Más de un año de rescates perdidos en el Mediterráneo por la asignación de puertos lejanos
Según el Análisis de SOS Humanity, solo en 2023, los barcos de rescate perdieron 374 días en los que no pudieron operar en el Mediterráneo por las decisiones del Gobierno italiano. Esto se traduce en más fallecimientos en el año más mortífero en el mar desde 2017, con más de 2.500 víctimas mortales.
Humanity 1, el buque de la ONG SOS Humanity, comenzó su misión en el mar Mediterráneo en 2022. Desde entonces ha realizado 37 rescates y, de todos ellos, tan solo en una ocasión pudo desembarcar a las personas rescatadas en un puerto cercano de Sicilia. Ayer, sin ir más lejos, rescató a 64 personas y se le asignó el puerto de Marina di Carrara, a 1.200 kilómetros y más de tres días de viaje innecesarios.
En un informe, SOS Humanity ha querido mostrar el alcance de esta obstrucción sistemática del Gobierno italiano: solo en 2023, los barcos de rescate de las ONG perdieron 374 días, es decir, más de un año, en los que no pudieron realizar rescates. Es decir, la obstrucción del Ejecutivo de Italia se traduce en un mayor número de muertes en el mar.
En la práctica es sacar de circulación uno de los buques de rescate que opera en el Mediterráneo Central durante más de un año. El Humanity 1, por ejemplo, en 2023 realizó un total de 24 operaciones en las que se salvaron 1.101 vidas.
Desde 2014 han fallecido más de 28.000 personas tratando de llegar a Europa a través del Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En 2023, fueron más de 2.500, convirtiéndose en el año más mortífero desde 2017. Y la asignación de puertos lejanos no ayuda a reducir esa cifra.
«Consecuencias mortales»
«La asignación de puertos lejanos para el desembarco de supervivientes vulnerables es una táctica sistemática y política, con consecuencias mortales», critica Mirka Schäfer, portavoz política de SOS Humanity. Según los datos que manejan, las ONG tuvieron que realizar en 2023 el equivalente a tres vueltas y media al planeta para desembarcar a las personas rescatadas.
El puerto asignado con mayor frecuencia fue Brindisi en el este de Italia (diez desembarcos), a 618 kilómetros adicionales respecto al puerto siciliano de Pozzallo, seguido de Civitavecchia con 834 y Bari con 728 kilómetros adicionales respecto al cercano puerto de Sicilia (nueve desembarcos cada uno). Los puertos más septentrionales de Italia, Génova y Rávena, también fueron asignados repetidamente como puertos para el desembarco de personas rescatadas de peligros en el mar. En un mapa interactivo se pueden consultar las asignaciones, los días extra y los kilómetros extra que han supuesto las asignaciones a cada uno de estos puertos.
La portavoz de la ONG considera que se trata de una práctica ilegal del Gobierno de Giorgia Meloni. «Se infringe el derecho internacional y de la UE al asignar sistemáticamente puertos distantes a las personas rescatadas de peligros en el mar. Esto es absolutamente inaceptable en vista del gran número de personas en peligro en el mar en la ruta migratoria más mortífera del mundo».
Más de 28.000 muertos en diez años
Tanto que, la citada organización, junto a Mission Lifeline y Sea-Eye, emprendieron el pasado verano acciones legales ante el Tribunal Civil de Roma contra esta práctica del Gobierno.
Según los datos de la OIM el Mediterráneo duplica al resto de rutas migratorias como la que más muertes provoca con sus más de 28.000 decesos desde 2014: África 13.041, América 8.065, Asia 5.755, Oriente Próximo 2.142 y Europa 1.021.
Los puertos asignados con frecuencia en Italia son Ancona, Brindisi, Bari, Civitavecchia, Génova, Ortona o Rávena, entre 600 y más de mil kilómetros más lejos que un puerto cercano en Sicilia. «El viaje de varios días hasta llegar a un puerto así representa un riesgo evitable y una violación de los derechos básicos de los supervivientes, que a menudo estuvieron durante días en peligro de muerte en el mar y huyeron de violaciones de derechos humanos».
Nueva ley de Meloni
De hecho, la ONG liga la llegada de Meloni al poder con «una escalada de la obstrucción» de los rescates marítimos, que además impone multas a los equipos de rescate debido a una nueva ley, como las sufridas por el buque vasco Aita Mari. «Obliga a los barcos a ir directamente al puerto asignado después de un rescate. Las tácticas obstructivas de Italia también incluyen costos adicionales para las organizaciones civiles de rescate marítimo debido al mayor consumo de combustible».
La Ley 15/2023 restringe a los buques de búsqueda y salvamento la realización de más de una operación de salvamento a la vez, ya que la legislación establece que los buques de búsqueda y salvamento deben navegar sin demora hacia el lugar de seguridad asignado después de una operación de salvamento; esto implica que los buques no deberían prestar asistencia a otros barcos en peligro. La ley también obliga a los capitanes de los barcos que hayan realizado un rescate a proporcionar información no especificada a las autoridades italianas sobre el rescate, lo que en la práctica ha llevado a la solicitud de información excesiva.
Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam Italia, SOS Humanity, Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI) y Emergency presentaron en julio una denuncia ante la Comisión Europea. «La Comisión Europea es la guardiana de los tratados de la UE y tiene un papel que desempeñar para garantizar que los estados miembros de la UE respeten el derecho internacional y de la UE», dice Giulia Capitani, asesora de política migratoria de Oxfam Italia