El balance de Lakua confirma la beligerancia de la Justicia española con EPPK
Según el informe elaborado por Lakua con motivo del segundo aniversario del traspaso de la competencia de prisiones, de las 846 clasificaciones o progresiones a tercer grado solo el 5,9% corresponden a personas «condenadas por banda armada». Sin embargo, estas representan el 75% de las revocaciones.
Mañana, domingo, se cumplen dos años desde el traspaso de la competencia de prisiones a la CAV, y por esta razón el Departamento de Justicia del Gobierno de Lakua ha hecho público este sábado un informe en el que analiza la situación de las tres prisiones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Un balance donde no se eluden las críticas sobre la “herencia” recibida en materia de infraestructuras o plantilla, y que confirma el trato desigual por parte de la Fiscalía y del estamento judicial español a la hora de impugnar y revocar la progresión de grados y su hostilidad respecto a los presos y presas que conforman EPPK.
Y es que, según se detalla en el último apartado del informe, en el que se hace referencia a la población encarcelada en las prisiones de Basauri, Martutene y Zaballa –1.577 personas– y a su situación penitenciaria, desde el traspaso de la competencia hasta septiembre de este año se han realizado 846 clasificaciones iniciales o progresiones a tercer grado, cincuenta de las cuales corresponden, en palabras de la Consejería, a «personas condenadas por banda armada», el 5,9% del total.
Sin embargo, ese colectivo concreto de presos y presas ha sido objeto de doce de las dieciséis revocaciones decretadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria vasco o por la Audiencia Nacional española. Representan, por tanto, el 75% de las progresiones de grado revocadas. El desequilibrio es enorme e ilustrativo.
El Departamento de Justicia concreta, asimismo, a fecha del informe había 425 presos y presas en tercer grado, y 221 en situación de libertad condicional en un total de millar y medio largo de personas de las que, también se indica, 496 son «de origen extranjero». Es decir, que el 31,45% de las personas encarceladas en la CAV proceden de fuera del Estado español.
Al respecto, desde el Ejecutivo se apunta que «este porcentaje es algo superior al 27% que registran los centros de Instituciones Penitenciarias, y también a la media europea, que se sitúa en el 25%» pero que, sin embargo, «está muy por debajo del porcentaje de Catalunya, que ronda la mitad de su población penitenciaria».
También se informa de que las mujeres representan un 8% de la población penitenciaria; un porcentaje inferior a la media en el Estado (9%), pero superior a la media europea (5%).
Situación de «tensionamiento»
Según recoge el informe, en el que se afirma que las acciones del Ejecutivo en esta materia toman como referente el documento ‘Bases para la implantación del modelo penitenciario en Euskadi’, presentado en el Parlamento, el grado de ocupación actual supone un «tensionamiento» en las cárceles de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y ha motivado la imposibilidad de absorber toda la demanda de traslados voluntarios a la CAV de personas presas en centros de otras partes del Estado. De hecho, informa de que de las 656 solicitudes para un trasladado se han denegado más de la mitad, 384.
Al respecto, señala que «la falta de dimensionamiento de la plantilla transferida a las posibilidades del Centro Penitenciario Araba ha condicionado mucho la gestión a la hora de acoger al potencial de personas que, por razones de condena o arraigo, podrían cumplir su pena en Euskadi».
Ante esta situación, el Ejecutivo dice esperar que «la capacidad máxima aumente razonablemente con la puesta en funcionamiento del nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa, prevista para la primavera de 2024».
Además, el documento señala que «otro de los factores que llegó con la transferencia y que condiciona el desarrollo del Modelo Penitenciario Vasco son las carencias de las infraestructuras, por su antigüedad o por la inexistencia de centros de integración social, departamentos para régimen cerrado y unidades de madres».