La Fiscalía indagará si la Policía investigó al exfiscal de Catalunya con el Gobierno de Rajoy
La Fiscalía de Catalunya ha acordado investigar las presuntas pesquisas policiales dirigidas contra el exfiscal superior Martín Rodríguez Sol, en el marco de la denominada ‘Operación Catalunya’. Tanto el Gobierno español como Junts han pedido la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso.
La Fiscalía Superior de Catalunya ha iniciado diligencias de investigación para tratar de determinar si la Policía española, en la época del Gobierno de Mariano Rajoy, investigó irregularmente al exfiscal jefe del Principat, Martín Rodríguez Sol, en el marco de la conocida como ‘Operación Catalunya’.
El Ministerio Público ha incoado diligencias de investigación preprocesal tras las informaciones publicadas por ‘La Vanguardia’ y eldiario.es sobre la supuesta operación policial abierta entre finales de 2012 y principios de 2013 contra Rodríguez Sol que, sostiene el decreto de apertura, «jamás» se puso en conocimiento de la Fiscalía ni de un juez.
Estas informaciones, según explica la Fiscalía, apuntarían a una presunta investigación por parte de la Policía española en la época de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior que trataba de buscar «vínculos» entre este fiscal y Unió Democrática de Catalunya, partido que formaba coalición con CDC, y también en torno a «las comisiones gestionadas por los abogados del citado partido».
El fiscal Rodríguez Sol, que acabó presentándose como número dos de este partido en las elecciones catalanas de 2015, ordenó investigar la difusión de informaciones falsas sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales de los presidents Artur Mas y Jordi Pujol, que «el Gobierno de Rajoy había hecho llegar a periódicos afines», según las publicaciones de las que se hace eco el decreto, firmado por el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres.
El ministerio público «infiere» de estas publicaciones que los agentes no comunicaron esa supuesta investigación a la Fiscalía ni a un juez, con «el indisimulado objetivo de desacreditar a la entonces máxima autoridad fiscal» en Catalunya «por el simple hecho» de manifestar «su intención de investigar presuntos delitos cometidos desde el Ministerio del Interior en el curso de investigaciones seguidas contra algunos líderes del movimiento independentista catalán».
«Para lograr aquel objetivo, la unidad policial actuante habría atribuido presuntamente hechos delictivos al fiscal superior de Catalunya», según se desprende en el «oficio interno» publicado por estos medios la semana pasada.
La Fiscalía pone en valor que ambos medios publicaron una imagen «que aparenta ser un documento policial veraz» titulado «propuesta de investigación por informaciones recibidas», con membrete de la Unidad de Asuntos Internos, pero sin firma ni fecha.
El decreto concluye que las informaciones periodísticas «no constituyen meras valoraciones carentes de soporte fáctico, sino que, lejos de ello, se sustentan en documentos y fuentes externas, elementos suficientes, atendido el inicial estadio de investigación en el que nos hallamos, para acordar la incoación de diligencias de investigación preprocesal».
Por ello, pide a los citados medios los documentos de los que dispongan que guarden relación con los hechos, y solicita a la Policía que determine la «veracidad del documento» de «apariencia presuntamente oficial» que solicitaba investigar al entonces fiscal jefe de Catalunya.
En el caso de que se acredite su «efectiva existencia», la Fiscalía quiere saber «de modo específico» qué actuaciones policiales se llevaron a cabo, «la autoridad policial que dirigió las pesquisas y la identidad de los funcionarios o autoridades a los que se comunicó los resultados» de la misma.
Rodríguez Sol dimitió en marzo de 2013 cuando el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, le abrió un expediente por haber expresado que consideraba legítimo preguntar a los catalanes sobre su futuro político por medio de una consulta legal.
Piden que Rajoy comparezca
Por todo ello, tanto desde el Gobierno español como desde Junts se ha solicitado la comparecencia en el Congreso del entonces presidente Mariano Rajoy, así como de otros miembros del Ejecutivo del PP de aquella época, para dar explicaciones sobre este asunto.
«Es fundamental que se conozca y esclarezca todo. Por tanto, no hay que descartar la comparecencia de ningún miembro de la anterior administración del PP», indicó el pasado martes la portavoz del Ejecutivo español, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras tratar la ‘Operación Catalunya’ en su reunión por su «extrema gravedad».
En este sentido, los dos partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Sumar, han mostrado su preocupación por separado. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, abrió la puerta el pasado martes a la posibilidad de que Rajoy compareciera en el Congreso. «Queremos que esto se clarifique totalmente y se depuren responsabilidades hasta las últimas consecuencias», sentenció el portavoz, antes de recalcar que la «utilización del aparato del Estado para encubrir su corrupción y atacar al adversario político supone la perversión total del propio concepto de democracia».
Por su parte, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, insistió en la necesidad de la comparecencia de Rajoy para dar explicaciones, subrayando que las informaciones sobre la ‘Operación Catalunya’ son de una «gravedad extrema» y que «evidentemente. Ningún gobernante está fuera de la Ley y debería siempre actuarse dentro del marco democrático».
Todo ello después de Junts pidiera una comisión de investigación en el Congreso, que se va a constituir en febrero, en la que solicitaron que comparezca el propio Rajoy. Así lo expresó el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, pocas horas después de que saliera a la luz la nueva información publicada por ‘La Vanguardia’ y eldiario.es.
Según Turull, una de las condiciones para la constitución de la Mesa del Congreso fue reactivar la comisión de investigación «de las cloacas del Estado», y ante ello anunció que pedirán la comparecencia de Rajoy, como ya habían hecho en la anterior legislatura, aunque entonces PP y PSOE la tumbaron.
Desde ERC, la secretaria general adjunta y portavoz parlamentaria en Catalunya, Marta Vilalta, se refirió el pasado jueves a estas revelaciones, con las que se «certifica lo que ha sido una guerra sucia del Estado contra el independentismo».
«Probablemente, todo lo que ha trascendido es la punta del iceberg. Hay que limpiar a fondo y acabar con estas prácticas, que no caben en un Estado democrático», valoró Vilalta, aludiendo directamente al Gobierno de Pedro Sánchez para que actúe al respecto.
El excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, también ha anunciado que llevará a los tribunales la «persecución injusta» sufrida por parte de «individuos que no tenían ninguna habilitación para hacerlo», tal como anunció la pasada semana en un comunicado hecho público por las emisoras RAC1 y Catalunya Ràdio.
Las informaciones de Villarejo apuntaban que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz intentó implicar a Trapero en un caso de tráfico de droga, algo que el exmayor de los Mossos calificó de «invenciones y falsedades». «Como funcionario, pero especialmente como ciudadano, comprobar que otros funcionarios y cargos públicos me perseguían es indignante, frustrante y decepcionante», indicó Trapero.