Donostia pide prorrogar hasta mediados de 2024 la implantación de la Zona de Bajas Emisiones
El Ayuntamiento de Donostia ha solicitado al Ministerio español de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una prórroga para implantar la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, que en principio debía estar en marcha el 31 de diciembre pero que se atrasaría hasta mediados de 2024.
La Ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética recoge que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán incluir Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en sus centros urbanos antes del 31 de diciembre de 2023.
Fuentes del Ayuntamiento de Donostia han señalado este domingo a Efe que los trabajos para implementar la ZBE tienen unos plazos que «hacen muy difícil» que pueda estar en marcha antes del 31 de diciembre, por lo que ha decidido solicitar una prórroga.
Los requisitos que exige la ley pasan primero por la definición del área en el que se va a aplicar la restricción de la entrada de vehículos, un asunto que gestiona la concejalía de Economía, Empleo Local y Ecología, que dirige Marisol Garmendia.
En un segundo lugar debe acometerse el Plan de Movilidad Urbana y finalmente se requiere de la aprobación de una ordenanza que «ofrezca paraguas legal a la intervención», han agregado.
Estos pasos deben cumplir unos procedimientos y «fundamentalmente» la ordenanza municipal «es la que exige más tramitación legal y tiene unos plazos que llevan a mediados de 2024», afirman las fuentes que precisan que la capital guipuzcoana «no es la única» ciudad que se encuentra en esta situación.
El Ministerio español de Transportes no ha contestado todavía a la petición, han indicado las fuentes, que han afirmado que esperan que cuando arranque el nuevo gobierno se ofrecerá una «respuesta general» a todas las localidades que se encuentran en una coyuntura similar.
En todo caso Donostia sí tiene avanzada la parte tecnológica del proyecto cuya licitación se realizó a través de los Fondos Next Generation.
La empresa que ha sido adjudicada será la encargada de instalar los sensores, las cámaras y los medidores de aire pero «queda por decidir» el área exacta de implantación, «de qué calle a qué calle», para después realizar el Plan de Movilidad y posteriormente aprobar la ordenanza municipal.