entre el gobierno británico y la Unión Europea y que intenta satisfacer las demandas unionistas, es una expresión de soberbia, porque un unionista no puede servir en un gobierno liderado por Sinn Féin.

La estrategia unionista el Parlamento de Londres se ha ganado la repulsa de la mayoría de los conservadores

Los unionistas se ven sin aliados. Su estrategia en el Parlamento de Londres se ha ganado la repulsa de la mayoría de los conservadores británicos. A pesar de la promesa de los sectores tradicionalistas conservadores de que apoyarían a los unionistas en su oposición al Acuerdo Marco Windsor, solo 22 diputados tories de un total de 355 lo hicieron. El protocolo es una realidad, y los unionistas se verán forzados a volver a las instituciones norirlandesas para intentar frenar lo que ya parece imparable, el acercamiento del norte de Irlanda a la UE y a la república de Irlanda mientras le aleja de Gran Bretaña.

Si lo hará desde el liderazgo del ejecutivo, o desde una posición secundaria, lo decidirá el electorado. Un electorado que ha vivido 25 años de paz, muchos de ellos sin experiencia directa del conflicto, gracias a la voluntad de aquellos que negociaron y firmaron el Acuerdo de Viernes Santo.