El juicio por Luhuso remarca el valor de la confianza y la colaboración en el desarme

El arranque del juicio de Luhuso en el Tribunal Correccional de París ha puesto en evidencia que el bloqueo de Madrid y París provocó que el desarme pasara de ser una voluntad expresa de ETA a una vocación colectiva que implicó a sociedad, electos y hasta representantes estatales franceses.

La Sala 16 del Tribunal Correccional de París acoge este martes tarde la primera de las dos sesiones previstas en el juicio en relación a la acción desobediente en favor del desarme organizada el 16 de diciembre de 2016 en Luhuso (Lapurdi).

La audiencia, que ha arrancado a las 13.45, ha estado precedida de una comparecencia, junto a los dos encausados, Jean-Noel Etxeberri 'Txetx' y Béatrice Molle-Haran, de una cuarentena de representantes políticos, intelectuales y miembros de la sociedad civil que se han desplazado a París para mostrar su apoyo a los dos artesanos de la paz y demandar su absolución.

Con ese apoyo cálido a las puertas del Palacio de Justicia, los dos encausados se introducían en el impresionante edificio acristalado que alberga el Tribunal Correccional de París.

En ese cortejo destacaban dos exaltos representantes del Estado francés. Se trata del exprefecto de Pirineos Atlánticos Éric Morvan y del ex ministro de Interior Mathias Felk, que ejercían en su cargo en el periodo del desarme.

Una imagen poco habitual a la entrada de una sala de audiencia y que da cuenta del carácter extraordinario de la causa que se juzga en la capital francesa.

Lectura de los cargos

La vista ha arrancado con la lectura a los dos encausados de los cargos que se les imputan, y que se resumen en los delitos de «transporte y depósito de explosivos con objetivo terrorista» en el caso de Etxeberri y en la imputación de «depósito de armas y explosivos con objetivo terrorista» en el caso de la dueña de la casa, la periodista Béatrice Molle-Haran.

Tras abandonar la sala los testigos que prestarán declaración en esta causa, la juez ha hecho un resumen de los principales elementos de los que se nutre la causa.

Ha evocado, como punto de partida, el informe elaborado por la DGSI (Dirección General de Seguridad Interior) alertando de un acto de desarme en Luhuso que dio paso a la intervención de la Policía antiterrorista (Raid), que detuvo a los activistas.

La presidenta del tribunal ha enumerado después la lista de armas que fue hallada por la Policía en Luhuso. La magistrada ha hecho una exposición exhaustiva sobre las características y funcionalidades de esas armas con algunas acotaciones, del tipo «eran antiguas» o «llevaban tiempo fuera de uso», lo que no le ha impedido, apoyándose en el informe de expertos, remarcar el «carácter profesional y la potencialidad» de dicho arsenal de ETA que incluía fusiles, cohetes, material para la fabricación de explosivos o pistolas.

La magistrada ha descrito con detalle el escenario, la localización de los elementos destinados a filmar la escena, dando cuenta además de la incautación de distintos documentos, en su mayor parte hechos públicos por los propios activistas.

Entre esos materiales figuraban, ha dicho, imágenes tomadas con el móvil de Txetx Etxeberri la víspera, en preparación de ese escenario que, según ha aclarado en su posterior declaración ante el tribunal, no era clandestino ya que iba a ser filmado, para enviar las imágenes al Gobierno francés.

En caso de que Matignon no reaccionara al «envite», la intención de los activistas era significar ante la opinión pública, mediante rueda de prensa en París, que la sociedad civil había tomado en sus manos el desarme «ante la irresponsabilidad de los estados».

Molle-Haran asume la acción en su totalidad

Béatrice Molle-Haran ha sido la primera en declarar ante la juez haciendo un recorrido por su trayectoria profesional y vital.

Molle-Haran ha reconocido que puede parecer una persona privilegiada, por su situación socioeconómica, pero ha defendido, aludiendo a los valores de compromiso en que fue educada por su familia que, «cuando se cree en la paz, hay que dar el paso».

Ha desvelado, así, que la Policía le sugirió durante la detención que «podía haber elegido irme de crucero a la isla Mauricio». Sin embargo, se embarcó en «una acción por la paz» de la mano, ha remarcado, de «unos militantes ejemplares».

Molle-Haran ha desvelado que la Policía le sugirió que «podía haber elegido irme de crucero a la isla Mauricio». Sin embargo, ella prefirió embarcarse en «una acción por la paz», de la mano de «unos militantes ejemplares».

Ha explicado además que en esa misma sala en que se iba a realizar el acto por el desarme se celebraron en décadas precedentes reuniones, de las que su difunto marido, el dirigente jeltzale Ximun Haran, albergó los diálogos mantenidos por líderes políticos y hasta funcionarios públicos franceses, «que tenían siempre de fondo esa búsqueda de la paz que se ha negado a mi pueblo durante 80 años de conflictos y violencias», ha remachado.

Se ha emocionado al evocar la figura de los tres artesanos ya desaparecidos, en especial al nombrar al que la propia presidenta del tribunal ha apelado en un momento con el nombre por el que se le conocía en su círculo militante: «Berhoko» (Michel Berhokoiriogoin, sindicalista y agricultor de Gamarte ya fallecido).

«No era para celebrar una reunión en torno a una mesa sino para depositar armas para lo que usted dio su consentimiento», le ha cortado la juez, que se ha apoyado en publicaciones de prensa, y en especial en 'Mediabask', para realzar su enfoque sobre la operación de los artesanos de la paz.

A preguntas de su abogado, la artesana de la paz ha ido más allá de lo que declaró tras su detención en 2016. Siete años después en sede judicial, se ha solidarizado plenamente con la acción y ha reconocido saber qué contenían aquellas cajas que depositaron en su casa sus compañeros de acción.

La artesana ha expuesto ante la juez cómo se encargó de llevar a su casa a varias de las personas relacionadas con la acción desobediente. Otra de ellas, Mikel Epalza, no participó finalmente en la acción, y Michel Tubiana no llegó a la cita.

Ya a esas horas –primera hora de la tarde del 16 de diciembre– Etxeberri habría alertado a sus compañeros de que la acción que planeaban podría estar en el foco de la Policía. Con todo decidieron seguir adelante.

Molle-Haran ha asumido, hoy, el cáracter de revulsivo de Luhuso, y ha subrayado que  su confianza en «esas personas remarcables» le llevó a implicarse en la acción.

Al final de su intercambio con la imputada, la presidenta del tribunal ha leído ante la sala un correo remitido por el presidente del Consejo General del Departamento de Pirineos Atlánticos, el centrista Jean-Jacques Lasserre, en la que destaca el «perfil pacifista» de Molle-Haran y solicita al tribunal su absolución.

A preguntas del Ministerio Público, Molle-Haran ha destacado el carácter inédito del desarme con el apoyo de la sociedad civil. Y también ha explicado que ese proceso contó con «la implicación fuerte» de quien fuera interlocutor de ETA con el Gobierno español en Oslo, David Pla, cuyo nombre ha sacado a la palestra la fiscal.

Como único precedente, en suelo de Ipar Euskal Herria, de un final del accionar armado, la periodista hendaiarra ha tirado de memoria histórica y ha evocado el abandono de la lucha armada por ETA (pm) que, ha matizado, «nunca entregó sus armas».

A preguntas de su abogado, la artesana ha confirmado, como se ha dicho anteriormente, lo que no declaró a la Policía en 2016. Ha dicho que sabía que habría armas en su casa para proceder a un acto colectivo en favor de la paz mediante la neutralización de un lote de armas. Se ha alineado completamente con una acción que, a la vista de los acontecimientos posteriores –desarme y fin de ETA–, «sirvió al objetivo de avanzar hacia la paz».

Etxeberri da detalles de los distintos actos de desarme

Jean-Nöel Etxeberri ha analizado en su declaración los inicios de la desobediencia civil en Ipar Euskal Herria, con alusión a la repatriacion de los sillones que ocupan en el Departamento de Pirineos Atlánticos los electos vascos para reclamar un departamento propio.

Desde ahí, se ha adentrado en el devenir del proceso de paz a partir de la Conferencia de Aiete, en 2011.

Ha reconocido que esperaba que el diálogo entre ETA y los estados permitiera consolidar el escenario de paz. Sin embargo, pasados cinco años, se fue instalando la preocupación por el bloqueo en materia de desarme pero también en la política penitenciaria.

«Nos inquietó el recuerdo de treguas fallidas y teníamos miedo de que, aun siendo muy minoritaria, se reforzara una opinión disidente, y nos preocupaba también lo que podía pasar con las armas en un escenario de atentados yihadistas», ha explicado Etxeberri, para decir que fue esa preocupación de contexto el punto de arranque de ese plan de «hacer algo» que se materializó en Luhuso.

Priorizaban, ha remacado, la vía de los verificadores y ETA, ya que se les comunicó que «había abierta una vía que llegaba al Eliseo», pero cuando ese canal también se obstruyó, los artesanos confirmaron a ETA su voluntad de colaborar en un desarme «con la condicion de ir a un desarme total y no a hacer una acción simbólica».

Ha destacado, basándose en los escritos cruzados con ETA, que el plan en sus distintas versiones siempre respondió a ese objetivo final.

«Necesitábamos que nuestro acto se entendiera perfectamente, sin dar opción a que nos presentaran como militantes de ETA, y por eso pusimos por escrito nuestra filosofía, y la repartimos a diferentes personas», ha expuesto Etxeberri

«Necesitábamos que nuestro acto se entendiera perfectamente, sin dar opción a que nos presentaran como militantes de ETA, y por eso pusimos por escrito nuestra filosofía, y la repartimos a diferentes personas, de acuerdo a nuestra propia agenda de contactos, que incluía a una persona de Mediabask», ha expuesto.

Comunicar y dialogar

A Etxeberri le detienen, de hecho, instantes después de enviar por Twitter mensajes dando cuenta de que la acción policial venía a interrumpir esa «acción colectiva y de compromiso» de la sociedad civil que, siguiendo los consejos de Tubiana, evitó destruir las armas y se limitó a ponerlas fuera de uso, con una máquina perforadora, «evitando que se nos achacara querer impedir que la Justicia pudiera investigar sobre esos materiales».

El artesano ha detallado después todos los pasos dados, «por estado de necesidad» ante esa no implicación «incomprensible» de los estados, para hacer posible el desarme.

Ha hablado de los contactos con las autoridades francesas previos al 8 de abril de 2017 y también de las dos entregas de armas posteriores, que tuvieron lugar en febrero y abril de 2018, a partir de «una relación de confianza» asentada en el diálogo fluido y, en lo que al aspecto operativo, con la colaboración imprescindible y expresa de la Policía francesa.

Como con Molle-Haran, la fiscal ha preguntado a Etxeberri por qué no puso en conocimiento previo de las autoridades sus planes.

«No lo hicimos precisamente, para poder hacer Luhuso, porque de haberlo comunicado nos habrían impedido hacerlo, como ya hicieron durante cinco años con el desarme a cargo de ETA, pese a disponer incluso de una verificación internacional», ha apuntado.

En el cruce dialéctico con la fiscal, Etxeberri ha mostrado su solidaridad con todas las víctimas, «porque la Justicia solo ha tenido en cuenta a algunas y, por si fuera poco, más de diez años después del final de la acción de ETA, ahora solo propone como alternativa que los presos vascos sigan hasta 2050 en prisión, una opción contraria a la paz y a a construcción de la convivencia».

Ha evocado, desde la experiencia personal, y con una fuerte carga emocional, «los horrores vividos, sin salir del barrio en que vivo, en Baiona Tipia» en los años de la «guerra sucia» de los GAL.

La implicación del Estado, reivindicada en sede judicial

Tras la testifical de Etxeberri y Molle-Haran, ha arrancado el turno de los testigos. El primero en tomar la palabra ha sido el exprefecto de Pirineos Atlánticos, Éric Morvan.

«Si no hubiera contado con la autorización de la justicia no habría podido hacer nada», ha aclarado a preguntas de la defensa Morvan.

Ha confirmado así que las garantías de que no habría detenciones el 8 de abril (Jornada del Desarme) emanaron de sede judicial.

Preguntado por su vivencia de ese momento histórico, Morvan ha evocado el trauma personal que vivió con la muerte del prefecto Érignac en Corsica.

Desde esa vivencia, pero también desde su experiencia previa como subprefecto en Baiona, «tuve la inmensa suerte -ha declaradoe- de estar en el buen momento de la Historia». Ha saludado, al tiempo, «la confianza y el pragmatismo» como claves en un proceso como el desarrollado en Euskal Herria para dejar atrás el ciclo de la violencia.

Tuvo varios interlocutores entre los artesanos de la paz pero labró una relación de confianza especial con Etxeberri, que fue quien le contacto con vistas al 8 de abril.

«Nunca percibí la mínima veleidad terrorista en Etxeberri» ha aseverado el exprefecto Morvan, para añadir que tampoco dudó de que la iniciativa que planteaba era una aportación a la paz».

En la misma línea, el exministro de Interior, Mathias Fekl, ha recordado el contexto en que fue nombrado y en el que debió gestionar el desarme de ETA.

«Me ha tocado recibir muchos féretros de víctimas de terrorismo en los aeropuertos», ha aseverado, sumándose a lo dicho antes por Morvan en la línea de remarcar -pese al enfado de la fiscal- que ETA no era en 2017 un problema de seguridad de primer orden para el Estado francés, lo que no obviaba para que «fuera conveniente acabar bien las tareas pendientes».

De ahí que, animado por el ecologista José Bové y la senadora socialista Frédérique Espagnac, Mathias Fekl participara, con la protección del primer ministro Bernard Cazenave, en «la aplicación de un esquema gubernamental» que tenía, ha dicho, dos pilares básicos: el primero, el respeto al marco legal y a la decisión judicial, y el segundo, las garantías de seguridad.

La cuestión no era baladí, ya que el 8 de abril «acarreó un importante despliegue policial -ha explicitado Fekl- porque de lo que se trataba era de evitar daños».

Los dos representantes estatales han remarcado que fue la Fiscalía la que fijó las garantías, que evitaron que hubiera detenidos y aseguraron «un desarme ordenado».

Una alusión a la colaboración de la Justicia que ha incomodado al Ministerio fiscal, mientras que la presidenta del tribunal se ha limitado a dar la palabra y a despedir con el saludo protocolario acorde a su cargo a los dos exresponsables estatales.

Otros testigos

A la declaración de los dos representantes estatales ha seguido la del profesor de Derecho, Pierre Massias, que en su intervención ha defendido la lógica del arreglo negociado y ha preconizado la justicia transicional.

Tras él, el alcalde centrista de Baiona y presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, ha recurrido a la textualidad de la Declaración de Aiete (2011) para recordar que reclamaba la implicación de los estados -que no dio, acota- y también otorgaba un papel a la sociedad en la consolidación de la paz y la construcción de la convivencia.

Una voluntad ratificada en la Declaración de Baiona (2014), pero que no consiguió el anhelado «deshielo» entre ETA y los estados.

En diciembre de 2016 cuando se produce la acción de Luhuso «a preocupación se había instalado en la sociedad».

A primera hora del 8 de abril, ha relatado, recibió en el Ayuntamiento a los expertos internacionales y a los artesanos para la entrega de los datos de localización de arsenales. El desarme se había materializado con la ayuda de varios centenares de voluntarios.

Había tenido «la sensación» de que se podría llevar a buen puerto el desarme tras entrevistarse meses antes con el primer ministro Cazenave.

«Ni el 8 de abril ni la posterior disolución de ETA habría sido posible sin el 16 de diciembre en Luhuso», ha completado el presidente de la primera institución de Iparralde.

La exdiputada socialista, Sylviane Alaux ha remarcado al tribunal «la honestidad e integridad» de las personas que se implicaron en Luhuso, con las que construyó «un clima de confianza y respeto mutuo».

Alaux fue una de las personas que recibió la información previa con los objetivos de la acción, según ha revelado al tribunal.

Alaux tomó parte, junto a decenas de voluntarios, en la tarea de vigilancia de uno de los puntos claves de la Jornada de Desarme, concretamente en Senpere.

El alcalde de Hendaia y también miembro del PS, Kotte Ezenarro, ha sido el último en tomar la palabra, para reiterar, en la línea de los precedentes testigos, el valor de la confianza y de la colaboración como ingredientes básicos en la búsqueda de la paz.

Ha recordado que es hijo de refugiados de la guerra de 1936, y recordado que ese trauma histórico, pero también la acción de ETA y también de grupos paramilitares, «dejaron hondas heridas en una ciudad fronteriza como Hendaia». Seis víctimas del terrorismo de Estado murieron en Hendaia, ha recordado Ezenarro para evocar ante el tribunal «los documentos de la CIA que señalan que Felipe González autorizó los GAL».

Ese pasado difícil dio paso a una nueva esperanza en Aiete, ha dicho el primer edil hendaiarra, para, a partir de ahí, defender lo actuado desde entonces, por electos y sociedad civil de Ipar Euskal Herria, en favor de la paz.