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Indar Gorri marcha en Iruñea contra la represión tras el arresto de 61 de sus miembros

Una manifestación ha denunciado la operación en la que fueron arrestados 61 miembros de Indar Gorri, una macrorredada desacreditada incluso por el Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea.

Indar Gorri ha marchado por las calles de Alde Zaharra de Iruñea. (Iñigo URIZ | FOKU)

Indar Gorri se ha manifestado este viernes por las calles de Iruñea para denunciar represión política y policial tras la detención de 61 miembros del grupo la pasada semana.

La manifestación ha recorrido Alde Zaharra con una pancarta donde se podía leer ‘Errepresioari hortzak erakutsi’ y con bengalas y petardos.

«Seguimos soportando la represión policial. Mientras, el club, callado. Queremos decirles a nuestros amigos que no se preocupen por nosotros, a nuestros enemigos, que lo hagan. Sistemáticamente estamos siendo expulsados de El Sadar y el club mantiene su complicidad con la Policía», han declarado al término de la marcha.

Las detenciones se produjeron a raíz de los incidentes previos al partido entre el Real Betis y Osasuna celebrado el pasado 29 de octubre en Sevilla, aunque el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea desacreditó totalmente la macrorredada al recoger en su auto que los arrestados no portaban palos ni barras de metal y que estaban juntos porque era un desplazamiento.

Además, el juez tomó declaración a los detenidos y denegó la solicitud de prohibición de acceso a recintos deportivos a los sesenta seguidores de Osasuna.

«No ha lugar a adoptar la medida cautelar de prohibición de acceso a recintos deportivos», determinó el juez en el auto en relación a la demanda formulada en ese sentido por el fiscal el jueves, a la que se sumó LaLiga, que se personó en la causa.

El juez, al argumentar la decisión de denegar la medida, indicó que debe tenerse en cuenta que se trata de incidentes ocurridos hace más de cuatro meses sin que consten en las actuaciones otros hechos semejantes en los que se hayan visto involucrados.

Por otro lado, LAB denunció que la Policía española irrumpió en centros de trabajo «sin la debida autorización judicial».