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La Diputación asegura que debe «redimensionar» los centros de menores de Bizkaia

La diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, ha defendido ante las Juntas Generales de Bizkaia, en relación al cierre anunciado del centro de menores El Vivero de Galdakao, que la Diputación debe «redimensionar» sus recursos en función de las necesidades y demanda «de cada momento».

Concentración de trabajadores del centro ante la Casa de Juntas de Gernika. (@LABsozbiz)

La diputada vizcaina de Acción Social, Amaia Antxustegi, ha mostrado su disposición «a escuchar» a los representantes de la plantilla del centro de menores de El Vivero, aunque su departamento ya se ha reunido en «numerosas ocasiones» para «buscar alternativas» para ese equipamiento. Asimismo, ha asegurado que la Diputación ha intentado encontrar un nuevo gestor pero «no se consiguió» principalmente «por el tema de la subrogación» de los trabajadores.

Antxustegi ha comparecido este miércoles ante el Pleno de las Juntas Generales para responder a una pregunta de Elkarrekin Bizkaia relativa a la situación de los trabajadores del centro ante su cierre, anunciado para este sábado. La sesión plenaria ha contado con la presencia de representantes del comité de empresa, que también se han concentrado ante la Casa de Juntas de Gernika. Este jueves, coincidiendo con la reunión del Consejo de Gobierno de la Diputación, los trabajadores se concentrarán ante el palacio foral, en Bilbo, para demandan una solución.

La portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha explicado que el centro de El Vivero acogió a menores y trabajadores del albergue de primera acogida de Zornotza para proceder a su mejora tras «los últimos incidentes» en 2021 y, aunque en febrero del 23 se reabrió este último «de la mano de otra entidad gestora», ni los menores ni los trabajadores regresaron.

Según ha indicado, la Diputación se comprometió con las personas trabajadoras no subrogadas a mantener abierto El Vivero «como centro de emancipación», pero «este compromiso se ha roto recientemente» al anunciar el cierre del centro para este sábado y la aplicación de un ERE a los 19 trabajadores.

La diputada, que ha precisado que El Vivero «ha venido funcionando como un dispositivo de emergencia puntual», ha explicado que en diciembre la empresa adjudicataria, Emankor-Landalan, comunicó su decisión de rescindir el convenio para «reorientar su acción en otras actividades», tras lo que su departamento se puso «manos a la obra para encontrar un nuevo gestor que pudiera hacerse cargo del centro cuando en circunstancias siempre excepcionales nos veamos abocados a recurrir a este dispositivo».

Menos menores no acompañados

Además, Antxustegi ha destacado que, en los últimos meses, el acogimiento de niños y adolescentes migrantes sin referentes familiares ha registrado «una reducción en los índices de ocupación sostenidos, que pueden ser satisfechos por la red foral asistencial, ya sea propia o concertada, sin necesidad de otros recursos o dispositivos extraordinarios», como El Vivero.

«Pudiendo asumir la red a los menores que permanecían en El Vivero se ha optado por su traslado a otros centros de la red con plazas disponibles en los que poder, de manera estable y continuada, acompañarlos en sus procesos de incorporación social y protección», ha añadido.

Según ha asegurado, se han tenido en cuenta las necesidades de los menores del centro, «gestionar la decisión de no seguir dando el servicio» de la adjudicataria y el traslado de los menores a centros «con mejores dotaciones y plazas disponibles».

«Es nuestra responsabilidad hacer un uso eficiente de los mismos y adaptarlos a las circunstancias y necesidades de cada momento. En este caso, a la necesidad e interés superior de cada uno de los menores que están bajo nuestra protección», ha defendido la diputada foral de Acción Social.

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin ha afirmado que «no es verdad» que El Vivero sea un centro de «emergencia puntual» y ha advertido de la «sobreocupación» que se está dando en los centros, lo que, según ha advertido, no cumple el decreto es el que regula los recursos de acogimiento residencial y va «en sentido contrario» a la recomendación del Ararteko.

«No hable de interés superior del menor, porque aquí lo que se está vulnerando precisamente es ese principio», ha dicho a Antxustegi. Por lo que respecta a la situación de los trabajadores, la diputada de Acción Social ha asegurado que su equipo se ha reunido en «numerosas ocasiones» con el comité de empresa y los sindicatos para «buscar alternativas».

Así, Antxustegi ha señalado que «se contactó con todas las entidades que prestan servicios en centros de preparación a la emancipación para proponerles continuar con la gestión, pero no se consiguió el compromiso principalmente por el tema de la subrogación» de la plantilla. También, ha relatado, un grupo de personas trabajadoras planteó la posibilidad de crear una cooperativa y «desde el IFAS se les dio un apoyo con una persona especializada, pero finalmente no se vio viable».

«Todo ello unido a una llegada sostenida de menores migrantes y referentes familiares y excepcionalidad del recurso de El Vivero», ha reiterado la diputada jeltzale, que ha subrayado que la situación en la que ahora se encuentran los trabajadores «no es por el cierre de El Vivero como un recurso ordinario, sino porque no se ha dado la subrogación de esos trabajadores».

Finalmente, aunque ha admitido que personalmente todavía no se ha reunido con los sindicatos, ha mostrado su disposición a que «en breve» lo hará y les «escuchará». Su objetivo, ha remarcado, es que «esta situación termine de la mejor manera posible».