Donostia rechaza que se inste a Lakua a complementar las pensiones hasta los 1.080 euros
Los votos de PNV y PSE han rechazado la moción que Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimendua (EHPM) está presentando en todos los ayuntamientos y en las juntas generales. En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hay 167.718 personas que cobran por debajo de los 1.080 euros.
El Pleno del Ayuntamiento de Donostia ha rechazado este miércoles la propuesta que Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimendua (EHPM) está presentando en todos los ayuntamientos y juntas generales para instar al Gobierno autonómico, en este caso al de Lakua, a que «complementen hasta 1.080 euros por 14 pagas la pensión mínima de las personas pensionistas, con efectos retroactivos a enero de 2023».
En la capital guipuzcoana la moción se ha presentado junto a 1.295 firmas de apoyo y ha contado con los votos favorables de EH Bildu, Elkarrekin y el PP, mientras que las formaciones del Gobierno municipal, PNV y PSE, se han posicionado en contra. El pasado 13 de diciembre el texto fue aprobado en las Juntas de Gipuzkoa, ya que ahí EH Bildu, Elkarrekin y el PP sí suman la mayoría necesaria.
En la moción se reconoce que el pago de las pensiones corresponde al Ejecutivo de Madrid, pero se insta a los de Gasteiz e Iruñea a complementarlas mientras no se implemente un mínimo de 1.080 euros, ya que ahora está fijado en 783 euros.
«Las instituciones públicas tienen la obligación de adoptar las decisiones precisas para garantizar a la ciudadanía unas condiciones de vida dignas; condiciones que en el caso de las personas mayores y pensionistas que no disponen de ingresos procedentes de su trabajo pasan por garantizar unos ingresos mínimos suficientes», señala EHPM.
En la moción se recuerda que a día de hoy «167.718 personas pensionistas en la CAV tienen ingresos por pensiones por debajo de los 1080 euros, la inmensa mayoría de las cuales son mujeres».
«La pensión mínima en todas sus variables tiene nombre de mujer. Es algo que se constata en la brecha de género que tiene como antecedente la desigualdad de salarios y la asignación unilateral de las mujeres al trabajo no remunerado o mal pagado en el ámbito de la reproducción y los cuidados», se añade.