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Entrevista
Rock Hoacas
Unión Sindical de Trabajadores Kanakos y Explotados-USTKE

«La reforma del censo electoral amenaza la existencia misma del pueblo kanako»

El representante de la USTKE, otro de los miembros de la delegación internacional que acudió a los actos de 50 aniversario de la creación del sindicato LAB, no oculta que «el proceso de descolonización está amenazado» en Nueva Caledonia por una reforma del censo cuyo debate se retomará hoy en París.

Rock Hoacas (USTKE). (Iñigo URIZ | FOKU)

El largo y tortuoso proceso de descolonización de Nueva Caledonia entra en una nueva fase de la mano de un controvertido proyecto de reforma constitucional.

Francia ha hecho todo lo que está en su mano para evitar que nuestro país sea independiente. El Acuerdo de Matignon, de 1988, fue saludado como un acuerdo de paz, pero a la postre se empleó fundamentalmente para adormecer el país. En ciertos momentos Francia ha dado pasos más discretos en esa senda colonizadora, pero ahora actúa a las claras. Quiere minorizar al pueblo kanako, quiere que seamos minoría en nuestro propio país, que no podamos aspirar a gobernarnos, que no se puedan alcanzar mayorías independentistas.

El proceso de reforma constitucional desbordaría, en este sentido, los marcos del acuerdo de ratificación refrendado en 1998 en Nouméa.

El último reférendum contemplado en ese acuerdo (se celebró el 12 de diciembre de 2021)  no puede entenderse como concluyente, ya que no contó con la participación del pueblo colonizado, tal como lo describen las Naciones Unidas. Según la ley francesa, sin embargo, esa consulta se hizo, y con ella se completaron los tres referéndums contemplados en el acuerdo, con tres “no” a la independencia. Eso lleva a su Gobierno a pasar a la siguiente fase en la que aspira a aplicar la ley de la República igual en París que en Nueva Caledonia.

¿Por qué se aborda ese cambio de la Constitución?

Es un paso obligado, ya que los Acuerdos de Matignon tienen rango constitucional. Al mismo tiempo, de cara a cumplir el objetivo de desactivar, paso a paso, esos compromisos, la reforma del censo es una medida clave. Para la recolonización,  impedir a los kanakos, y más concretamente a los electos independentistas, acceder y gestionar las instituciones es una prioridad.

¿Esa reforma viene forzada también por la progresión del voto soberanista tanto en los referéndums como en las elecciones que se han celebrado en los últimos años en el archipiélago?

Como decía el general De Gaulle, Francia no tiene aliados, solo tiene intereses. Somos el cuarto productor mundial de níquel. París quiere que sus interlocutores en Nueva Caledonia sean electos que trabajen por la continuidad de su proyecto colonial. Por eso quiere cambiar el cuerpo electoral, para alterar las mayorías del país. Es una respuesta clara a la progresión del voto, del “sí” a la soberanía plena. En el primer referéndum no hubo tanta participación. Nuestro sindicato se desvinculó del proceso por las dudas sobre su limpieza, pero nos implicamos en el segundo. Logramos que no colonizados apoyaran a los kanakos, y se hizo patente que, frente a las políticas francesas, se ha ido conformando una alternativa amplia, liderada desde el campo independentista. París teme esa evolución histórica.

«Queremos construir un país para todos, con otro modelo social, un país ligado a su contexto natural, el Pacífico, y no atado a una lejana metrópoli colonial»

Hablamos de una reforma para un cambio de censo no acordado. Nada que ver con la precedente apertura del cuerpo electoral, acordada en la mesa de Nainville-les-Roches.

En el proceso de 1983 los colonizados aceptaron que gentes llegadas de otras latitudes, pero afincadas desde hacía largo tiempo en el país, pudieran decidir en total igualdad. Los kanakos compartieron, por así decirlo, ese derecho a la autodeterminación que les asiste como pueblo colonizado. Ahora hablamos de otra cosa.

Según la versión de la reforma que ha respaldado ya el Senado francés, los ciudadanos con nacionalidad francesa podrán votar si acreditan diez años de residencia.

Van a promover que gente del continente, que llegará con un puesto de trabajo asegurado, se instale en el país. En el caso de ejercer un puesto en la administración pública, esa persona ganará más por el mismo trabajo que un funcionario autóctono, lo que le situará en posición más favorable para acceder a la vivienda y a los bienes esenciales que son cada vez más inabordables para nuestros jóvenes. Ese es el contexto de esta reforma, por más que nos acusen de no aceptar la democracia o de querer discriminar a «otros franceses».

Las consecuencias no se limitan a la representación política, ¿pueden alterar los delicados equilibrios sociales, culturales, económicos?

Hay una fractura general. De una parte está el efecto en el proceso electoral. Y, por otra, los efectos múltiples que se derivan de una llegada de nacionales franceses, que ostentan en muchos casos puestos de responsabilidad. Ahora también van a decidir por nosotros y van a entrar en nuestras tierras ancestrales, siempre que necesiten construir una nueva infraestructura para desarrollar una actividad económica. La reforma amenaza la propia existencia del pueblo kanako.

Ha habido manifestaciones de distinto signo. La movilización va en aumento.

Se viven protestas que reunen a miles de personas. Hay un despertar popular. Quienes tratan de imponerse por la fuerza no deberían obviar el grave riesgo de desestabilización.

Si la reforma se aprueba, las elecciones provinciales de diciembre de 2024 se celebrarán en ese nuevo contexto. ¿Como interpretará el pueblo kanaky esa elección?

Como una provocación, porque hay una resistencia fuerte a esta reforma y porque, por experiencia, sabemos que cuando se da un aumento de la presión popular, los sectores pro franceses tienden a la radicalización. Todo eso hace que aumente el riesgo de confrontación. Hay una amenaza de de desestabilización que no debería ser obviada. El acuerdo de Noumea era un acuerdo para la descolonización. París quiere validar el resultado de un referéndum en el que no participó el pueblo colonizado. Vamos a invocar nuestro derecho a  construir un país para todos, con un modelo social diferente, que nos una a nuestro contexto natural, que es el Pacífico y no una metrópoli distante en miles de kilómetros. Esa voluntad prevalece y no nos puede ser arrebatada.