El Supremo británico da un portazo definitivo al plan para deportar migrantes a Ruanda
En un varapalo a la política migratoria del Ejecutivo de Rishi Sunak, la máxima instancia judicial británica ha considerado ilegal el plan del Gobierno de enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo que entran de manera irregular en el país.
En un dictamen unánime de cinco jueces, el presidente del Supremo británico, Robert Reed, ha considerado que, a la luz de las evidencias, hay un riesgo de que los demandantes de asilo enviados a Ruanda puedan estar en peligro de ser deportados a sus países de origen.
El Supremo ha dado a conocer su decisión después de que el Ejecutivo de Rishi Sunak recurriera el dictamen de una corte inferior –la Corte de Apelación–, que concluyó también que Ruanda no era «un país seguro» para enviar a migrantes en situación irregular.
Con el dictamen de la máxima instancia judicial de Reino Unido, los magistrados han dado la razón a varios solicitantes de asilo y organizaciones no gubernamentales, que argumentaron en todo momento las deficiencias del país africano en materia de derechos humanos.
Reed ha explicado que la misión de la corte en este caso era puramente legal y que no se tenía en cuenta el actual debate político sobre la política migratoria, y ha agregado que se han evaluado leyes y tratados internacionales en materia migratoria y de derechos humanos.
El presidente ha hecho hincapié, además, en el principio legal fundamental de que no se debe devolver a un solicitante de asilo a su país de origen sin haber «considerado sus reclamaciones» sobre el peligro que supondría ese retorno.
La decisión de este miércoles supone un duro varapalo para la política migratoria del Ejecutivo conservador, puesto que el plan de Ruanda –iniciado en abril de 2020 cuando Boris Johnson era primer ministro– era central para atajar el aumento de los botes con migrantes que cruzan el Canal de la Mancha, que separa Inglaterra del Estado francés.
Este programa había sido defendido por la ahora exministra británica de Interior Suella Braverman, quien fue destituida por Sunak el pasado lunes a raíz de sus críticas contra la Policía británica.
El Ejecutivo de Sunak llegó incluso a organizar en junio uno de estos vuelos a Ruanda, que quedó paralizado in extremis por intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que respondió a una queja de varias ONG.