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Huelga el 11 de octubre del personal docente e investigador de la UPV-EHU contra la precariedad

Los sindicatos LAB, CCOO, Steilas y ELA han convocado a todo el personal docente e investigador de la UPV-EHU a la huelga el 11 de octubre contra la precarización de sus condiciones laborales. Apuntan a que la situación deriva de la falta de financiación de la principal universidad pública vasca.

Comparecencia de los sindicatos LAB, CCOO, Steilas y ELA, en el campus de Leioa de la UPV-EHU. (Oskar Matxin Edesa | FOKU)

Representantes de los sindicatos LAB, CCOO, Steilas y ELA han comparecido este miércoles en el campus de Leioa de la UPV-EHU para anunciar la convocatoria de huelga para el 11 de octubre contra la precarización de las condiciones laborales del personal docente e investigador (PDI). Arropados por decenas de miembros de la comunidad universitaria, han denunciado que la situación que sufren deriva de razones estructurales «y tiene que ver, sobre todo, con la falta de financiación adecuada de la universidad pública».

En julio, LAB, Steilas y ELA ya habían advertido de que convocarían una huelga si el equipo que dirige Eva Ferreira no resolvía el «grave empeoramiento» de las condiciones laborales del PDI. Sin respuesta, se anuncia el paro, al que se suma CCOO.

La tabla reivindicativa se centra en mejoras que afectan al profesorado sustituto, como que las jornadas sean a jornada completa y se retribuyan las actividades de aquellos que lo hacen a tiempo parcial. Asimismo, exigen que no se aumente la carga docente y se amplíen las plantillas. Otra reclamación es el incremento de los salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido y la actualización de los complementos.

Consideran prioritario el aumento de la financiación pública para alcanzar el 1% del PIB del conjunto de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, destinando preferentemente estos recursos económicos a personal para incrementar y rejuvenecer la plantilla de la UPV-EHU.

Razones para la convocatoria

Para las centrales, hay numerosas razones para ir a la huelga. En los últimos meses, vienen denunciando la «interpretación y aplicación interesada» que el equipo rectoral está haciendo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que repercute especialmente en el profesorado sustituto, con contratos parciales y salarios mensuales en torno a 800 euros. Para los sindicatos, no solo sufren sus consecuencias este colectivo, sino que afecta a los 6.000 docentes e investigadores.

Han citado que las sustituciones del profesorado han ido empeorando y disminuyendo, como por ejemplo las derivadas de los permisos de nacimiento y cuidado de menores. Han expuesto que «empezaron a ser negadas en ocasiones», pero luego «la incorporación del profesorado sustituto se retrasaba semanas e incluso meses», lo que ha supuesto que la carga de trabajo no sustituida recaiga sobre el resto del profesorado o incluso obliga a unir grupos, «en detrimento de la calidad de la docencia». En su opinión, el nuevo modelo de contratación va a agudizar los problemas.

Los sindicatos quieren saber del Plan Director de Plantilla que el Rectorado dice estar elaborando «y que supuestamente reducirá drásticamente las necesidades de contratación de profesorado sustituto». Una solución, apuntan recogiendo la propuesta de los directores de centros y departamentos, es incrementar el número de créditos de docencia del personal que no es sustituto ni profesorado ayudante doctor de nueva creación. Por el momento, solo conocen la contratación de algunos profesores ayudantes doctores que se han realizado con cargo a próximas jubilaciones.

Sin información de ese plan director, sí han visto cómo el año pasado se anuló el acuerdo de jubilaciones, endureciéndose las condiciones para solicitar la jubilación voluntaria, lo que entienden dificulta el relevo de la plantilla. También critican que el plan para reconocer las tareas docentes, de investigación del PDI, que sostienen que era necesario, ha servido de «pretexto» para recortar e incrementar las cargas de trabajo.

Además, detectan numerosas discriminaciones en el colectivo, que se suman a la pérdida de poder adquisitivo como trabajadores del sector público. En el caso del personal docente e investigador, los complementos adicionales «están congelados y no actualizados desde su creación en el año 2006».