La política fiscal vuelve a ser el debate ausente de la campaña electoral

Una campaña electoral no debe ser el marco más apropiado para hablar de fiscalidad. Y que el Parlamento de Gasteiz apenas tenga competencias tampoco ayuda, pero los partidos se han desentendido casi completamente de las cuestiones tributarias. Pocas concreciones y algunos puntos en común.

Hace unos días, un miembro del Partido Socialista Húngaro, Gyula Hegyi, defendía en un debate que la victoria de Robert Fico en las legislativas y la posterior victoria de Peter Pellegrini en las presidenciales no solo tenía que ver con la guerra en Ucrania, que también, sino sobre todo con la política de izquierda de Fico y la vuelta a un sistema impositivo progresivo, como ya hizo durante su primer mandato. Argumentaba que la gente está cansada de oír que la economía va bien y experimentar a cada paso que la vida es cada vez más cara y difícil. De ahí que, a su juicio, la gente apostara por dar una oportunidad a aquellos que planteaban repartir los beneficios del crecimiento económico.

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que en Euskal Herria los impuestos no suelen ser un tema de campaña. Los estrategas electorales deben considerar que hablar de impuestos resta votos, aunque el ejemplo eslovaco puede servir de contrapunto a esa creencia.
 
El único intento lo protagonizó el candidato del PNV, Imanol Pradales, a cuenta de la revisión de las deducciones a la vivienda. En realidad fue más un intento de asustar a los votantes con aquello de que «os va a meter la mano en la cartera» que un verdadero debate sobre fiscalidad. De hecho, esa posible revisión de las deducciones aparece hasta en los documentos oficiales de Lakua, como explicó Iñaki Iriondo.

Sin embargo, la política en realidad es una constante elección entre medios y fines: o se cobran impuestos para invertir, por ejemplo, en Osakidetza o en I+D; o se opta por recaudar menos dando incentivos fiscales y reduciendo el papel de la Administración pública en la provisión de bienes públicos. En este ámbito, existen muchas elecciones posibles de las que apenas nada se habla.

El papel de los impuestos

La cuestión de los tributos tiene, además, bastante enjundia. Alguien podría apuntar con razón que el Gobierno de EEUU, por ejemplo, no recauda para gastar: basta que el Congreso autorice el gasto y el Tesoro ya se encarga de emitir los dólares o la deuda correspondiente. Así se han aprobado paquetes de ayuda a Ucrania o Israel sin preguntar demasiado de dónde salían esos recursos. El Gobierno de EEUU puede hacerlo porque es un Estado soberano con una moneda propia y, siempre que respete ciertos límites, la emisión de dinero no tiene que tener consecuencias catastróficas. De hecho, en la actualidad acumulan una deuda pública estratosférica, pero de momento, nadie rechaza un dólar.

Ni Euskal Herria, ni siquiera los estados de la zona euro tienen una moneda soberana. La emisión de moneda está en manos del BCE, lo que obliga a los estados, y por supuesto a las entidades inferiores, a cuadrar sus cuentas, es decir, que para gastar necesitan recaudar impuestos. Y esa combinación de ingresos y gastos debería constituir un importante apartado en cualquier programa electoral.

Sin embargo, no es así. En general, apenas se dedica al asunto algunas líneas. También es cierto que la configuración de las instituciones vascongadas no ayuda a que se debata sobre fiscalidad y reparto de la riqueza. El Gobierno de Lakua es el que asume la mayor parte del gasto, sin embargo, no recauda impuestos, sino que lo hacen las diputaciones forales. No obstante, como señala el programa de EH Bildu, esto no agota las opciones tributarias del futuro Gobierno de Lakua.

De los programas electorales, los únicos que han actualizado sus propuestas para estos comicios han sido PNV y EH Bildu y en ellos centraré los siguientes apartados.

Los incentivos fiscales del PNV

Más allá de lugares comunes sobre una gestión eficiente y equitativa de los recursos públicos, prácticamente todas las menciones que hace a la política fiscal se reducen a ofrecer incentivos fiscales.

En el apartado de vivienda, por ejemplo, por un lado, para movilizar vivienda vacía: «Incentivos fiscales dirigidos a los arrendatarios...». Por otro, para la compra y el alquiler: «Mantendremos, en coordinación con las haciendas forales, las deducciones fiscales en la declaración de la renta para la compra y alquiler de vivienda habitual...».

Se pueden encontrar propuestas relacionadas con incentivos fiscales en prácticamente todos los apartados del programa: la respuesta al reto demográfico, el apoyo a la familia y el fomento de la natalidad, juventud y emancipación, sector primario, economía verde y circular.

El apartado dedicado a la industria es de los más elaborados del programa, y recoge un buen número de incentivos fiscales: para apoyar la «inversión industrial generadora de empleo», para la internacionalización, para tecnología e innovación. Una visión neoliberal que reduce el peso del Estado y cede todo el protagonismo al sector privado.

La reforma fiscal de EH Bildu

La coalición independentista sí dedica un apartado específico de su programa a la política fiscal y señala claramente que aboga por una «reforma fiscal sólida que logre recursos públicos suficientes». Explica la necesidad de acometer una reforma fiscal en la evolución regresiva del actual sistema tributario, que «ha aliviado a las grandes fortunas y a las rentas de capital y ha orientado la carga a las rentas de trabajo y a los impuestos indirectos». Detalla, por ejemplo, que el Impuesto sobre Sociedades recauda el 1,2% del PIB cuando la media de la UE-27 es del 2,9%. Señala que la presión fiscal está 7 puntos por debajo de la media europea (33% frente a 41%). Una situación que demanda llevar a cabo una reforma fiscal para lograr un «sistema fiscal justo, progresivo equitativo y solidario».

En este camino propone dar más protagonismo al Órgano para la Coordinación Tributaria de Euskadi con la creación de una comisión de igualdad y quizás lo más interesante: «Estudiar la opción de formar una Hacienda Única entre los territorios históricos». Un planteamiento que a su juicio mejorará la gestión de impuestos, sobre todo en el caso de los indirectos, y la lucha contra el fraude fiscal.

Otra novedad es que propone estudiar la capacidad con la que cuenta el Parlamento de Gasteiz en el actual reparto competencial en aspectos como la fiscalidad verde o la tributación del lujo.

Tres puntos en común

A pesar del diferente enfoque de los programas, hay tres aspectos en los que ambos partidos coinciden. El primero es que apuestan por la fiscalidad verde. La diferencia es que el PNV aboga llevar el debate a las haciendas forales, mientras EH Bildu propone que sea el Parlamento el que legisle sobre esta cuestión.

En segundo lugar, ambos partidos están de acuerdo en que es necesario mejorar el actual sistema de Concierto Económico. El PNV aboga por «dos instrumentos de encuentro bilateral, la Comisión Mixta de Concierto Político-Cooperación y una Junta Arbitral, instancia previa a la vía jurisdiccional, con competencia para abordar los conflictos de competencia entre el Estado y Euskadi». EH Bildu, por su parte, destaca la necesidad de modernizar el Concierto Económico para corregir algunas carencias y propone avanzar en la bilateralidad.

En cambio, sí define aspectos competenciales en los que considera que hay que avanzar. En concreto, apunta solicitar competencias de desarrollo en IVA e impuestos especiales, fiscalidad internacional y desarrollo normativo e inspección de grandes empresas. Asimismo, incluye asumir la capacidad para abordar una hoja de ruta propia en déficit público y tributación.

El tercer aspecto en el que coinciden ambos programas es en el de la transferencia de la Seguridad Social. El PNV dedica todo un apartado de su programa, ya que la considera un «instrumento fundamental de protección social». Promete crear la Seguridad Social Vasca y señala que «lograremos el traspaso de las competencias del régimen general de la Seguridad Social, según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Gernika».

EH Bildu también dedica un apartado del programa a las pensiones y se compromete a «Ejecutar las medidas necesarias para que el Estado cumpla de una vez con la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social».

La transferencia de la gestión ofrece poco margen para el desarrollo de un sistema propio de pensiones que ambos partidos ven como necesario. A pesar de las diferencias en el modelo fiscal, coinciden en la necesidad de ampliar el ámbito de las competencias.