Lakua lleva su Ley de Transparencia a un Parlamento en el tiempo de descuento
El Gobierno de Lakua ha presentado su proyecto de Ley de Transparencia y, si el Parlamento se mueve en sus márgenes habituales de discusión, no tendrá tiempo para tramitarla. Nafarroa elaboró su propia ley, que contempla instituciones análogas a las que Lakua propone ahora, hace cinco años.
La Ley de Transparencia que ha proyectado el Gobierno de Lakua llegará, en caso de aprobarse, no una, sino dos legislaturas más tarde que la legislación análoga en Nafarroa, que salió adelante en 2018 tras ser impulsado por la consejera María José Beaumont durante el Gobierno de Uxue Barkos.
La propuesta llega a una Cámara con los días contados, pues la propuesta por parte del EBB del PNV para Imanol Pradales sustituya a Iñigo Urkullu ha disparado ya el cronómetro electoral.
Los tiempos habituales de discusión en la Cámara de Gasteiz se acercan al año (o lo superan) por lo que difícilmente la Ley de Transparencia podrá aprobarse antes de julio, cuando caduca el mandato de Urkullu. Formalmente, posible es, pero muy complejo. Y todavía más en caso de que se produzca un adelanto, que es una hipótesis probable a día de hoy, bien por cálculo político o por la incidencia en el calendario de las elecciones europeas.
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha presentado el proyecto de ley este martes, dando ya por hecho prácticamente que su ley no llegará esta legislatura. Serán los grupos de la cámara –ha dicho– quienes determinen «si tienen o no posibilidad y hasta cuándo pueden avanzar».
Según ha indicado Garamendi, el texto aborda tres grandes hitos: garantizar la transparencia de la Administración ante la ciudadanía, estimular la participación de esta en los asuntos públicos, y facilitar la rendición de cuentas «en tiempo real» de las acciones e iniciativas desarrolladas en cumplimiento de cada programa de Gobierno.
A esta norma se le han incorporado mayores obligaciones de publicidad activa que los que existen actualmente. Así, las administraciones públicas deberán dar cuenta de las decisiones que toman y cómo las adoptan, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables de sus actuaciones, especialmente en lo referido a la utilización de fondos públicos.
Las principales novedades ya las incorpora la norma navarra
Además, la norma prevé la creación de la Autoridad Vasca de la Transparencia-Gardena, un órgano de garantía ante el cual la ciudadanía podrá interponer una reclamación cuando le sea denegado el derecho a la información o no sea la deseada. Esta figura ya existe en la legislación navarra de 2018, bajo la denominación de Consejo de Transparencia, con la particularidad de que en Nafarroa se implementó una entidad con poder sancionador distinta y con mayores capacidad, como es la oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.
Incorpora el articulado que propone Lakua la trasposición de la directiva europea sobre la protección de los whistleblowers (los informadores), aunque nuevamente va con tres años de retraso, pues debió de hacerse en 2021. Esta materia ha generado recientes polémicas al calor de los escándalos por las puertas giratorias y, más específicamente, a raíz de la amenaza que recibió el parlamentario Unai Fernández de Betoño al que la Mesa del Parlamento negó amparo.
Al igual que ocurre con la legislación navarra de 2018, la normativa propuesta incluye la creación de un registro de lobbies y grupos de presión.
Críticas por presentarla demasiado tarde
EH Bildu ha sido muy crítico con la nueva ley, principalmente, por presentarla al Parlamento de forma casi extemporánea. Sugiere esta formación que la tardanza en presentar este proyecto prueba «el escaso interés de Lakua por frenar las prácticas irregulares». E incluso va más allá, al sostener que «es la constatación de que para el Gobierno de PNV y PSE no ha sido ni es una prioridad habilitar herramientas contra las malas prácticas».
«Es la síntesis de lo que ha sido la actividad de este Gobierno para frenar las malas prácticas e irregulares: hacer como que hace algo cuando en realidad apenas ha hecho nada, y solo cuando lo ha tenido que hacer por obligación legal y tirándole de las orejas», ha criticado el parlamentario de la coalición Josu Estarrona.