La política alemana se conjura con nuevas medidas contra inmigrantes

El no declarado frente amplio contra la inmigración va desde la ultraderecha hasta la nueva formación izquierdista. A esta tendencia se ha sumado el tripartito del canciller socialdemócrata Olaf Scholz (SPD) queriendo agilizar la deportación de solicitantes de asilo.

El giro de Alemania hacia la derecha ya no tiene a la neofascista Alternativa para Alemania (AfD) como epicentro sino se ve impulsado por la actitud del gobierno de coalición del canciller Scholz. Sus integrantes -el SPD, los Verdes y los liberales del FDP- acaban de acordar un proyecto de ley que al menos agilizará las deportaciones de algunos extranjeros al que el Estado alemán niega el asilo.

En Berlín, la ministro federal de Interior, Nancy Faeser (SPD), presentó el paquete de medidas que ante todo responde al hecho de que la cuestión migratoria domina la política en Alemania. Su eficiencia, si es que pasa por las dos cámaras del Parlamento, da lugar a dudas.

«Con este borrador cuidamos de que las personas sin derecho de estancia tengan que abandonar más rápidamente nuestro país. Así reforzamos el apoyo social a la acogida de refugiados en Alemania», anunció la política, que recientemente perdió unas electorales regionales.

Sus medidas incluyen, por un lado, la extensión de la detención administrativa de los que van a ser expulsados de 10 a 28 días o la eliminación de la necesidad de informar de antemano de una deportación, para evitar que los afectados se escondan. Por la misma razón se daría derecho a la policía de registrar todas las habitaciones de un centro de acogida cuando practica una deportación.

En la misma comparecencia, Faeser declaró que «quien no tiene derecho de estancia debe abandonar nuestro país. El número de devoluciones este año ya es un 27% superior al del mismo periodo del año anterior, pero sigue habiendo necesidad de cambios».

LOS NÚMEROS DICEN OTRA COSA

Sin contabilizar el millón de refugiados ucranianos, en 2022, unas 244.000 personas pidieron asilo en Alemania, 54.000 más que en 2021. La cifra queda lejos de las 746.000 de 2016 y las 447.000 de 2015. Entonces la canciller Angela Merkel abrió las fronteras para evitar una tragedia humana en el este de la UE diciendo que «lo vamos a conseguir».

Unos 73.000 de los recién llegados son de Siria, 41.000 de Afganistán. Todos ellos cuentan con una probabilidad del 86% y 77%, respectivamente, de que Berlín les conceda el asilo. El mismo porcentaje se puede aplicar a las personas provenientes de Eritrea y Somalia, que con pocos miles de peticionarios cierran la lista.

El año pasado, Alemania deportó a casi 13.000 personas, de las cuales el 30% fue-ron devueltas a otros países de la UE. Unas 7.900 regresaron voluntariamente a sus países de origen. Para el primer semestre se practicaron más de 7.800 deportaciones, entre ellas más de 2.400 a estados miembro de la UE. Sin embargo, el Ministerio federal de Interior calcula que unos 50.000 extranjeros tendrían que dejar Alemania porque carecen de la correspondiente autorización.

Faeser prometió además «la máxima lucha contra el tráfico de personas criminal y sin escrúpulos». Según la Policía Federal (BKA), sirios y alemanes encabezan los grupos de contrabandistas detenidos, a los que por ley no se les puede deportar.

Faeser anunció que se prolongarán los controles móviles en las fronteras con Polonia, Chequia y Suiza.

Hoy mismo empezará a negociar los acuerdos de repatriación con una visita de dos días a Rabat, al tiempo que mantiene conversaciones con Moldavia, Uzbekistán, Kirguizistán, Kenia, y Colombia.

En una entrevista con “Der Spiegel”, Scholz dijo que «debemos deportar a gran escala a quienes no tienen derecho a permanecer en Alemania». Estas declaraciones levantaron ampollas tanto en la organización de jóvenes del SPD como en la de los Verdes.

REACCIÓN

Se trata, en el fondo, de una reacción a la situación en los municipios que han de acoger a los refugiados. La AfD se aprovecha de los problemas porque quiere acabar con el llamado «paraíso de asilo». Su discurso xenófobo hace mella -sobre todo en la CDU-. Después de que su presidente, Friedrich Merz, provocara con comentarios racistas, su correligionario Jens Spahn ha ido aún más lejos diciendo que «si es necesario, hay que utilizar la fuerza física para detener los movimientos migratorios irregulares». Poco dista verbalmente de la AfD, que en 2016 propuso disparar a los refugiados que llegaban a las fronteras.

En el otro extremo del espectro político, la escisión del Die Linke, la Alianza Sahra Wagenknecht, habla de «inmigración incontrolada» a la que quiere hacer frente con una política exterior diferente.