«Tenemos una deuda con la sociedad; paz sin cambios es un absurdo»
Delegado en las conversaciones para la Asamblea Nacional Constituyente, exministro de Salud (1990-1992), director del Centro de Memoria y Paz de Bogotá, y autor de artículos sobre la construcción de democracia y paz, Camilo González preside el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepazz), Camilo González, sostiene que el escenario político actual en Colombia se puede catalogar como un momento de «probabilidades e incertidumbres», cuyo desenlace «depende del choque de sujetos, poderes, fuerzas de transformación y reacción».
«El dilema real de esta fase de transición no es entre reforma y revolución, sino entre la sociedad de las guerras y la sociedad de las reformas de equidad, justicia social y de construcción desde abajo de una democracia participativa y de solidaridad», subraya.
En entrevista a NAIZ durante su participación en las jornadas por la paz y la reconciliación organizadas por Gernika Gogoratuz, remarca que «no se puede negar ningún camino para la paz, incluyendo, una Asamblea Constituyente».
¿Qué retos implica la apuesta de Paz Total del presidente Gustavo Petro?
El programa del Pacto Histórico y el llamado acuerdo nacional para el cambio son una oportunidad para la transición a un periodo de construcción de paz con democracia de solidaridad y buen vivir en la posguerra. Es un desafío cuyo éxito puede evitar nuevas violencias, autoritarismo y reacomodo del régimen corporativista.
La posibilidad de romper el freno o el bloqueo que ha montado el régimen dentro y fuera del Gobierno es la permanencia de la movilización social, de modo que el eje del acuerdo nacional sea la alianza entre las fuerzas políticas de la izquierda y la insubordinación social pacífica.
Hay probabilidades e incertidumbres. Y como se trata de procesos de sociedad, su desenlace depende del choque de sujetos, poderes, fuerzas de transformación y reacción.
En este contexto, tenemos conversaciones de dos tipos, una con grupos rebeldes –el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central– y otra con grupos narcotraficantes o herederos del paramilitarismo, para los cuales se está formulando una ley marco que otorga beneficios penales y reducción de penas, como ya se hizo en 2005, a cambio de verdad y no repetición.
Es un cuadro muy complejo porque hablamos de puntas muy diversas. En el pasado ya se ha intentado hacer simultáneamente conversaciones con guerrillas, narcotraficantes y paramilitares.
«Es un cuadro muy complejo porque hablamos de puntas muy diversas. En el pasado ya se ha intentado hacer simultáneamente conversaciones con guerrillas, narcotraficantes, y paramilitares»
En 1990, en el marco de la Constituyente y de los acuerdos de paz, hubo conversaciones con cuatro grupos que entraron a la paz. Se intentó hablar con Pablo Escobar y con cárteles de la droga en los años 80 y principios de los 90, y con los paramilitares se llegó a un acuerdo.
Tenemos antecedentes que nos hacen pensar que se puede avanzar; lo peor sería no intentarlo. Hemos visto un desescalamiento en los registros de violencia en las zonas de influencia de estas organizaciones; eso sí, no al nivel que reclama la gente.
Probablemente, la Paz Total no se logre materializar en una única legislatura. ¿Cómo se corre contra el tiempo?
Ese es uno de los grandes dilemas. Se requiere producir efectos importantes este año para poder lograr transformaciones y que el Gobierno las empiece a implementar, porque si el pan se deja en la puerta del horno, las situaciones se pueden alterar.
Es muy probable que la implementación de buena parte de los acuerdos trascienda de este Gobierno, pero las dificultades para lograr en este Gobierno todos los objetivos de estos diálogos con grupos armados no invalida la necesidad de promoverlos.
Si se logran ceses al fuego y ceses de agresiones a la población, habrá condiciones más propicias para presionar para que haya reformas de fondo y planes de inversión y para exigir la implementación de viejos y nuevos acuerdos.
En ese escenario aumentarían las probabilidades de acuerdos sujetos a la justicia y de pasos irreversibles hacia la terminación de los alzamientos armados.
La credibilidad del proceso también depende de lo que se comprometan los grupos armados. Hay mucha incertidumbre, pero hay un contexto nacional e internacional favorable y un gran hastío con la guerra, el paramilitarismo, la corrupción… Tenemos una gran oportunidad para sacar las armas de la política.
Uno de los ejes del tercer ciclo de conversaciones con el ELN es el cese al fuego y de hostilidades. ¿Lo ve posible?
Lo que se ha propuesto es el cese inmediato de cualquier acción que afecte a la población civil y cese de fuegos entre partes. Hay avances.
En las conversaciones que se hicieron hace seis años con el Gobierno de Juan Manuel Santos se llegó a unos protocolos para un cese al fuego y de hostilidades, de modo que ese camino se podría acortar.
«Hay mucha incertidumbre, pero hay un contexto favorable y un gran hastío con la guerra, el paramilitarismo, la corrupción…»
Se espera que se den pasos en ese sentido, que haya una ruta y un pronunciamientos al respecto, sobre todo, en lo que respecta a alivios humanitarios. Ese es el clamor de la gente. Habrá letra menuda y es posible que no se decrete en La Habana el cese al fuego, pero se pueden acordar alivios humanitarios.
El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, ha denunciado en repetidas ocasiones que Colombia ha sido usada por EEUU como laboratorio de guerra.
Aquí, en Gernika le hemos escuchado que Colombia ha sido un laboratorio de guerra por parte de EEUU, que ha usado nuestro territorio para ensayar la guerra contra las drogas y estrategias geopolíticas a nivel regional. La violencia y la corrupción son un elemento clave que han permitido experimentar todo tipo de formas de dominio. Diferentes intereses económicos y políticos se articularon con el narcotráfico y la violencia para hacer negocios y mantener el poder.
¿Cómo se rompe esa espiral?
El gran reto de Colombia es terminar 70 años de guerra. El acuerdo de 2016 entre el Estado y las FARC-EP permitió desescalar la guerra, pero perviven ciertos conflictos armados.
La gran pregunta es si podemos transitar hacia una etapa de democracia política en la cual las armas no se utilicen para resolver cuestiones económicas y de poder. La apuesta del Gobierno del cambio es hacer esa transición, pasar de un estado de guerra a una convivencia en paz.
Lo que se está proponiendo es un acuerdo nacional entre todos los sectores, de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, de centro… Todos alrededor de un mismo punto: no uso de las armas para resolver los asuntos políticos. Esto incluye a los sectores rebeldes y guerrillas que subsisten.
«Tenemos que ir haciendo la paz a través de transformaciones y regular el tema de las drogas, e ir aislando los factores de violencia, y de esa manera pasar a una nueva etapa»
Deben llegar al convencimiento de que esa lucha armada es un obstáculo para la democracia y es un instrumento de reproducción de violencias. La apuesta es un acuerdo nacional y transformaciones políticas, y una democratización que deje claro que hay espacio y justicia para resolver los conflictos. Colombia tendría un nuevo periodo histórico sin las armas en la política.
¿Qué supuso la Asamblea Constituyente de 1991?
En el marco del proceso con el M-19 se planteó la Asamblea Constituyente como una solución de paz y para la transformación democrática del país. Yo fui firmante de los acuerdos para la convocatoria de la Constituyente y estuve en la mesa de las negociaciones de la Constituyente. Hubo un gran acuerdo nacional, participaron todos los partidos políticos y la Alianza Democrática M-19 obtuvo la votación mayoritaria en la Asamblea. Fue una gran enseñanza para Colombia.
La pregunta es si necesitamos otra Constituyente. Sobre eso no hay acuerdo, pero debería haber un proceso reconstituyente y de renovación institucional que complete la tarea que se inició en 1991.
No podemos cerrarnos y pensar que ya hay una Constitución y que está acabada. No se puede negar ningún camino para la paz, incluyendo, eventualmente, una Constituyente. Hoy no está en la agenda, pero podría estar.
Los caminos del acuerdo nacional pueden ser muchos; se pueden dar en el Congreso de la República, en la movilización ciudadana… en muchos escenarios. Pero, para ello, tiene que haber renovación institucional y ampliación de la democracia, porque Colombia sigue teniendo un régimen político corporativo, mafioso y corrupto.
Estos elementos deben ser superados y tiene que haber un cambio realmente acompañado de transformaciones. Tenemos una deuda con la sociedad. Paz sin cambios es un absurdo.
La Comisión de la Verdad ha recomendado un cambio en la política antidrogas.
Hay un acuerdo mayoritario sobre la necesidad de una nueva política antidrogas. El punto número 4 del acuerdo de paz con las FARC-EP es sobre la política de drogas y sustitución de cultivos de uso ilícito. Ahí se plantea la necesidad de un enfoque de derechos humanos y de salud pública, y la realización de una cumbre internacional.
Se ha acumulado un pensamiento crítico a favor de replantear la política antidrogas. Se aboga por un tratamiento no militar y por una política de transformaciones que dé oportunidades a los campesinos y cultivadores pequeños, aislando a las mafias nacionales y transnacionales.
Lo que no podemos tener como idea es que primero hay que acabar con el narcotráfico y luego hacer la paz. No, tenemos que ir haciendo la paz a través de transformaciones y regular el tema de las drogas, e ir aislando los factores de violencia, y de esa manera pasar a una nueva etapa en Colombia.