La sociedad civil se prepara para enfrentarse a Donald Trump

El presidente electo sigue anunciando nuevas nominaciones cada día. Mientras tanto, las organizaciones feministas y de derechos civiles han analizado los movimientos ocurridos en las urnas y se preparan para los recortes a derechos civiles que ha anunciado Trump en cuanto entre en la Casa Blanca.

La victoria de Donald Trump hace una semana es indudable. Por primera vez en 20 años, la victoria republicana en las elecciones legislativas, para controlar las dos Cámaras de Congreso, también refuerza esta idea. Pero cada vez surgen más matices en esta idea de «marea roja» (el color de los republicanos).

Trump fue el ganador inapelable de la elección presidencial. Ayer anunció que el congresista de Florida Mike Waltz será el asesor de Seguridad Nacional, y que el gobernador de Arkansas Mike Huckabee será el embajador en Israel. Trump cada día publica nuevos nombramientos, e intenta influir igualmente entre los congresistas electos, (o, más bien, les ordena claramente lo que tienen que hacer).

Mirando más detalladamente los datos, sin embargo, parece evidente que Trump consigue más votos que los candidatos trumpistas, que sí han conseguido escaños en estados republicanos, pero no terminan de ganar en la mayoría de swing states. A pesar de que en la urna presidencial los votos sean para Trump, Arizona, Carolina del Norte o Wisconsin son estados en los que los republicanos han fallado en la elección al Senado o a la gobernación del estado.

Algunos medios como Decision Desk HQ ya han declarado a los republicanos ganadores de la contienda a la Cámara de Representantes, mientras que AP o CNN aún no lo dan por matemático, a falta de uno o dos escaños para alcanzar la mayoría de 218. En cualquier caso, parece evidente que Mike Johnson seguirá de speaker de la Cámara Baja (Trump elogió a Johnson durante la noche electoral), y que también esta vez la mayoría republicana será bastante exigua. Pero no se notará tanto, ya que ahora mismo es el único de los poderes legislativos que ostentan (el speaker es el tercer mandatario del país, tras el presidente y el vicepresidente), mientras que a partir de enero controlarán tanto el Ejecutivo, encabezado por Donald Trump, como las dos Cámaras del Legislativo.

Ante esta situación, y sabedores de la agenda extremista con la que llegará a la Casa Blanca, los organismos de la sociedad civil vienen preparándose para la batalla judicial y política. Saben que tendrán que enfrentarse a la nueva situación en los juzgados, en los órganos de decisión inferiores (municipios, condados, estados) y, cómo no, en la calle. Ayer presentaron las conclusiones de la macroencuesta BSP Research realizada a 9.000 personas de distintas minorías por varios organismos de derechos civiles y a favor de distintos colectivos como la comunidad latina, asiática o indígena.

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

Los resultados muestran que, aunque en algunos aspectos la población estadounidense tiene similitudes, también hay importantes diferencias entre las preocupaciones y las prioridades de la ciudadanía blanca y la no-blanca. Así, el costo de la vida, la vivienda y el empleo fueron los principales argumentos de los votantes negros.

«Los encuestados están muy preocupados de que Trump vaya a promover el odio y la división y aliente la violencia»

Mientras tanto, el aborto fue una de las principales motivaciones para las mujeres en general, sin distinciones étnicas o de edad. El resultado muestra que «los votantes mostraron un apoyo enorme a las políticas progresistas, como el derecho al aborto, la inmigración o el cambio climático.

Asimismo, «hay una gran preocupación por la violencia política. En concreto, los encuestados están muy preocupados de que Trump vaya a promover el odio y la división y aliente la violencia. Esta preocupación es compartida por la mayoría de los ciudadanos negros, latinos, asiáticos y nativos, y también por cuatro de cada diez blancos», dijo Henry Fernández, del colectivo Afroamericano de investigación colaborativa AARC. En la comunidad latina, por ejemplo, se percibe que la principal motivación fue la economía del día a día, y destacaron lo poco que las campañas invirtieron en conseguir su voto.

Frankie Miranda, de la asociación Hispanic Federation, apuntó a un cambio de nueve puntos en el voto puertorriqueño tras la broma-insulto en la campaña republicana. «Algo casual que llegó con la campaña ya muy avanzada». Así, dos de cada tres puertorriqueños votaron a favor de Harris, tres puntos más que el resto de la población latina. Otras encuestas han mostrado un cambio mayor y una subida de la opción republicana. Según Matt Barreto, encargado de la BSP, en este caso se preguntó a mucha más gente que en las encuestas generales, aunque reconoció que sí ha habido un movimiento hacia Donald Trump.

PREPARACIONES ANTE LA LLEGADA DE TRUMP

«Cuando Trump regrese a la Casa Blanca, estamos listos para regresar a los tribunales y al Congreso para luchar por nuestras libertades civiles». Ayer el ACLU (Unión Estadounidense de Derechos Civiles) publicó toda una página en el “New York Times”, con un mensaje para el «estimado presidente electo Trump». Comenzaba así: «Somos la unión estadounidense por los derechos civiles, y no nos mudaremos a Canadá. Por tanto, esté seguro de que, cuando apunte a los inmigrantes, los disidentes, sus opositores políticos, nos enfrentaremos en los juzgados, en los congresos de los estados y en las calles».

Anuncio de ACLU para Trump en ‘The New York Times’: «No nos mudaremos a Canadá»

El ACLU recordaba las «demandas históricas» ganadas contra el expresidente por separar a las familias, por el censo de EEUU, y los derechos de los inmigrantes, «algunas de ellas fueron decididas por jueces nombradas por usted». A partir de 2016, la ACLU presentó más de 400 acciones legales contra Trump y su Administración, y llegó a movilizar a más de un millón de personas.

Asegura que volverá a ser un «cortafuegos» por los derechos civiles, y que ya ha preparado una hoja de ruta para defender derechos desde el primer día. «No somos nuevos en esto. Hemos estado aquí durante 105 años y hemos visto ir y venir a 105 presidentes. Por ello, cualquier intento de hacer retroceder las libertades civiles será duramente combatido con fuerza y se enfrentará a todo el poder de nuestra resistencia».

Ante la amenaza de deportaciones masivas y otras acciones contra los inmigrantes, los organismos de derechos civiles y sus equipos de abogados están preparando sus acciones. Maribel Hernández Rivera, responsable de ACLU para temas de frontera e inmigración asegura que «una de las cosas de las que estamos convencidos es que cuando la ciudadanía estadounidense se dé cuenta lo que significa esta amenaza, no van a apoyarla». Ante las deportaciones, «estamos listos para luchar, en el ámbito legal y en la calle». Recuerda que decisiones como cerrar la frontera a los musulmanes y separar a los niños de sus progenitores fueron políticas que terminaron siendo muy impopulares incluso para el propio Ejecutivo de Trump.

Otros organismos, como Unidos, están incidiendo en estos gobiernos locales y estatales para que no ayuden en las deportaciones e informen a los inmigrantes sobre los derechos que les asisten. Aunque la política migratoria es dirigida desde Washington, y el Gobierno federal tiene su competencia, las ciudades y los estados juegan un papel muy importante a la hora de llevar a cabo estas políticas. El gobernador de California, Gavin Newsom, ya ha anunciado que lucharán contra las políticas de Trump, incluida la migratoria. En los últimos días los gobernadores y representantes demócratas se han reunido para coordinar los esfuerzos ante la nueva situación política en el país.

La amenaza no se limita a la comunidad latina. Los musulmanes también conocen muy bien la criminalización. Arash Azizzada, activista por los derechos de los inmigrantes y fundador del grupo Afganos por un Mañana Mejor, aseguró a Al Jazeera que los nombramientos de Homan y Miller muestran que Trump está comprometido a llevar a cabo «sus promesas políticas más crueles y racistas».

«Lucharemos para defender a la gente recién llegada más vulnerable». «Es por esto por lo que urgimos a las ciudades y a los estados demócratas a que no cooperen con los responsables federales de inmigración, ya que deben convertirse en bastiones contra la maquinaria de la deportación con la que nos amenaza Trump».