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Invertir en carreteras y dejar de lado el tren; París y Madrid, en la mala senda europea

El Gobierno español desmintió, en verano, el primer run-rún sobre implantar peajes en autovías. A cambio de un etéreo compromiso de apoyar el ferrocarril, logra ahora que Bruselas se olvide de los pagos, al menos en 2024. Un informe de Greenpeace ayuda a comprender las cuestiones de fondo.

Habitual colapso de tráfico en el tramo entre los peajes de la A63 en Biriatu y de la A8 en Irun. (Juan Carlos RUIZ | FOKU)

La cacofonía de diferentes portavoces gubernamentales sobre la cuestión hizo que las tertulias hispanas se encedieran, el pasado verano, con una «exclusiva» azuzada por el PP, y su variante extrema, Vox: El Gobierno de Pedro Sánchez estaba decidido a poner peajes en todas las autovías.

Una mirada rápida al mapa de vías rápidas permite visualizar un eje norte-sur que va del precio prohibitivo en el trazado interno de Euskal Herria a la exección de pago a la hora de circular por vías rápidas en otras latitudes.

Esta semana, el Gobierno del Pedro Sánchez se ha garantizado la ansiada bula en Bruselas.

A cambio del compromiso etéreo de «impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril», Madrid se garantiza no hacer gran cosa para compensar a las arcas públicas por el mantenimiento de esas infraestructuras -es el argumento-estrella para perennizar peajes en Euskal Herria- y más globalmente para reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero. Nada de peajes en las autovías peninsulares en 2024.

Para abordar las cuestiones de fondo no está de sobra ampliar la mirada.

Un informe elaborado por el instituto Wuppertal y el grupo de reflexión T3 Transportation por encargo de Greenpeace sitúa a los dos estados en que se divide Euskal Herria en el vagón de cola en cuento a inversiones en el ferrocarril, mientras que constata que, al margen de su discurso en materia de cambio climático, ni uno ni otro renuncian a seguir construyendo kilómetros de carreteras, con preferencia por las vías rápidas.

Inversiones entre 1995 y 2018

El informe dado a conocer por Greenpeace examina las inversiones entre 1995 y 2018. Y su conclusión es clara: los socios europeos invirtieron un 66% más en asfalto que en raíles.

El estudio analiza a los 27 estados europeos más Noruega y Gran Bretaña. En las últimas tres décadas, los estados europeos se gastaron alrededor de 1,5 trillones en infraestructuras viarias frente a los 930 billones que destinaron a promover el transporte ferroviario.

Con ello lanzaron, señalan representantes de Greenpeace, un mensaje claramente favorable al vehículo privado frente a los transportes públicos colectivos, por definición más justos en términos sociales y de sostenibilidad.

Solo tres destinaron más al tren

El transporte por carretera es el responsable del 72% de las emisiones de gases nocivos a la atmósfera frente al tren, que genera solo un 0,4%.

Sólo tres estados incluidos en el informe, a saber Gran Bretaña, Austria y Bélgica, dedicaron más recursos al tren que a las carreteras.

El Estado francés invirtió dos veces más en aumentar la red de asfalto. Dedicó 2.013 euros por habitante al ferrocarril frente a los 4.304 utilizados para extender las carreteras. Por su parte, 1.977 euros por habitante invirtió el Estado español en la red de ferrocarril frente a los 2.941 que inyectó en su red viaria.

La red ferroviaria francesa se redujo dos veces más que la media europea mientras que su red de autopistas aumentó en 3.385 kilómetros, «el segundo crecimiento más importante después de España», según se encarga de señalar el rotativo económico francés`Les Echos'.

Ambos estados contribuyeron así a asentar ese desequilibrio que se deriva del dato global que corrobora que entre 1995 y 2018 las carreteras europeas acumularon más de 30.000 kilómetros, mientras que las líneas ferroviarias perdieron 15.650 kilómetros.

Pierden los usuarios de líneas de cercanías

La pérdida más importante afectó a líneas regionales -unos 13.700 kilómetros-, las más demandadas por los usuarios ya que, a diferencia de los trazados de alta velocidad, son las que aseguran una mejor vertebración territorial y ofrecen unas tarifas más asequibles. Se cerraron 2.500 estaciones de tren, en su mayoría en zonas rurales.

Con esas decisiones en favor de la carretera y en contra del tren, los estados contribuyeron a aislar más si cabe a esas zonas periurbanas o directamente rurales. Abocaron, por extensión, a sus habitantes a utilizar el vehículo privado, con el agravio añadido para las cuentas domésticas.

En estas fechas en que los estados europeos se preparan para aprobar sus presupuestos, y con ese informe sobre el desequilibrio de inversiones en transporte sostenible en la mano, Greenpeace ha pedido a los gobiernos que trasladen sus prioridades de la carretera al ferrocarril, con el doble fin de proteger el medioambiente y de «hacer los transportes públicos más abordables».