Assange pide recurrir su entrega a EEUU y alerta de que allí no tendrá un juicio justo
La defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha afirmado este martes que su cliente no puede ser entregado a Estados Unidos debido a que los delitos que le imputan son de carácter político, lo que violaría el Tratado de extradición británico-estadounidense de 2003.
La defensa de Julian Assange ha pedido este martes al Tribunal Superior de Londres permiso para volver a recurrir su extradición a Estados Unidos, aprobada por Gran Bretaña en 2022, sobre la base de que allí no tendrá un juicio justo.
El fundador de WikiLeaks, que está en prisión preventiva en el centro de alta seguridad londinense de Belmarsh, no ha podido asistir a esta audiencia al encontrarse enfermo.
Su hermano, Gabriel Shipton, ha señalado a las puertas de la Corte, ante una gran multitud que se ha manifestado en su apoyo, que su estado «es muy delicado». Su esposa, Stella Assange, declaró a Efe el pasado viernes que si pasa a manos de Washington morirá.
La motivación política del caso
Durante la sesión de este martes, los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson han escuchado los argumentos de la defensa y el miércoles le toca el turno a la Fiscalía británica –en representación de la Justicia estadounidense–, tras lo cual emitirán un dictamen de inmediato o en otra fecha.
Si acceden a la petición de Assange, se iniciará un nuevo juicio de apelación sobre aspectos del caso que la defensa no recurrió previamente en otro proceso en 2021.
Si se la deniegan, se activará el proceso de deportación a EEUU, que le requiere por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal, penados con hasta 175 años de cárcel.
Su abogado, Edward Fitzgerald, ha enumero los argumentos para justificar un nuevo recurso e invalidar la orden firmada en abril de 2022 por la entonces ministra del Interior, Priti Patel.
Ha explicado que la orden viola el Tratado de extradición de 2003 entre los dos países al ser los delitos imputados de carácter político, además de vulnerar sus derechos a un juicio justo y a la libertad de expresión, entre otros.
Según los documentos entregados al tribunal, la Justicia estadounidense solicita por su parte que se le impida recurrir y se ejecute su entrega, con el argumento de que el acusado cometió delitos de tipo penal al difundir en 2010 y 2011 información secreta del Gobierno estadounidense que, a su juicio, puso en peligro la vida de múltiples informantes.
Fitzgerald ha apuntado que el descubrimiento de una trama de la CIA para secuestrar o matar a su cliente cuando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres –entre 2012 y 2019– demuestra la motivación política del caso y ha pedido que esto se admita como prueba.
Consecuencias para la prensa
El letrado también ha incidido en que se trata de «la primera vez en la historia de Estados Unidos que un editor es procesado por obtener o publicar (en lugar de filtrar) secretos de Estado», y ha alertado de que tendrá graves consecuencias para la actividad periodística.
El equipo legal de Assange ha denunciado que Washington podría no reconocerle los mismos derechos de libertad de expresión que a un ciudadano estadounidense, al ser él de nacionalidad australiana, lo que, dicen, impediría que se hiciera justicia.
La defensa teme, además, el posible sesgo de un jurado en EEUU y que las autoridades del país puedan agregar ‘a posteriori’ cargos a su cliente, lo que vulneraría el principio de solo permitir la extradición por los delitos especificados en la orden internacional de arresto.
Assange, que es autista y sufre depresión y otras dolencias, lleva casi 14 años preso en Gran Bretaña pese a no haber sido condenado por ningún delito.
Tras ser detenido en 2010 a instancias de Suecia por un caso que quedó archivado, se refugió como asilado político en la embajada de Ecuador en Londres entre 2012 y 2019, tras lo cual fue arrestado a petición de EEUU y trasladado a Belmarsh.
Durante su encierro en la legación diplomática, tuvo dos hijos con la abogada sueco-española Stella Assange, quien lidera la campaña por su puesta en libertad.