PNV, Junts y la derecha española impiden que el Congreso declare la emergencia habitacional
PNV y Junts sumaron sus votos con PP, Vox y UPN para impedir la aprobación en el Congreso español de una iniciativa presentada por EH Bildu para declarar la emergencia habitacional. «Sobran las excusas, las dilaciones y las demoras ante una realidad dramática», manifestó el soberanista Oskar Matute.
Los diputados de PNV y Junts, así como Alberto Catalán (UPN), sumaron sus votos a PP y Vox para rechazar una iniciativa propuesta por EH Bildu para declarar la emergencia habitacional, tras el debate desarrollado el martes por la tarde y en una votación a última hora.
La proposición no de ley de EH Bildu, defendida ante el Congreso español, por Oskar Matute, instaba a todas las administraciones públicas e instituciones, en ejecución y respeto de sus competencias, a «tomar el derecho a la vivienda como eje prioritario de las políticas públicas, desarrollando para ello leyes y planes específicos de vivienda ambiciosos que contemplen todas las medidas necesarias en los diferentes ámbitos y escalas institucionales para alcanzar el objetivo de asegurar el derecho subjetivo a una vivienda digna y asequible para todas las personas».
Durante su intervención ante el pleno, celebrado entre el martes y el miércoles, Matute recordó que «nadie desconoce la dificultad de intentar acceder a una vivienda, que nadie ignora que intentar acceder a una vivienda es un acto más de ficción, o incluso quimérico, por eso probablemente es la principal preocupacion o una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas, y así lo contrastan y lo avalan los estudios sociológicos y las encuestas».
Matute recordó que una persona joven tiene que destinar el 93,4% de su salario neto al pago del alquiler, y ha preguntado a los parlamentarios «cómo se puede vivir con el 6,6% restante». «Y quien decide vivir, porque no le queda otra, compartiendo piso tiene que pagar más del 40% para pagar la habitación, rompiendo así con un consenso general básico que decía que por encima del 30% de la renta personal estamos entrando en situaciones de peligrosa vulnerabilidad social».
«Esa es la radiografía que muestran los datos, y es un problema estructural, porque obedece a una lectura de la economía donde el derecho a la propiedad de la vivienda pasa por encima del derecho a acceder a una vivienda digna, pasa de la capacidad que pueda tener el poder público para facilitar el derecho a una vivienda digna a todos y todas», añadió antes de recordar que la Constitución española establece una «jerarquía de derechos», poniendo a la propiedad privada por encima del derecho a la vivienda.
Denunció que esto «sustenta un modelo fallido que sigue lastrando las condiciones de vida de la mayoría social trabajadora, y que sigue haciendo que la vivienda sea una aspiración, una sueño irrealizable para la gente». «Quizás este es el momento de darle la vuelta a la situación, hay una oportunidad», manifestó, incidiendo en que «sobran las excusas, las dilaciones y las demoras ante una realidad dramática que necesita de soluciones integrales, efectivas y rápidas».
Finalmente la proposición del grupo soberanista vasco de izquierdas se votó punto por punto de forma separada y ninguno de ellos recibió el respaldo suficiente para salir adelante.