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El Ararteko destaca la necesidad de adoptar medidas frente al discurso de odio

El Ararteko ha elaborado un estudio sobre discriminación y políticas públicas, en el que, entre otras recomendaciones, aboga por la necesidad de adoptar medidas para hacer frente al discurso de odio. Incide en el «papel importante» que tienen que jugar los medios de comunicación para evitarlo.

Itziar Barrenkua, Manuel Lezertua e Inmaculada de Miguel, en la presentación del estudio. (Agustín Goikoetxea)

El Ararteko ha presentado este miércoles en Bilbo un estudio sobre discriminación y políticas públicas con el que asume el reto de poner en la agenda pública la necesidad de promover y avanzar en la CAV en políticas de lucha en favor de la igualdad y contra la discriminación y el racismo. Entre las recomendaciones, considera imprescindible adoptar medidas para hacer frente al discurso de odio, dando gran importancia al papel que deben jugar los medios de comunicación para evitarlo.

Asimismo, se aconseja avanzar en la visibilización de la discriminación y su cifra oculta, o el impulso a la participación de organizaciones sociales y de los colectivos objeto de segregación en los órganos consultivos.

Manuel Lezertua ve necesario que se profundice en las diferentes propuestas existentes para contrarrestar el discurso de odio, principalmente en las que están menos desarrolladas por no tener incidencia penal, así como desarrollar un instrumento, protocolo o estrategia adaptado a la situación y contexto vasco.

El Ararteko ha mencionado una recomendación «muy inspiradora» del Comité de Ministros del Consejo de Europa de mayo de 2022 en la que se propuso que los Estados miembros «desarrollen estrategias globales contra la incitación al odio, incluyendo la adopción de un marco jurídico claro que relacione el derecho a la libertad de expresión con la prohibición de discriminación».

Así, ha explicado que esta sugerencia aconseja a los Estados miembros que «se diferencie entre graves discursos de odio, que deben ser objeto de persecución penal, y otras infracciones que son ofensivas, perjudiciales, que crean un caldo de cultivo, que no son suficientemente graves a primera vista para ser restringidas legítimamente a través del instrumento último que es el Código Penal y que, sin embargo, requieren respuestas alternativas en el ámbito administrativo, civil o de la prevención».

Esta recomendación del Consejo de Ministros europeo tiene, ha añadido, «orientaciones en materia de concienciación, educación, utilización de discursos alternativos al del odio, creación de mecanismos de apoyo a las personas afectadas por el discurso del odio y formación adecuada de los miembros de la Policía, la Judicatura y altos profesionales implicados o en contacto con estas situaciones».

«Margen de actuación»

En su análisis, así lo ha apuntado Lezertua, existe «margen de actuación» para reaccionar «como una sociedad democrática avanzada, contra el desprecio, el abuso, la ignorancia y el desdén que sufren determinadas personas en razón de su origen, etnia, problemas de salud mental, discapacidad, opinión, orientación sexual e identidad de género, religión, condición social, entre otras razones».

Inmaculada de Miguel, directora de Relaciones Sociales, Estudios y Modernización, ha enumerado, entre los problemas que han detectado, la falta de una institución independiente y adecuadamente dotada en materia antidiscriminatoria, deficiencias en el diseño y funcionamiento de los órganos consultivos representativos de las minorías, presencia de discriminación, prejuicios y estereotipos en redes sociales y deficiencias en la lucha contra el discurso de odio o en la recogida y análisis de datos sobre la igualdad y discriminación, así como en las estrategias y planes de lucha contra ella.

Además, apuntan desde la institución a la falta de estudios de los impactos desfavorables de las políticas públicas sobre grupos minoritarios, el uso de perfiles étnicos en las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la segregación escolar y deficiencias en la persecución de incidentes racistas.

Futura Ley de Igualdad

El Ararteko estima que la CAV está en una situación favorable para poder avanzar en políticas de igualdad de trato y no discriminación. Por ello, saluda que el Ejecutivo de Lakua trabaje en la redacción de una ley propia, aunque parece difícil que sea aprobada en lo que queda de legislatura, ya que la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, les ha trasladado que será «un proceso largo y costoso».

«La aprobación de esta ley tendrá una importante proyección en la normativa sectorial vasca y en la orientación adecuada de la actuación de las administraciones públicas», ha expuesto Lezertua.

Considera «fundamental» la creación de un organismo de igualdad, a la hora de asegurar la protección de las víctimas de la discriminación. Para que sea «efectivo, accesible y transformador», cree «imprescindible» que su diseño tenga en cuenta la exigencia de respetar su independencia, la disposición de recursos humanos, técnicos y económicos suficientes; la atribución de funciones de prevención, protección y reparación, así como de poderes de resolución alternativa y complementaria de conflictos. Y, por supuesto, subraya, capacidad de influencia en las políticas públicas.

La prioridad en todo ello debe ser el enfoque restaurativo. «Las medidas de justicia restaurativa pretenden generar espacios comunitarios en los que las personas que han sufrido o sufren victimizaciones puedan ser acompañadas, escuchadas y reparadas en su dignidad», ha sostenido Lezertua.