El PNV calla y será un juez quien determine si hubo delito en el derribo del palacete de Getxo
El PNV mantiene que actuó con «diligencia y rigor» en el caso del derribo del palacete Irurak Bat de Algorta, algo que rechaza la oposición, que ve con preocupación la «ocultación de información». La Fiscalía ha remitido el caso a los juzgados de Getxo para que investiguen si se ha cometido delito.
Tres horas de comisión, con 76 de las 104 preguntas formuladas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos contestadas, no han servido para despejar dudas sobre las irregularidades detectadas en el derribo de Irurak Bat, un edificio singular ubicado en el centro de Algorta que es historia desde agosto. Será un juez quien determine si hubo delito después de que, según fuentes jurídicas, la Fiscalía entiende que hay indicios de ilícito penal y ha remitido el caso a los juzgados de Getxo para que se investiguen.
La denuncia presentada por EH Bildu ante la Fiscalía ha estado este viernes muy presente en la comisión informativa extraordinaria de Territorio que se ha desarrollado en el Consistorio getxoztarra. Así, los ediles jeltzales Inaxio Uriarte Gorostiaga e Irantzu Uriarte Gómez, integrantes del Gobierno municipal y cooperativistas de Ereaga Atalaya, han esgrimido «motivos de prudencia» para no responder a 15 y 13 preguntas realizadas desde la oposición respecto a su vinculación con el proyecto inmobiliario.
No han estado presentes, contestando a las dudas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos por escrito. Ha sido la presidenta de la comisión, la jeltzale Janire Ocio, quien las ha puesto en su boca. Ha sostenido que conocer extremos de la relación de sus compañeros de partido con la cooperativa que ha derribado el palacete de la calle San Nikolas 11, o de cuándo informaron de su vinculación con el proyecto a la alcaldesa no eran procedentes, apostillando que son de índole «privado y personal».
Lo han cuestionado repetidamente los concejales de los grupos convocantes de la comisión y también el portavoz del PP, Eduardo Andrade, que ha deslizado que Irantzu Uriarte Gómez era una de las fundadoras de la sociedad cooperativa. «Puede haber una colisión entre lo público y lo privado», ha advertido Xabier Benito, de Elkarrekin Podemos.
Silencio de los cooperativistas
Los dos miembros del Gobierno municipal defienden su silencio porque hay un expediente sancionador que se instruye en el Ayuntamiento y, además, han tenido conocimiento «por los medios de comunicación» de la denuncia presentada ante el Ministerio Público por EH Bildu. El soberanista Ibon Rodríguez les ha recordado que lo anunciaron en el pleno pasado.
Otro argumento es que sus competencias no tienen que ver con el ámbito urbanístico, aunque es cierto que Uriarte Gómez participó y votó a favor de conceder la licencia el 18 de octubre de 2022 a Biurban SL, la empresa gestora que cedió el 28 de junio de 2023 la titularidad del permiso a la cooperativa Atalaya Ereaga, en Junta de Gobierno. Su compañero no tomó parte en aquella reunión.
Tampoco ha acudido a la comisión la alcaldesa, Amaia Agirre, que ha informado por escrito que tuvo conocimiento de que uno de los integrantes de su equipo pertenecía a la cooperativa el 9 de agosto –cuando se incoó el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística por las obras ejecutadas por Ereaga Atalaya– y otro el 6 de septiembre.
Por lo demás, el concejal de Disciplina Urbanística, Iñigo Urkitza; la presidenta de la comisión de Territorio y delegada de Infraestructuras y Obras y Servicios Municipales, Janire Ocio; la responsable de la Policía Municipal, Keltse Eiguren; y el de Planeamiento Urbanístico, Álvaro González, no se han salido del guion, tal y como sucedió en la comisión informativa del 19 de septiembre, defendiendo la «diligencia y rigor» de su gestión.
EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que valoran qué nuevas pasos van a dar para aclarar este caso y mejorar el funcionamiento del Área de Urbanismo, ven con preocupación la «ocultación de información» sobre algunas de las cuestiones que han planteado en comisión. Entienden que el Gobierno municipal se ha limitado a cumplir los «mínimos» y no ha brillado la transparencia.
Han criticado que, a pesar de que los interpelados conocían las preguntas con tiempo no han aportado datos o los que han dado han sido «vagos. «Es preocupante que no se haya explicado por qué durante ocho meses parte del edificio estuvo derribado sin permiso de obra y no se tuvo constancia», han señalado.
Como en otros casos
Los responsables municipales han manifestado que, en este caso, el Ayuntamiento ha procedido de idéntica manera que lo hace con cualquier otra licencia.
En relación a futuras acciones penales, han apuntado que será la instructora del expediente sancionador, quien en caso de detectar algún ilícito, lo deberá poner en conocimiento de la Fiscalía.
Respecto al futuro del patrimonio cultural y arquitectónico, González ha subrayado que el nuevo Plan General propone aumentar la protección de todo el patrimonio, llegando a los 499 bienes, que supone un incremento de casi el 50%.