Una Cruz de Plata impuesta por la AN, colofón a la tortura impune de Sánchez Corbí
La Cruz de Plata pone la guinda a la carrera imparable de Manuel Sánchez Corbí en la Guardia Civil. La condena por torturas no la frenó, sino que a tenor de los hechos la aceleró: indultado por el Gobierno Aznar, llegó a jefe de la UCO y no ha dejado de acumular distinciones españolas y francesas.
El guardia civil Manuel Sánchez Corbí fue condenado por torturar en 1992 al detenido Kepa Urra en Bizkaia. Ello no solo no supuso el apartamiento de sus funciones o la interrupción de su carrera, sino que esta se ha desarrollado al máximo nivel, llegando a ser jefe de la UCO (Unidad Central Operativa). Y esta semana ha alcanzado un punto culminante con la concesión de la Medalla de Plata, impuesta por la Audiencia Nacional al Ministerio del Interior.
La noticia se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. En realidad, la condecoración ya fue planteada por la Guardia Civil a Sánchez Corbí en 2018, pero no se materializó en un momento en que Sánchez Corbí estaba enfrentado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que terminó relevándolo.
Esta decisión fue recurrida ante los tribunales y la AN ha terminado imponiéndola; en concreto, obliga al Ministerio a anular la Cruz de la Órden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y a concederle la Cruz de Plata, de rango mayor.
Condecoraciones no le faltan precisamente a Sánchez Corbí pese a la condena por torturas dictada en 1998: tiene también cinco Cruces al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo y la Legión de Honor francesa.
Requisito: No tener delitos
El reglamento de la concesión de medallas establece un mínimo de «servicio» de 25 años para obtener esta Cruz de Plata. En ese plazo se requiere «haber observado una conducta intachable» y «no tener delitos o faltas sin cancelar en su documentación personal».
¿Cómo es posible entonces que Sánchez Corbí la haya recibido, si fue condenado? Porque el Gobierno de José María Aznar lo indultó de modo fulminante, nada más producirse la sentencia firme por el caso de Kepa Urra. Para entonces, la primera condena a cuatro años de cárcel dictada por la Audiencia de Bizkaia ya había sido rebajada a año y medio por el Tribunal Supremo español.
Ello propició que siguiera su escalada imparable en el escalafón de la Guardia Civil, tanto con gobiernos del PP como del PSOE. Se le atribuye la dirección de operativos como el del rescate del secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara. Un sindicato policial lo definió como «el sucesor del general Rodríguez Galindo en su defensa del espíritu militar de la Guardia Civil y del cuerpo como esencia de la patria por encima de todas las instituciones».
En 2021 Manuel Sánchez Corbí dejó la Guardia Civil para pasar a la empresa privada, concretamente a Acciona. Según algunos medios, ahora ejerce en Iberdrola como jefe de Seguridad.
Torturado en un descampado
El caso de Kepa Urra, por cierto, puede parecer antiguo y lo es, pero se trata del último caso de tortura condenado en firme por los tribunales españoles. Desde entonces ha habido algún otro penado inicialmente pero revocado luego en instancias superiores.
«Le desnudaron, le golpearon con un objeto romo y le arrastraron por el suelo», declaró probado la Audiencia de Bizkaia. El testimonio de la víctima y el relato del forense que le atendió en el cuartel de La Salve, donde fue encontrado inconsciente y con manchas recientes de sangre, fueron pruebas suficientes para condenar a los tres agentes. Tuvo que ser ingresado en el Hospital de Basurto.
Según quedó acreditado, tras ser arrestado en Basauri, Urra fue conducido a un descampado, donde los agentes le torturaron para conseguir información. Una tesis que también mantuvo la sentencia del Tribunal Supremo pese a reducir sustancialmente las penas. El Ejecutivo del PP hizo el resto.