«‘Defensem la terra’ apela a preservar los bienes y retomar la lucha política»

La campaña catalana, marcada por los cinco días de reclusión de Pedro Sánchez, encara la recta final. La cita ha cogido en pleno proceso de debate interno a la CUP, que, aspira a recuperar influencia. Cuenta para ello con una nueva generación en la que destaca, entre otras, Laure Vega.

En pleno proceso de refundación, la Candidatura de Unitat Popular (CUP) ya muestra síntomas de cambio. No solo en cuanto a su discurso político, sino también en el relevo de su dirección, a la cual se ha incorporado una nueva generación de militantes crecidos en el independentismo y en las luchas sociales. Una de sus referentes es Laura Fernández i Vega (San Boi de Llobregat, 1991), más conocida como Laure Vega, escogida para figurar como número 2 por la demarcación de Barcelona en la lista que encabeza Laia Estrada para las elecciones al Parlament de Catalunya que tendrán lugar este próximo domingo, 12 de mayo.

Implicada en varios colectivos feministas, antifascistas o por el derecho de la vivienda del cinturón rojo barcelonés, Vega analiza las claves que podrían permitir a la CUP articular amplias mayorías progresistas en vistas a sacudir el tablero político y llevar Catalunya a un nuevo embate democrático con el Estado.

La CUP afronta el 12M en pleno debate interno, conocido como el ‘Procés de Garbí’. ¿En qué medida estos comicios suponen una interferencia para la organización?

Interfieren porque muchos debates no se reprenderán hasta septiembre. Pero tampoco es malo y, de alguna forma, la campaña ya refleja la necesidad de diferenciar el discurso interno de lo que proyectamos de puertas a fuera. Más o menos conscientemente, incorpora los mensajes que planteamos para la nueva etapa que surja a partir del día 12.

El lema escogido, ‘Defensem la terra’, ¿es una llamada a la resistencia ante la actual involución que se vive en términos sociales y nacionales?

Entendemos que, pese a estar lejos de la crisis de 2008, hay una involución en lo que se refiere a la distribución de la riqueza, pues repercute favorablemente en las grandes empresas, toda vez que supone un grave perjuicio para las arcas públicas y la clase trabajadora, que ha visto como se encarecían los precios. Esto ha coincidido con una ofensiva reaccionaria contra los avances sociales en los ámbitos feminista, de la vivienda o de los derechos colectivos. En los Països Catalans, lo venimos sufriendo con las sentencias que intentan acabar con la inmersión lingüística en la enseñanza obligatoria. ‘Defensa la terra’ es una apelación a preservar los bienes para retomar la lucha política.

¿El fin del Procés y la pandemia han contribuido a la actual situación?

Sin duda, porque la máxima según la cual cada uno puede con todo y que no importan las estructuras públicas, se ha desvanecido. Y, asimismo, la respuesta política no ha estado a la altura de las circunstancias. De manera que, si no iniciamos una transición justa, el país quedará en manos de sectores productivos que nunca han distribuido la riqueza. Tenemos que reapropiarnos de los bienes de primera necesidad y, ante la recentralización de competencias que aplica el Estado, ejercer el derecho de decidir en todos los ámbitos.

«La clave es contar con un gobierno que demuestre que el proyecto de República no está vacío de contenido, sino que el bienestar social va asociado a la emancipación nacional»

Aquí se cruza un relato contradictorio: por un lado, ERC esgrime que, bajo su mandato, la Generalitat ha incrementado el número de maestros, de médicos, de Mossos y de viviendas públicas, mientras la CUP considera que en estos aspectos ha habido un retroceso. ¿Cómo se conjugan esos discursos antagónicos?

Es evidente que no estamos en la etapa de Convergència i Unió, cuando Artur Mas emprendió recortes muy severos en educación o sanidad, pero tenemos un problema: el aumento de las partidas públicas no ha implicado una mejora de los servicios. A nuestro entender, había que limitar al máximo el sector concertado, que no aporta calidad a lo público ni se autosostiene como el sector privado. Prueba de ello es la delicada situación de la siderúrgica pública y la falta de un proceso de reindustrialización ambicioso. Lejos de ello, se ha optado por macroproyectos como los Juegos de Invierno o el Hard-Rock. Iniciativas al servicio de las grandes compañías que, mediante el trabajo precario y temporal, van a generar una riqueza que no revertirá en el país.

¿Pese a esas diferencias, hay margen de maniobra para que, conjuntamente con ERC y otras fuerzas, se dé un giro en materia social?

Creemos que sí, siempre y cuando se conciba el país en una perspectiva republicana, y en ese sentido, ya nos hemos encontrado con ERC y los Comuns cuando hemos debatido en torno a la Renta básica universal, la remunicipalización del agua o el impulso de una distribuidora pública. Si añadimos a estas propuestas la energética pública, la farmacéutica pública y otros organismos bajo control de la administración, es porque, para la CUP, la población no ha de cargar con precios inasumibles para cubrir sus necesidades básicas.

¿Es plausible implementar este modelo con el déficit fiscal que soporta Catalunya?

No decimos tenerlo para mañana, sino tender hacia esa nueva economía. Y de hecho, la Generalitat tiene formas de tasación y de control de tramos del IRPF para el 10% que tiene grandes rentas y patrimonios. Al margen de que cuenta con cooperativas y un tejido de pequeñas y medianas empresas que, ahora, se ven asfixiadas por las lógicas monopolistas del capital.

¿Para avanzar en ese rumbo es necesario empoderar a los sectores más depauperados y reconstruir el tejido que, antes de la pandemia y con el Procés, era el principal motor de cambio, no cree?

Es fundamental, ya que justamente en etapas de crisis es cuando se agudiza el discurso según el cual no hay más alternativa que aguantar. Sucedió durante la crisis financiera de 2008 y también en el momento que algunas dinámicas emancipatorias, sea el 15M o el proceso independentista, no llegaron a lo que se esperaba. Al contrario: se entró en un clima de resignación y de resentimiento que la CUP quiere romper, pues un gobierno progresista y democrático ha de ser la expresión de los derechos que la sociedad organizada plantea conquistar.

¿Se dan las condiciones objetivas para reactivar la movilización o esto exige poner en marcha otras dinámicas?

La cuestión no radica en si habrá que esperar mucho o poco, pues en política los tiempos se comprimen o se alargan en función de las circunstancias. La clave es contar con un gobierno que demuestre que el proyecto de República no está vacío de contenido, sino que el bienestar social va asociado a la emancipación nacional, de manera que avanzar simultáneamente en los dos ejes es imprescindible. Sea para garantizar el derecho a la vivienda, o para poder decidir nuestro futuro colectivo. Esto nos serviría para ir a un embate democrático donde el pueblo ha de acompañar a las instituciones, porque por sí solas no podrán hacerlo.

«Para articular la mayoría social, hay que dejar la retórica discursiva y profundizar en la vertiente propositiva»

Tanto ERC como Junts han recuperado la idea del referéndum acordado o de alcanzar un sistema de financiación singular. ¿Estamos retrocediendo a viejas recetas o pueden ser un punto de partida para recuperar el consenso?

Sean las propuestas que sean, no habrá posibilidad de obtenerlas si no existe una correlación de fuerzas favorable. Por tanto, lejos de propugnar horizontes que después no se traducen en nada, apostamos por hacer posible que la mayoría de la población catalana se articule para hacer realidad estos y otros retos. Lo contrario es crear falsas expectativas y, en última instancia, alimentar la antipolítica.

¿El objetivo este domingo es recuperar la CUP como una fuerza influyente para conquistar estos derechos?

Ya ocurrió en su momento, cuando hicimos posible el referéndum de 2017 y la consecución de varias políticas en materia social. Pero la idea no es ejercer únicamente de tensor. Aparte de arrastrar los partidos hacia estos escenarios, queremos establecernos como una propuesta capaz de atraer a toda aquella izquierda que vea en la independencia el camino para hacer posible las demandas populares.

¿Es optimista al respecto?

Existe una mayoría social para crear un proyecto lo suficientemente potente para superar los obstáculos que el Estado español nos ponga en el camino. Pero para articularlo, hay que abandonar la retórica discursiva para profundizar en la vertiente propositiva. Solo así lo podremos lograr, y el 12 de mayo debe ser un paso en esa dirección.