Stop Desahucios Gipuzkoa valora los pasos dados en 2023 pero pide más para el nuevo año
Durante 2023 se han dado pasos adelante en el derecho a la vivienda como la declaración de municipios tensionados o medidas del escudo social, según destaca Stop Desahucios Gipuzkoa, que añade que el derecho a la vivienda sigue estando amenazado.
Stop Desahucios Gipuzkoa ha valorado positivamente que en 2023 veinte de los principales ayuntamientos del herrialde hayan aprobado en sus plenos su moción para solicitar al Gobierno de Lakua que les declare zona tensionada y que esta demanda haya sido aceptada excepto en el caso de Donostia, donde se han dejado fuera a barrios como Amara Berri, Erdialdea, Martutene o Antigua, a pesar de que la ciudad es la que tiene los precios más altos del Estado español y concentra la mitad de los grandes tenedores y pisos turísticos de Gipuzkoa.
Esta es una de las reflexiones que este colectivo realiza al hacer balance del año recién terminado, destacando que gracias a Ley de Vivienda estatal, el pensionista irundarra Ángel Miguel ha podido prorrogar su contrato con el fondo buitre Promontoria Real Estate. Este colectivo señala que esta prórroga de un año se ampliará a tres cuando Irun sea declarado municipio tensionado.
Junto a ello, valora positivamente que muchos inquilinos guipuzcoanos vulnerables sin alternativa habitacional tengan sus demandas de desahucio por impago de alquiler o fin de contrato paralizadas gracias al escudo social. Citan el caso de Ramona, pensionista donostiarra amenazada de desahucio por el fondo buitre Coral Homes.
También muestran su satisfacción por el hecho de que María del Mar y María Carmen no hayan perdido su vivienda por el aval que dieron a sus hijos en préstamos hipotecarios que fueron vendidos por Kutxabank y Banco Sabadell a los fondos buitres Zima Finances y LSF1 Boson Investment.
En el apartado positivo del balance citan también que la donostiarra Palmira y la hernaniarra Pauli, con ingresos mínimos, puedan vivir cinco años «con tranquilidad» por la firma de carencias reguladas el Código de Buenas Prácticas Bancarias (CBPB) con el BBVA y Laboral Kutxa.
Incumplimiento del CBPB
En el apartado negativo del balance mencionan que han realizado una concentración ante el Banco Santander por incumplir el CBPB en el caso de los donostiarras José y Narciso, a quienes niegan la carencia y han solicitado al Juzgado la subasta de su casa.
Junto a ello, destacan que han denunciado «la indefensión provocada por la escandalosa subida del Euribor», que genera que hipotecados vulnerables no se puedan beneficiar de una carencia a la que tienen derecho por el incremento de las cuotas. Citan el caso de Elena, que percibe la RGI y a quien Kutxabank le ha denegado la carencia. Esta circunstancia puede repetirse en los casos de Mercedes, José Ramón o Rosa y Emilio con Kutxabank y los bancos Santander y Sabadell.
Asimismo, confían en que las veinte familias de las VPO de Jauregizar, en Errenteria, vean culminada su lucha en 2024 y se les renueven por diez años sus contratos protegidos ya finalizados.
Este colectivo reclama que no haya en Gipuzkoa ningún desahucio de familias vulnerables sin alternativa habitacional, se limiten cuantos antes los alquileres abusivos en los municipios tensionados y se apruebe más presupuesto para aumentar el parque de vivienda social ante el incremento de la demanda.