El Gobierno confirma las malas prácticas con la exclusividad en Osasunbidea, según LAB

Un año después de que el sindicato destapara lo que estaba sucediendo, el Gobierno de Nafarroa ha confirmado las malas prácticas con la exclusividad en Osasunbidea en relación a once médicos que había denunciado LAB, que le pide que «asuma sus responsabilidades y ponga fin al escándalo».

Las malas prácticas con la exclusividad de once médicos de Osasunbidea denunciadas hace un año por LAB han sido confirmadas por el Gobierno de Nafarroa a través de varias resoluciones de Función Pública y de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

Así lo ha anunciado el coordinador del sindicato en Nafarroa, Imanol Karrera, en una comparecencia ante los medios, en la que ha explicado que se reconoce «ausencia de control y dejadez en Osasunbidea en siete resoluciones de la directora general de Función Pública sobre los casos denunciados».

Para los cuatro casos restantes, «si bien no se han iniciado actuaciones por no encontrarse los facultativos en situación de servicio activo en la Administración (Osasunbidea y Anticorrupción deberán encargarse de estos casos), se ha comprobado que no se autorizó a ninguna de las personas señaladas la compatibilidad de sus funciones públicas con actividad privada alguna», ha señalado Karrera.

Por su parte, la Oficina de Buenas prácticas y Anticorrupción de Nafarroa, vistos los expedientes tramitados, «confirma la situación denunciada por LAB, de tal forma que, ampliando el plazo en seis meses, se centrará en investigar en profundidad el alcance y consecuencias que se derivan de los hechos denunciados y que afectan directamente a Osasunbidea. Asimismo, analizará los expedientes de reintegro del complemento de exclusividad indebidamente percibido por quienes, a la vez, han ejercido una actividad privada», ha añadido el coordinador de LAB en Nafarroa.

«Dejar hacer»

Entrando en el detalle, Karrera ha destacado «el dejar hacer de Osasunbidea para cobrar el complemento de exclusividad y trabajar en clínicas privadas». En este sentido, ha recordado que la manera de funcionar, que ha calificado de «burda», consiste en «cobrar un complemento económico de entre 800 y 1.000 euros mensuales en compensación por dedicarse en exclusiva a la sanidad pública, manteniendo a su vez su actividad profesional en clínicas privadas y el oportuno beneficio personal económico doble. Conscientes, evidentemente, de la ausencia de control y dejación de funciones en relación al cobro de dicho complemento por parte de Osasunbidea».

Dentro de esa ausencia de control, ha puesto el acento en dos casos, con «una facultativa que cobra durante 4 años el complemento a la vez que ejerce su actividad privada, hecho expresamente prohibido por la normativa vigente». Tras la denuncia de LAB, «decide regularizar su situación con el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, que ascienden a 33.854,08 euros».

En otro caso que Osasunbidea «atribuye a ‘un error administrativo’», finalmente otra facultativa ha reintegrado una cantidad 38.530,68 euros «indebidamente cobrados», aunque las cantidades recibidas entre enero de 2016 y marzo de 2019 no se han reintegrado «porque habían prescrito», ha puntualizado Karrera. Así, «las denuncias de LAB han recuperado para la sanidad pública navarra, por el momento, más de 70.000 euros».

Otras casuísticas tienen que ver con la «elusión de la prohibición de ejercicio en el sector privado para jefaturas de Osasunbidea». En este caso, «tal y como denunció el sindicato LAB, se descubre una ingeniería en la contratación pensada para saltarse la voluntad del Parlamento de Nafarroa», ha explicado el portavoz del sindicato y consiste en que «Osasunbidea evita nombrarles como jefes. De este modo, sin nombramiento oficial y a pesar de cobrar más de 500 euros al mes por el ejercicio de labores de jefaturas a través de otro complemento llamado ‘de productividad’, a ojos de la ley no son jefes y, por tanto, no se les puede impedir su actividad en el sector privado».

«Según Osasunbidea, en esta situación se encontrarían 15 profesionales», ha indicado Karrera y aunque «era conocedora de muchas de las circunstancias denunciadas y posteriormente constatadas, nunca hizo nada».

En estos casos, «tanto Función Pública como la Oficina Anticorrupción desvelan que desde el año 2015 están abonando a profesionales el complemento de productividad por realizar labores de jefatura de secciones que no existen», ha añadido.

Finalmente, Karrera también ha destacado que «a ninguna de las 11 personas cuyos casos han sido denunciados se les autorizó la compatibilidad de sus funciones públicas con actividad privada alguna», por lo que «presentan al menos esta irregularidad tipificada como muy grave».

Sobre esta cuestión, ha señalado que «la directora de Función Pública, salvo en un caso, en el resto procede a declarar la compatibilidad que, ahora sí, tras la denuncia pública realizan los once profesionales. Sin embargo, no realiza ninguna investigación de los períodos anteriores que podrían ser objeto de sanción».

En vista de todo lo anterior, LAB cree que «la manera de actuar y las exigencias del Sindicato Médico de Navarra (SMN), Vox, UPN y también el Colegio de Médicos, que ha desatendido reunirse con este sindicato, responden exclusivamente a evidentes intereses corporativos y políticos, y perjudican a la dignidad de la profesión médica». Y que «esos intereses estrictamente corporativos y políticos han arrastrado al Gobierno de Nafarroa, a muchos profesionales médicos y especialmente a la sanidad pública a un callejón sin salida».

Poner fin a un «escándalo»

LAB exige al Gobierno navarro «que asuma sus responsabilidades y ponga fin al escándalo de Osasunbidea del que es responsable directo, tomando todas las medidas necesarias para ello».

También le pide que «cumpla con lo firmado con los trabajadores y trabajadoras de Osasunbidea y ponga en marcha una única mesa para monitorizar y controlar el cumplimiento de las normas de compatibilidad y exclusividad en relación a la actividad privada».

Finalmente, que «realice las funciones efectivas correspondientes al régimen de incompatibilidades a través de un sistema legal que garantice que toda persona que solicite trabajar en el ámbito privado efectivamente esté posibilitado para ello. Adquiriendo en base a ello y, con posterioridad, el complemento o no de exclusividad».