Piden 22 años de cárcel para el acusado de enviar cartas con explosivos a instituciones
La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé le acusa de un delito de «terrorismo» (10 años) y de otro de «fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos» (12 años), y pide también para él una medida de seis años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de cárcel.
La Fiscalía pide 22 años de cárcel para Pompeyo González, el exfuncionario del Ayuntamiento de Gasteiz de 74 años detenido en Miranda de Ebro por el envío en 2022 de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno español, a la ministra de Defensa, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a la embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé le acusa de un delito de «terrorismo» (10 años) y de otro de «fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos» (12 años), y pide también para él una medida de seis años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de cárcel.
Le reclama además el pago de una indemnización de 1.500 euros para el trabajador de la embajada de Ucrania que resultó herido al manejar la carta que envió allí el acusado.
«Pompeyo González Pascual, contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España, por el de los Estados Unidos de América, así como por otras instituciones radicadas en territorio nacional, con la finalidad de lograr variar esos posicionamientos y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española elaboró dichos artefactos en su domicilio de Miranda de Ebro», relata la fiscal en su escrito de acusación.
Considera además que la cantidad de explosivo empleada «y su disposición en el artefacto sería suficiente para producir lesiones de diferente consideración en función de la cercanía y los posibles órganos afectados».
El pasado 14 de abril, el juez del caso, José Luis Calama, dejó en libertad al acusado tras casi tres meses en prisión preventiva desde su detención en enero en la operación Konvert («sobre» en ucraniano).
Para garantizar su presencia en un futuro juicio, le impuso la obligación de comparecer cada semana en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y la obligación de fijar un domicilio donde ser localizado.