Un juzgado analiza la demanda sindical contra el uso de ertzainas en prácticas en el Tour
Un juzgado de Gasteiz ha admitido a trámite la medida cautelarísima impulsada por los sindicatos ERNE, ESAN, Euspel y SIPE para prohibir que agentes en prácticas participen en la seguridad del Tour.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Gasteiz ha admitido a trámite la medida cautelarísima impulsada por ERNE, ESAN, EUSPEL y SIPE contra una orden del Departamento de Seguridad para cubrir servicios relacionados con el tránsito del Tour con ertzainas en prácticas.
Según han explicado los sindicatos, habían solicitado la adopción de medidas cautelarísimas para impedir lo que consideran un «abuso» por parte del director general de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, Andrés Zearreta.
A su juicio, estos agentes en formación no tienen «la capacitación suficiente ni la autoridad requerida para ejercer la labor policial»; por lo que, al propiciar su participación en el operativo del Tour, «se estarían vulnerando sus derechos y poniéndoles en un riesgo innecesario».
En este sentido, han denunciado que se trate de encomendar a estos agentes labores «para las que todavía no están capacitados ni autorizados».
«Acción formativa»
Cabe recordar que Zearreta explicó a principios de junio que el Departamento de Seguridad trabajaba en «la posibilidad» de que alumnos de la Academia colaborasen en este dispositivo y enmarcó su labor dentro de una «acción formativa».
«Los alumnos de Arkaute están formándose en el conocimiento y las habilidades para ser policías, que se adquieren dentro de Arkaute y también en pruebas que se desarrollan fuera. Si hay buenas oportunidades para formar, como puede ser el Tour, perfectamente puede ser un buen momento para formar a personas que van a ser policías pero siempre como alumnos», argumentó.
El movimiento asindical, autodenominado ‘Ertzainas en lucha’, y algunas centrales, como Euspel o Ekos, llevan semanas anunciando un plante durante las etapas del Tour en el caso de que no se alcance un nuevo «acuerdo regulador», que pasa por una subida salarial de 1.100 euros al mes.