Alquilar una vivienda, de «función social» a rompecabezas institucional
Varios expertos han analizado este lunes en el Congreso Internacional sobre Políticas de Vivienda los efectos de contener el precio de los alquileres, favoreciendo fiscalmente, si fuera necesario, a los arrendatarios.
El problema de acceso a la vivienda se ha convertido en una grave problemática que afecta principalmente a la población con rentas más escasas, que suelen verse obligadas a buscar un hogar en el mercado de alquiler, tanto en Euskal Herria como en el resto del continente europeo.
La mesa redonda ‘La función social de la vivienda y la necesidad de contener los precios’, celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbo en el marco del Congreso Internacional sobre Políticas de Vivienda, ha analizado este lunes la situación del mercado de la vivienda y ha contado con la presencia del investigador asociado de DIW de Berlín, Konstantin Kholodilin; la presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, Carme Trilla; el presidente de la Unión de Empresarios de la Construcción de Araba (Uneca), Luis Alba; y el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno de Lakua, Mario Yoldi. La periodista de la Cadena Ser Eva Domaica ha sido la moderadora.
En primer lugar, Kholodilin ha destacado la «falta de viviendas asequibles», explicando que el control de alquileres no es una medida innovadora, sino que «existe desde hace más de 2.000 años», cuando en la Antigua Roma se apostó por esta solución.
En lo referente a la era moderna, ha subrayado que en los últimos cien años ha habido varios picos en el precio de los alquileres, destacando los acontecidos tras ambas guerras mundiales y, más recientemente, con la pandemia de covid-19.
Precisamente, la situación de pospandemia sumada al estallido de la guerra en Ucrania ha puesto de nuevo el debate del control de alquileres encima de la mesa, ha subrayado el investigador ruso.
La economista catalana Carme Trilla ha sido la encargada de desarrollar que «los problemas de vivienda en el siglo XXI, en el fondo, son iguales a los que tuvimos en el siglo XX; pero la forma de plantear cómo solucionarlos es totalmente distinta».
En este sentido, Trilla ha comentado que durante el pasado siglo la política de vivienda debía responder a nuevas necesidades, como los grandes movimientos migratorios que tuvieron lugar durante aquellos años.
En cambio, en el siglo XXI, «el paradigma es totalmente distinto», ya que encontramos una «sociedad muy construida», con «menores densidades de población» y «movimientos migratorios menores». Esto, que debería solucionar problemas como el planteado, ha creado nuevas necesidades surgidas de la diferencia entre el precio de la vivienda y la capacidad de pago de las familias.
Luis Alba ha aportado la «visión privada» de la problemática de la vivienda, y ha expuesto cuáles son los efectos de la regulación de los precios. Según el presidente de Uneca, la limitación de precios puede tener «efectos beneficiosos», pero «si el diagnóstico es equivocado» puede ser contrario a su objetivo.
Como ejemplo, ha mencionado lo ocurrido con el parque de vivienda pública entre 2010 y 2021: «Como no era viable pagar a los constructores y promotores, ha desplazado la demanda a los productos de alquiler de vivienda libre, que ha sufrido una subida de precios».
Finalmente, Mario Yoldi ha ofrecido algunos datos de la situación en la CAV, sobre la evolución del gasto ejecutado en vivienda, cantidades destinadas a la prestación complementaria de vivienda (PCV) y las ayudas de emergencia social (AES) o el gasto en desgravaciones en materia de vivienda, que en 2020 fue de 432 millones.
En este sentido, ha incidido en que «para que las zonas tensionadas funcionen, no solamente hay que parar la subida de precios; hay que reducirlos» y, para ello, ha destacado un mecanismo ya existente en Catalunya y que consiste en que «un propietario, persona física, pueda desgravarse hasta el 90% de su rendimiento por el alquiler siempre y cuando baje el precio un 5%».