Steilas y Ehige impugnan el decreto de Lakua por «igualar centros públicos y privados»
Steilas y Ehige han impugnado el decreto de planificación de la red de centros educativos aprobado por Lakua al considerar que «iguala la titularidad pública y privada de los colegios», lo que supondría actuar contra la ley vigente.
El sindicato Steilas y Ehige han impugnado el decreto de planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria, promulgado el pasado febrero por el departamento de Educación de Lakua, por entender que «iguala la titularidad pública y privada de los colegios», lo que «contraviene» la legalidad.
La portavoz de Steilas, Nagore Iturrioz, cuya central es mayoritaria entre el profesorado no universitario, y la representante de Ehige –asociación de padres y madres de la Escuela Pública Vasca– han comparecido en conferencia de prensa para explicar los motivos de la impugnación, que se presenta ante el TSJPV.
Ambas han recordado que un informe jurídico del propio Gobierno de Lakua establece que tanto el decreto como el anteproyecto de la Ley de Educación, aprobada por el Ejecutivo y pendiente de tramitación parlamentaria, «no se adecuan a la legalidad» al contener el concepto de «servicio público vasco de educación», lo que se considera un «subterfugio» para «equiparar centros públicos y privados».
Dicho informe determina que «un servicio que incluye en el mismo nivel un tipo y otro de centros no es ni puede ser nunca público, ya que una parte de los centros que lo integran no lo es», han indicado.
Según Iturrioz, dicho concepto «carece de fundamento normativo y es una construcción jurídica sin amparo legal».
Sin garantía de plazas públicas
Otro motivo de impugnación del decreto consiste en que incumple la garantía de plazas públicas que obliga la Lomloe, ley orgánica del 2020 que modifica la Lomce aprobada por el PP en 2013.
«La Lomloe dice que se deben garantizar plazas públicas suficientes, y el decreto habla de ‘plazas sostenidas con fondos públicos’, que no es lo mismo» ha destacado Iturrioz.
El tercer y último argumento de impugnación se justifica en que se ha reducido la participación de la comunidad educativa en el diseño del mapa escolar, lo que han calificado de «retroceso democrático» porque «impide a los agentes participar de forma activa en la elaboración de la oferta educativa».
Todos estos elementos, según han resaltado, se reproducen en el anteproyecto de ley de educación, que se pretende aprobar en el Parlamento de Gasteiz «con tanta premura», han puntualizado.
Tanto Steilas como Ehige creen que la normativa básica impide que el Gobierno de Lakua «haga tal dejación de la Escuela Pública Vasca en el ejercicio de sus competencias» y afirman que el objetivo del Ejecutivo autonómico es «asegurar el futuro de las escuelas de titularidad privada».