El elevado precio acordado por los cuarteles de Loiola impide hacer más viviendas protegidas
El elevado precio pagado por los cuarteles de Loiola impide al Ayuntamiento de Donostia ampliar el número de vivienda protegida en esta operación, según reconoce el Gobierno municipal al responder a una propuesta de EH Bildu en la elaboración del informe para la declaración de zona tensionada.
El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Donostia reconoce que la negociación mantenida con el Gobierno español para la cesión de los cuarteles de Loiola y el posterior acuerdo alcanzado impiden ampliar el porcentaje destinado a vivienda protegida, que se ha fijado en el mínimo establecido por la ley, que es el 40%.
En una respuesta a las propuestas realizadas por EH Bildu para la elaboración del informe preceptivo para solicitar al Gobierno de Lakua la declaración de Donostia como zona tensionada –a la que ha tenido acceso NAIZ– el Ejecutivo municipal señala que el Ministerio español de Defensa accede a la venta de los cuarteles, «pero no lo hace por una preocupación por el problema de vivienda en Donostia, su único objetivo declarado es maximizar la rentabilidad y aprovechamiento de esos terrenos y venderlos al mejor postor. Los cálculos los realizan sobre una edificabilidad urbanística intensiva, y considerando la máxima ganancia económica».
Además de EH Bildu, presentaron propuestas para el informe para la declaración de Donostia como zona tensionada Elkarrekin Podemos, Elkartu, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa y el Colegio de Administradores de Fincas de Gipuzkoa y Araba.
73,3 millones de euros
De este modo, se reconoce que los 73,3 millones de euros que el Ayuntamiento deberá abonar por la compra de los cuarteles es una cantidad excesiva, pero que fue asumida por el Gobierno municipal.
Esta cantidad es tan elevada que, según el Gobierno de Eneko Goia impide que se pueda ampliar el porcentaje mínimo que fija la Ley del Suelo de la CAV. En la respuesta a EH Bildu, que reclamaba aumentar el ratio de vivienda pública, se señala que el Ministerio de Defensa ha valorado los cuarteles teniendo en cuenta la construcción de un 60% de vivienda libre, un 20% de VPO y un 20% de vivienda tasada.
El Ejecutivo donostiarra señala que ha planteado a Madrid elevar el porcentaje de vivienda protegida, «pero la respuesta del Estado ha sido que, si queremos elevarlo, no tienen problema, pero que la valoración del suelo viene referenciada a los estándares legales». Es decir, que para que la operación urbanística sea «rentable» no se puede aumentar el porcentaje de vivienda protegida. Si no, las cuentas no salen.
«No se puede comprar suelo a precio de libre para hacer vivienda protegida, no hay presupuesto que lo aguante», destaca el Gobierno municipal, que reconoce que aumentar el porcentaje de vivienda protegida «implica un enorme desequilibrio financiero de la operación, lo cual no es posible en términos de sostenibilidad financiera».
«Supera la capacidad financiera municipal»
«Un plan responsable no puede plantear medidas que superan, con muchísimo, la capacidad financiera municipal y compromete muy seriamente su estabilidad presupuestaria», añade el Gobierno PNV-PSE.
En la respuesta a EH Bildu, el equipo de gobierno señala que la protesta por esta situación no debe dirigirse contra el Ayuntamiento de Donostia sino que hay que apuntar hacia el Gobierno español, «que no está dispuesto a aliviar financieramente a Donostia en la compra de estos terrenos, siendo como es el municipio más endeudado de Euskadi en materia de vivienda». En cualquier caso, obvia que el Consistorio aceptó el precio fijado por Madrid. «Es un gran esfuerzo, pero merece la pena y es una inversión», señaló el alcalde Eneko Goia en noviembre de 2022, cuando dio a conocer el acuerdo de compraventa.
El Gobierno municipal de Donostia ha incorporado «con cambios» la propuesta de EH Bildu en el informe para la declaración de zona tensionada que debe enviar a Lakua, señalando que solicita «incrementar el porcentaje de vivienda protegida para los cuarteles de Loiola, en la medida en que se reduzca el precio de adquisición, y siempre con criterios de estabilidad financiera», algo que ha presentado previamente como imposible.
La entrega del informe a Lakua para la declaración de Donostia como zona tensionada se ha retrasado y todavía no tiene fecha, pese a que se consideraba casi inminente. Goia ha argumentado la complejidad del documento. Desde EH Bildu se destaca que el documento ya estaba acordado con la integración de las aportaciones realizadas incluida.