Denuncian la muerte de 396 excombatientes de las FARC desde la firma del acuerdo de paz
396 excombatientes de las FARC han muerto desde que se firmó el acuerdo entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla en 2016. «Queremos pedirle al Gobierno del presidente Petro que se tomen las medidas necesarias para que esta avalancha de sangre termine», señalaron este jueves.
Decenas de excombatientes de las FARC protestaron este jueves a las puertas del Ministerio del Interior para denunciar los ataques contra antiguos miembros de la guerrilla colombiana. 396 han muerto desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016.
Los manifestantes ondearon la bandera del partido Comunes, surgido de la desmovilización de ese grupo, y gritaron proclamas contra la violencia de la que han sido víctimas sus compañeros.
«Estamos reivindicando que no podemos seguir con esta impunidad y que no se tomen acciones en lo que tiene que ver con las garantías de nuestra propia seguridad», explicó a Efe el representante de la Cámara de Comunes Sergio Marín.
Durante la protesta reclamaron al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, con el que están «apostando a este proceso de paz», que acabe con la impunidad, y pidieron más colaboración de la Fiscalía, «que debería tener una división especializada en la investigación de estos crímenes».
«Queremos pedirle al Gobierno del presidente Petro que se tomen las medidas necesarias para que esta avalancha de sangre termine y que se implemente de forma total el acuerdo de paz firmado en La Habana», afirmó Marín mientras el resto de manifestantes gritaba «¡Por la vida, por la paz, ni un muerto más!».
«Falsos positivos»
Por otro lado, el colectivo Madres de la Candelaria lanzó este jueves en Medellín una campaña para encontrar a las familias de 17 personas cuyos cuerpos fueron hallados en fosas en un cementerio colombiano por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante una investigación por las ejecuciones de civiles conocidas como «falsos positivos».
Según explicó a EFE Luz Amparo Mejía, líder de este colectivo de mujeres buscadoras, la campaña ‘Mi familia no sabe que fui un falso positivo’ surgió tras «adoptar» a esos restos recuperados en el cementerio Las Mercedes, en el municipio de Dabeiba, en el noroeste del país, que corresponden a hombres de entre 17 y 30 años.
«El solo nombre de esta campaña que lanzamos hoy con un plantón-velatón, en el marco de las actividades del mes por la paz, estremece. Queremos que retumbe en todas las personas para ayudar en la búsqueda de las familias biológicas de estos hijos putativos nuestros», comentó Mejía.
Señaló que para las Madres de la Candelaria, organización fundada hace 25 años, se trata de un caso distinto porque su lucha se ha centrado en buscar a sus seres queridos, pero esta vez «tenemos los restos y buscaremos a las familias de estos jóvenes" para que puedan "cerrar una etapa y empezar el duelo».
Los llamados «falsos positivos» fueron ejecuciones de civiles por parte de miembros del Ejército que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios.
En diciembre de 2019, la JEP inició excavaciones en el cementerio Las Mercedes tras recibir declaraciones de militares que reconocieron haber participado en estas ejecuciones de civiles y desvelaron el lugar de las fosas.
Mejía señaló que esos 17 restos exhumados en Dabeiba, en el departamento de Antioquia, posiblemente son de habitantes de calle desaparecidos en Medellín durante 2002 y 2006.
«Es una cosa triste. Se los llevaron porque no había un doliente que dijera que se lo desaparecieron», dijo Mejía, rodeada por miembros de organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos, quienes se unieron a esta iniciativa.
Imputado un excomandante
Entretanto, la líder de las Madres de la Candelaria, celebró que el pasado miércoles la JEP imputara por primera vez a un excomandante del Ejército colombiano, al acusar al general retirado Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de 130 ejecuciones de jóvenes inocentes.
«Esto nos da la razón y nos dice que no estamos locas. Lo que esperamos es que el general reconozca que él sí dio la orden, que él no quería problemas sino ríos de sangre, y que pida perdón públicamente», declaró.