PSOE, Sumar y CC registran en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería

PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado este lunes la reforma de la Ley de Extranjería que permitirá trasladar a menores migrantes a otros territorios de manera automática. Esperan que el PP, que ha visto cómo Vox ha roto cinco gobiernos autonómicos por esta cuestión, al menos se abstenga.

Los grupos parlamentarios del PSOE, Sumar y Coalición Canaria (CC) han registrado este lunes la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería y han instado al PP a que facilite su aprobación. El debate de toma en consideración se prevé para el Pleno del 23 de julio, con una tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.

La iniciativa modificaría el artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados cuando el territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. Fuentes parlamentarias indican en que los grupos confían en, al menos, una abstención del PP para la toma en consideración.

La acogida de estos menores en distintas comunidades provocó una crisis entre el PP y Vox que supuso la ruptura de cinco gobiernos autonómicos de coalición entre las dos formaciones.

Según ha explicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en declaraciones a los medios, esta modificación va a permitir poner en marcha un mecanismo de acogida para la infancia migrante «de carácter vinculante y solidario» por todos los territorios del Estado español. «Lo que hemos observado hasta la fecha es que el mecanismo vigente, que tenía un carácter voluntario, no estaba haciendo frente a la situación que hay ahora mismo en Canarias. Casi 6.000 niños y niñas están en las islas», ha apuntado.

Asimismo, la ministra ha destacado que es «muy importante» la posición del PP para que la reforma salga adelante. «Lo que le toca ahora al Partido Popular, porque la pelota está en su campo, es ver qué hace el señor Feijóo, si se pone del lado de los derechos de la infancia o si sigue manteniendo las políticas ultra. Confiemos en que se ponga del lado de la defensa de los derechos de la infancia y de alguna manera facilite la aprobación de esta reforma del artículo 35», ha recalcado.

En cuanto a la posible aprobación de la reforma, Rego ha expuesto que esperan que sea «lo más rápido posible porque se trata de una situación complicada, una situación que requiere una respuesta urgente».

Mecanismo de acogida

Igualmente, la ministra ha precisado que la reforma lleva asociada el mecanismo de acogida aprobado por unanimidad en la conferencia sectorial del año 2022 por parte de todas las comunidades autónomas, que llevaba asociado además un mecanismo de financiación. «Con esta propuesta también se garantiza una financiación suficiente para hacer frente a esta acogida vinculante y solidaria por todo el territorio por parte del gobierno. Por tanto, tiene recogidos todos los ingredientes, entendemos, suficiencia financiera y garantías de suficiencia financiera», ha subrayado.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que, tras registrar la reforma de la Ley de Extranjería, «se acaba, en cierta manera, un proceso interno, difícil y complejo» y ha añadido que «es la única solución que da respuesta definitiva a que los territorios frontera tengan que acoger todos los menores que lleguen a su ámbito».

También ha recalcado que la propuesta preserva el interés de las comunidades autónomas y que la «base» es la Conferencia Sectorial. «Todas tienen voz y tienen voto, que tiene financiación porque lo que hacemos es remitir a la financiación aprobada en septiembre del año 2022 por la Conferencia Sectorial y además damos un plazo de tres meses por si se quieren cambiar esos criterios y hacer un nuevo plan», ha explicado.

Torres ha recordado Canarias tiene 6.000 menores migrantes no acompañados y que su tope son 2.000, por lo que tendrían que salir 4.000, que serían distribuidos en doce meses en el resto de las comunidades autónomas. Además, añade todos aquellos menores que llegasen actualmente con sus derechos preservados y filiados por los responsables jurídicos, serían derivados en un plazo de quince días.

«Por tanto, esta proposición es la solución, lo haremos con la máxima urgencia, con las peticiones pertinentes y apelo al apoyo de los grupos parlamentarios, para que esto se pueda aprobar en el Congreso y en el Senado a la mayor brevedad posible, por el interés del menor, que están hacinados en un territorio como Canarias o Ceuta», ha asegurado Torres en su intervención para añadir que «todos los menores tienen idénticos derechos, sean inmigrantes o no lo sean».

Decreto ley, «una irresponsabilidad»

En cuanto a la propuesta de Canarias de aprobar un decreto ley para que la acogida solidaria de estos menores se haga de manera inmediata, Torres ha dicho que el Ejecutivo «comparte la urgencia y la emergencia», pero ha agregado que también «hay que ser claros».

«Un decreto ley se lleva a un Consejo de Ministros cuando tenemos asegurados en principio los apoyos para su convalidación, que se tiene que convalidar en 30 días. En estos momentos, a día de hoy, no tenemos apoyos. El Partido Popular no ha manifestado su sí y otros grupos han dicho que no», ha apuntado. Además, ha dicho que «aparte de dejar en una inseguridad jurídica a los menores que pudieran haberse desplazado, también sería una irresponsabilidad»

En todo caso, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado que, si la tramitación de la proposición de ley «se tuerce», seguirán manteniendo la necesidad de aprobar ese decreto ley que sí pueda dar respuesta a corto plazo. «Todos somos conscientes de que la revisión de la Ley de Extranjería es necesaria. Tenemos que ser más ágiles, tenemos que ser más garantistas, pero, desde luego, ahora nosotros queremos que se entienda la emergencia, que tiempo hay de profundizar en el texto y en las modificaciones de la Ley de Extranjería», ha afirmado.

Clavijo también ha destacado que están «a tiempo» y que, con trabajo, considera que se puede conseguir «buscar un punto de encuentro con todas las fuerzas, en este caso democráticas, del Congreso de los Diputados y más aún aquellas que obviamente tienen una vocación de Estado». «Creo que después de la ruptura de Vox con los distintos gobiernos, el Partido Popular puede estar más libre para poder alcanzar acuerdos de Estado», ha señalado.

En esta misma línea, ha precisado que no se trata de un problema político ni un problema territorial, sino de «un problema y un drama humanitario». «Yo creo que ahí tenemos que dar una respuesta como país», ha añadido.

Optimismo

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha mostrado «optimista» porque «no pueden dar la espalda a este drama humanitario» que ha insistido en que «compete a todo el territorio».

En la misma línea se ha mostrado el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, que ha dicho que su formación confía en un trámite parlamentario «lo más rápido posible». «Pero tampoco le oculto que el Partido Popular tiene una responsabilidad en esto, el Partido Popular va a tener que tomar una decisión, aunque sea con su abstención, el Partido Popular tiene que decidir en qué lado está», ha subrayado.

Finalmente, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho que con esta reforma se trata de «atender a niños que salen de sus países escapando del hambre, de la guerra, de la miseria». «No son niños que vienen con machetes a violar a nuestras hijas como dice Vox», ha expuesto.

López también ha añadido que esperan que hasta el día 23 de julio, que se tramite en el Pleno, las formaciones políticas hagan «una reflexión de verdad». «No puede llenarse la boca hablando de solidaridad y de humanidad y luego no aprobar la ley que de verdad la lleva a la práctica», ha matizado refiriéndose al PP.