El Gobierno español no renueva la prórroga obligatoria de seis meses en contratos de alquiler
El Gobierno español ha eliminado del paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania la posibilidad de extender seis meses la vigencia de los contratos de alquiler con los mismos términos y condiciones establecidos en el contrato que tuvieran en vigor.
El Gobierno español no ha renovado la prórroga obligatoria de seis meses en los contratos de alquiler, a pesar de que sí ha aprobado esa posibilidad respecto a algunas de las medidas anticrisis que caducan el próximo 30 de junio.
La vicepresidenta primera y ministra española de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido que la Ley de Vivienda convalidada por las Cortes ya prevé que las personas vulnerables puedan extender en un año la duración de los contratos, «justamente para tener protección».
Eso sí, la limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda que impide subidas superiores al 2% está ya extendida hasta el 31 de diciembre de 2023.
De hecho, la Ley de Vivienda ya establece ese límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.
Suspensión de desahucios
El Consejo de Ministros mantendrá hasta final de año la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables cuando no haya alternativa habitacional.
De esta manera, la medida se ampliará para aquellos hogares que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo, según han especificado desde el Ministerio de Transportes.
Además, en el caso del lanzamiento de la vivienda habitual, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales que puedan valorar la situación de vulnerabilidad.
En caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los propietarios del inmueble tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.
Por otro lado, se ha prorrogado de nuevo el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento podrán presentar la solicitud de compensación, fijando el nuevo plazo hasta el 31 de enero de 2024.
EH Bildu intentará recuperarla
Tras conocerse que el Gobierno español había puesto fin a la prórroga automática de los alquileres, EH Bildu ha hecho pública una nota en la que muestra su «enfado por una decisión que no va en la línea de las medidas sociales aprobadas en la última legislatura» y ha anunciado que pedirá explicaciones urgentes al Ejecutivo de Sánchez, además de trabajar desde hoy para recuperarla lo antes posible.
Ha recordado que «se trata de una medida que protegía a miles de personas inquilinas, ya que les permitía continuar durante seis meses más con las mismas condiciones» acordadas. Ha añadido que «la decisión del Gobierno, sumada a la falta de voluntad política de ciertos Gobiernos de aplicar las medidas beneficiosas de la Ley de Vivienda, añade más incertidumbre a miles de familias, que a partir del 30 de junio quedarán desprotegidas».
En ese sentido, EH Bildu ha indicado que las instituciones competentes en la materia ya pueden declarar zonas tensionadas y topar los precios de los alquileres, como permite la Ley de Vivienda. Y que gracias a los acuerdos alcanzados en la negociación presupuestaria y la Ley de Vivienda, «EH Bildu consiguió prorrogar el límite de aumento a la revisión anual de los alquileres: el 2% en 2023 y el 3% durante todo 2024».
Al respecto, el diputado de EH Bildu Oskar Matute, a través de Twitter, ha destacado la importancia de la coalición abertzale en el Congreso, ya que «cuando el PSOE se ve necesitado de los votos de las izquierdas soberanistas, estas cosas no ocurren. Por eso es importante estar y ser aún más a partir del 23-J. Para defender a la gente vulnerable».
Cuando el PSOE se ve necesitado de los votos de las izquierdas soberanistas estas cosas no ocurren. Por eso es importante estar y ser aún más a partir del 23-J. Para defender a la gente vulnerable. https://t.co/sP998yhdZG
— Oskar Matute (@OskarMatute) June 27, 2023
Críticas de Sumar
Sumar ha denunciado en bloque la decisión del ala socialista del Ejecutivo. Así, la portavoz de vivienda de esta fuerza y coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, ha indicado que esta decisión «causará estragos en miles de personas que viven de alquiler». «Indignante es poco», ha apostillado la que también fue candidata de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
También ha dado su opinión el líder de Más País y número 4 por Madrid de Sumar, Iñigo Errejón, quien ve «incomprensible» que la parte socialista del Gobierno «decida priorizar la especulación por encima del derecho a la vivienda». Incluso ha advertido sobre una posible desmovilización del electorado de izquierdas en las elecciones estatales del 23 de julio con iniciativas de este tipo.
«No es con retrocesos como se garantizan derechos. (Ni como se moviliza). Debe rectificar», ha remachado Errejón en su cuenta de Twitter.
Por su parte, la cabeza de lista de Sumar por Barcelona en representación de los comunes, Aina Vidal, ha señalado que la medida «perjudicará a muchas personas». En contraste, Vidal ha defendido un camino que apueste por «más garantías», «más derechos» y desplegar la Ley de Vivienda.
Avalancha de «desahucios invisibles»
También han mostrado su malestar el Sindicato de Llogateres y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que han advertido de que la anulación de esta medida de protección a los hogares inquilinos «supondrá una avalancha de desahucios invisibles». Incluso en Catalunya, donde se prevé la entrada en vigor de la regulación de los alquileres en unas semanas y, por tanto, la prohibición de subir los alquileres, «hay muchos hogares que a partir del 30 de junio quedarán expuestos a subidas o no renovaciones».
Y han matizado que «la supuesta prórroga de un año de contrato que incorpora la Ley de Vivienda para las familias vulnerables, solo tendrá efectos sobre los contratos que se firmen a partir de la entrada en vigor de la Ley, es decir, a partir del 2028».
Estos sindicatos han añadido a través de un comunicado que «no vemos coherencia legislativa y entendemos que definitivamente Sánchez ha cedido a la presión por parte de la patronal inmobiliaria para deshacerse de estas medidas y permitir que los caseros sigan especulando sin ningún límite».
Y han alertado de que «ya en nuestras asambleas estamos viendo cómo muchos caseros han comunicado a sus inquilinos que una vez finalice la prórroga se les hará un aumento del alquiler o se les expulsará».
Por ese motivo, «frente a esta situación de total desprotección, seguiremos organizando a los inquilinos e implementando la estrategia de desobediencia civil ‘Nos Quedamos’ para garantizar el derecho a la vivienda de miles de hogares». Esta estrategia consiste en «seguir pagando el alquiler que se estaba pagando y no marcharse de casa, aunque haya finalizado el contrato de alquiler o la prórroga, hasta que se llegue a un acuerdo entre inquilinos y casero que garantice que ningún hogar se tiene que ir a la calle».