Imanol Pradales enmendó a Aitor Esteban y a Gotzone Sagardui

En su intensa agenda electoral de ayer, el candidato del PNV, Imanol Pradales, lanzó varios mensajes efectistas, entre ellos algunos que enmiendan el trabajo de los diputados en el Congreso, como Aitor Esteban, y de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, mantiene cada día abundantes citas electorales con multitud de mensajs, y ayer, entre ellos, lanzó algunos que enmiendan el trabajo de los diputados en el Congreso, como Aitor Esteban, y de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

Por un lado, en materia de seguridad, Pradales aseguró que la CAV «es un país seguro» pero, como hay «algunos núcleos urbanos donde hay una percepción por parte de la gente de que ha crecido la inseguridad», propuso más presencia policial en las calles y la implicación de la Judicatura, para que «el que la haga, la pague», porque, a su entender, «lo que no puede ser es que, al de unas horas», se vea a los delincuentes «en la calle».

No es la primera vez que cargos del PNV, principalmente alcaldes, cargan contra los jueces por aplicar un Código Penal que no redactan ellos. Por ejemplo, en febrero de 2022, se produjo cierta alarma por un repunte de robos y hurtos en Donostia, y su alcalde, Eneko Goia, se quejó de que «en muchos casos se producen reincidencias y eso ya escapa de lo que es la actuación policial y pone el foco en otra institución que es el Poder Judicial».

En otro caso, ante agresiones sexuales, la alcaldesa de Barakaldo, Amaia Del Campo, también incidió en la idea de que determinados delincuentes entran en los juzgados por una puerta y salen por la otra, afirmando que «las fuerzas de seguridad ya han hecho su trabajo, ahora lo que todos esperamos es que el peso de la ley caiga sobre los culpables de este tipo de delitos». Añadió que «personas que agreden a las mujeres no pueden quedar impunes».

Pero la cuestión nuclear es que los jueces aplican, con más o menos acierto, un Código Penal que no redactan ellos sino que se hace en el Congreso de los Diputados. Por ello, Imanol Pradales, y los alcaldes con este tipo de demandas, podrían encauzar sus reivindicaciones hacia Aitor Esteban y el grupo parlamentario del PNV.

Reanima un ambulatorio en coma

Por otra parte, el candidato jeltzale a lehendakari también prometió ayer la apertura del nuevo ambulatorio del Casco Viejo de Gasteiz en la próxima legislatura, con una inversión de 15 millones de euros.

Una promesa llamativa, porque cabe recordar que sobre esta cuestión hay un acuerdo municipal de 2019 que desde Lakua se ha ido dilatando. En el camino, el pacto presupuestario con EH Bildu de 2022 comprometió 2 millones para este traslado, que luego no se cumplieron, y el de 2024, aprobado en solitario por PNV y PSE, lo limita a 500.000 euros.

Además, hace menos de un mes la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, insistió en que todavía el asunto está «en los pasos previos», puesto que «hay más de una institución implicada en el acuerdo, para poder concretar la disposición de los locales y, por lo tanto, a partir de ahí, iniciar la licitación precedente».

Unos días antes, el concejal de Hacienda, Jon Armentia, había asegurado que «no hay petición alguna» por parte de Osakidetza para ceder el antiguo hospicio de San Prudencio.

El ambulatorio da servicio a 18.000 vecinos del Casco Viejo y el barrio de Coronación y los usuarios llevan años denunciando un estado deficiente.

Moción de EH Bildu en Gasteiz

Precisamente ayer se conoció que EH Bildu presentará una moción en el próximo pleno municipal para impulsar esta demanda histórica de los vecinos del Casco Medieval y que el Ayuntamiento de Gasteiz se comprometa a solicitar una reunión urgente con el Departamento de Salud y Osakidetza, de cara a «desbloquear» el traslado del centro de salud del Casco Viejo al edificio del antiguo hospicio situado en la calle San Vicente de Paúl.

Rocio Vitero anunció que reclamará también que ambas instituciones firmen un convenio para propiciar el traslado del centro de salud «en el plazo máximo de seis meses, incluyendo un cronograma detallado de las acciones a realizar por cada una de las partes y blindando la financiación necesaria, para materializar el proyecto en el plazo más breve posible».