El Parlamento de Nafarroa rechaza «presionar» por la libertad de Pablo González

Los votos en contra de UPN, PP y Vox, y la abstención del PSN, han hecho decaer una moción de Contigo-Zurekin que, con el apoyo también de EH Bildu y Geroa Bai, instaba al Gobierno español a presionar a las autoridades polacas para garantizar los derechos del periodista Pablo González.

El Pleno del Parlamento de Nafarroa ha rechazado este jueves, con los votos en contra de UPN, PP y Vox, y la abstención del PSN, una moción de Contigo-Zurekin que reclamaba al Gobierno español la puesta en marcha «de forma inmediata y con la máxima firmeza» de los «mecanismos oportunos de presión» sobre las autoridades polacas para conseguir la libertad provisional del periodista Pablo González y la celebración de un procedimiento judicial «con todas las garantías».

El texto, que ha contado con los apoyos, además del grupo proponente, de EH Bildu y Geroa Bai, demandaba también que se permita el regreso a casa de González hasta la celebración del juicio, tal y como recoge la Decisión Marco del Consejo de la UE de 2009.

Ante un pleno que ha iniciado con las quejas de Javier Esparza (UPN) por el hecho de que los parlamentarios de EH Bildu y Contigo-Zurekin portaran pañuelos palestinos, Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) ha defendido la moción recordando que Pablo González está preso en Polonia desde hace año y medio, un «intolerable encarcelamiento sine die, sin acusación en firme, sin pruebas incriminatorias de ninguna clase, con absoluto desprecio por su libertad».

Ha denunciado que la «acusación inicial» de espionaje contra el comunicador –que en el momento de su detención cubría para medios como NAIZ, ‘Público’ o La Sexta, el fenómeno de los refugiados ucranianos tras la invasión rusa– «no ha sido sostenida con ninguna prueba concluyente».

Ha subrayado que incluso Amnistía Internacional se hizo eco de su caso y de las trabas para acceder a un abogado de confianza y a comunicarse con su familia.

Por ello, ha considerado que el Gobierno polaco, «corte autoritario y derechista», y las autoridades de país implicadas en este asunto, deben ser «puestas inmediatamente bajo la máxima presión diplomática».

Se trata, ha señalado, de que Pablo González sea puesto en libertad o, en caso de existir alguna prueba incriminatoria, que su abogado tenga acceso inmediato al procedimiento y pueda articular su defensa, celebrándose lo antes posible con todas las garantías procesales que pueda aclarar definitivamente su situación.

En cualquier caso, Guzmán ha explicado que la moción no pretendía un «juicio» ni una «sentencia» sobre este caso, sino salvaguardar los derechos de Pablo González, asegurar un proceso «garantista» y agilizarlo «en las mejores condiciones posibles» para el periodista vasco.

En su apoyo, Arantza Izurdiaga, de EH Bildu, ha denunciado el «incumplimiento flagrante de las condiciones europeas de las normas de reclusión» y la «grave conculcación de los derechos humanos», un «ejemplo claro del alarmante retroceso de la democracia en la Unión Europea», ante el que el trabajo de personas como González es esencial para «conocer la realidad de lo que está sucediendo». «Es incalificable», ha remarcado Izurdiaga.

En nombre de Geroa Bai, Itxaso Soto ha considerado «intolerable» que un periodista de la UE lleve más de año y medio encarcelado en un Estado miembro, en un caso «lleno de irregularidades» ante el que es incuestionable exigir su libertad y un proceso legal.

Por UPN, que ha votado en contra, Iñaki Iriarte ha advertido de que el Parlamento foral no es el órgano «para pedir al Gobierno de España que presione a otro Estado de la Unión Europea en un proceso judicial abierto», en el que ha defendido la legalidad y la idoneidad de rapidez, pero ha insistido en la falta de competencias de Nafarroa.

«Nos parece bien que sea juzgado cuanto antes y si es inocente, por supuesto mostraría mi solidaridad», ha señalado.

Tampoco el PSN ha apoyado la moción, ya que, según Olga Chueca, «debemos ser prudentes» en un caso como este, y se ha abstenido alegando que «Polonia es un país soberano, con su propio sistema judicial y legal» y la intervención de un Parlamento autonómico en asuntos internos de otro país plantea posibles injerencias que deberían abordarse a través de la «diplomacia y el diálogo».

Maribel García Malo (PP) ha pedido «respeto a las normas» internacionales y ha abogado por «agilizar el traslado a una cárcel nacional, para él y para los cerca de 900 españoles que cumplen condena en otros países», pero ha advertido de que desde Nafarroa «no podemos ir más allá en un caso como este».

Al igual que antes han hecho los representantes de UPN y PSN, también García Malo ha recordado que Polonia es un país que ha suscrito los convenios europeos relativos a los derechos humanos, por lo que también está sometido al Tribunal de Estrasburgo, donde Pablo González tendría la opción de acudir si fuera necesario.

Petición de traslado del Grupo de Apoyo

Por su parte, el Grupo de Apoyo a Pablo González ha pedido a Madrid que reclame su traslado al Estado español hasta que se celebre juicio contra él. Además, le ha reclamado que se implique para que las autoridades polacas pongan fin a las condiciones «de tortura psicológica» que sufre el informador en la prisión de Radom, «conocida como el Guantánamo polaco».

Estas peticiones han sido formalizadas por el colectivo creado para apoyar a González, a través de una carta remitida al Congreso de los Diputados y a su presidenta, Francina Armengol.

La misiva solicita al Ejecutivo que realice «las gestiones oportunas para lograr la libertad o, en su caso, la libertad vigilada» en el Estado español «y un juicio justo» para el periodista, «detenido en Polonia desde el día 28 de febrero de 2022, sin cargos ni aportación de supuestas pruebas de acusaciones a su defensa».

En este sentido, recuerda que la confirmación de su detención y la declaración de cargo no se conoció hasta el 3 de marzo, día en el que Stanislaw Zaryn, portavoz del Ministro Coordinador del Servicio Secreto polaco, aseguró que Pablo González fue detenido con dos pasaportes y dos tarjetas de pago de bancos rusos para dos identidades diferentes, y que «había realizado actividades de espionaje», no solo en el país polaco, sino también en Ucrania y en otros lugares, acusaciones que, según asegura el Grupo de Apoyo, fueron «refutadas» desde el principio.

Tras relatar numerosas ‘irregularidades’ que, a su juicio, se han producido en el proceso seguido contra González, lamenta que el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, «se ha hecho eco acrítico de las declaraciones de Zaryn y no ha defendido, como mínimo, la presunción de inocencia» del periodista. «No ha querido tener ninguna entrevista con la esposa o el Grupo de Apoyo durante todo este tiempo, a pesar de las ocho peticiones realizadas por el momento», censura.

La carta manifiesta que Polonia «ignora» las recomendaciones de la Comisión Europea a los Estados miembros sobre la reclusión, que incluye normas sobre el contacto con los abogados y con el exterior, así como sobre el uso de medidas especiales, como el confinamiento en régimen de aislamiento.

Por último, el Grupo de Apoyo reclama que el Gobierno español pida al polaco la aplicación de la Decisión Marco del Consejo que permite que un detenido «sea objeto de una medida de vigilancia en su país hasta que el juicio se celebre, en lugar de ser sometido a prisión preventiva en un país extranjero».

De esta forma, pretende que el Ejecutivo español «ejerza su influencia, incluso en el ámbito europeo, para que Pablo González salga de esa horrible celda y de la prisión de Radom, que tenga las condiciones dignas, que se respete su derecho a la defensa, su derecho a la comunicación familiar, que se cumplan las leyes, recomendaciones y decisión europeas, que pueda regresar a España con su familia y amigos, y en su caso, se celebre un juicio con todas las garantías cuanto antes y que, mientras tanto, pueda esperar el juicio en España».