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Estupor por el anuncio de Lakua de que suspende las ayudas Next para rehabilitar viviendas

Estupor entre cientos de comunidades de propietarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa después de que Lakua anunciase el lunes que dejaban de recoger solicitudes de ayudas para la rehabilitación energética de viviendas y edificios de los Fondos Next. Estaba previsto que el plazo finalizase en noviembre.

Iñaki Arriola, consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte de Lakua. (Jon URBE | FOKU)

Sin aviso previo, el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, anunció el pasado lunes que tanto la red de oficinas colaboradoras como las delegaciones territoriales dejaban de recoger solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en los Fondos Next Generation de la Unión Europea para la rehabilitación energética de edificios y viviendas. Hasta el momento, según los datos ofrecidos por el Ejecutivo, se han comprometido en torno a 130 millones de euros para apoyar actuaciones en más de 15.600 viviendas.

Según informó Jáuregui, están en estudio en estos momentos, para su aceptación, solicitudes por valor de cerca de 70 millones de euros en ayudas, para más de 10.600 viviendas, que se suman a las concedidas por 59,86 millones que afectan a 4.024 viviendas. Hasta la fecha, apuntó, la mayoría de las solicitudes, más del 90%, están obteniendo resoluciones favorables.

La noticia ha supuesto un jarro de agua fría para cientos de comunidades de propietarios que llevan meses preparando la extensa documentación que se les requiere desde Lakua para acceder a las subvenciones. Los propios profesionales que trabajan en la elaboración de los expedientes contaban que se iban a recoger solicitudes hasta el 30 de noviembre, tal y como les han insistido desde el Ejecutivo.

Desde los colegios de administradores de fincas de Araba y Gipuzkoa han mostrado su «descontento» con la gestión de estas ayudas por parte del Gobierno autonómico.

«No se puede hacer una campaña de barra libre de ayudas y cuando la ciudadanía responde, pinchar la burbuja. No se pueden crear expectativas que luego no se cumplen. Ya que si estuvieran tan seguros de que va a llegar más recursos, ¿por qué no se respeta la fecha de 30 de noviembre de 2023 que figura en el decreto de ayudas?», interpelan al Departamento que dirige Iñaki Arriola.

Promesa incumplida

«Hasta hoy mismo se nos ha estado trasladando a los profesionales que participamos en la rehabilitación de los edificios, que impulsáramos proyectos, ya que todo lo que se solicitara hasta el 30 de noviembre de 2023, y tuviera resolución inicial, tendrían recursos garantizados, teniendo luego plazo para terminar las obras hasta finales de 2026», han expuesto en un comunicado.

Han desvelado que en una jornada celebrada el 21 de marzo en el Laboratorio de Control de la Edificación, en la que participaron, advirtieron de que para garantizar las ayudas habría que presentar los expedientes antes del 31 de julio, «ya que según la normativa el Gobierno Vasco tenía 4 meses para contestar». «Se nos acusó de divulgar fake news. Pues bien, el plazo se ha agotado antes, el 19 de junio de 2023», subrayan.

No es la primera ocasión en que se cuestiona la gestión de estos fondos europeos. Hace unas semanas, propietarios, administradores y empresas no ocultaban su enfado por los problemas de gestión de las ayudas para la rehabilitación de viviendas, especialmente por el retraso en la resolución de los expedientes y el pago de las subvenciones. Acusaron a Lakua de «engañar» y generar graves problemas.

Jáuregui explicó en su comparecencia del lunes que el Departamento mantiene interlocución con el Gobierno español para abordar la captación de más fondos comunitarios en 2024 en caso de que haya comunidades autonómicas que no hagan uso de las cuantías que tienen asignadas.

«Existe un compromiso adquirido entre el Ministerio y las comunidades autónomas para repartir los fondos no consumidos entre las que sí lo han hecho como es el caso de Euskadi», añadió. Cuando se consignen las nuevas partidas, se reactivará del proceso de recogida de solicitudes de ayudas para su tramitación.

«Ninguna certeza»

Para los colegios de administradores, estas manifestaciones no dejan de ser «un deseo político, no es ninguna certeza». Además, alertan de que el 70% de los expedientes están aún sin resolver, por lo que habrá que ver cuántos se deniegan por defectos y cuántos se hacen realidad.

Con el fin de calmar el malestar que eran conscientes de que iba a provocar el anuncio, el viceconsejero recordó que siguen en marcha las ayudas a la rehabilitación ordinarias del Departamento, que desde 2021 cuentan con una nueva normativa y están abiertas permanentemente –sujetas a disponibilidad presupuestaria– para actuaciones relacionadas precisamente con la mejora de la eficiencia energética pero también con reformas integrales, la creación de espacios exteriores y la mejora de la accesibilidad, así como al impulso de la seguridad y la digitalización.