La oposición considera una «burla» la sanción a la promotora que derribó el palacete de Getxo
El Ayuntamiento de Getxo impone una multa de 50.000 euros a la promotora de viviendas de lujo que derribó el palacete Irurak Bat, en Algorta. La oposición lo considera una «burla» e incide en que no se ha tenido en cuenta que era un edificio con protección municipal.

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De «burla» han calificado desde la oposición en el Ayuntamiento de Getxo la sanción de 50.000 euros impuesta a la promotora de las viviendas de lujo Ereaga Atalaya Sociedad Cooperativa que se van a construir en la calle San Nicolás número 11, en Algorta, tras el polémico derribo del palacete Irurak Bat.
PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos han destacado que no se haya tenido en cuenta que el inmueble de 1845 contaba con protección municipal, lo que deja en evidencia la posición de los responsables del Consistorio.
El Gobierno municipal PNV-PSE ha informado que la multa se debe a la demolición de las cuatro fachadas del singular inmueble «sin la preceptiva licencia urbanística», lo que concluyen que se trata de una infracción grave. Dada la naturaleza de la actuación, apuntan, se le ha impuesto la «multa máxima» prevista, incidiendo en el agravante del «grado de conocimiento técnico de las y los responsables de la actuación, así como la falta de adopción de las medidas necesarias para evitar el daño causado».
«La normativa urbanística establece que las infracciones graves pueden sancionarse con multas de entre 5.001 y 50.000 euros. En este caso, tras valorar las circunstancias, se ha impuesto la cuantía máxima permitida, atendiendo a la gravedad de la actuación y a la responsabilidad de los agentes implicados», han expuesto, indicando que la sanción se impone a la promotora, dirección de obra, arquitecto y constructora.
Los responsables municipales indican que en este expediente se ha procedido, como en otros casos de infracción urbanística, «actuando de manera firme y diligente para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la defensa de los derechos de la ciudadanía getxotarra». Ante esta resolución, cabe recurso de reposición en el plazo de un mes y recurso contencioso administrativo en dos meses.
Multa «irrisoria»
El PP ha considerado «irrisoria» la multa impuesta cuando, según su portavoz, Eduardo Andrade, la sanción podría haber sido más elevada tratándose de un edificio que tenía protección municipal, con lo que en vez de sancionar en una horquilla de 5.001 a 50.000 euros, habría sido de 50.001 a 500.000 euros, o el 150% del valor de las obras, según la Ley del Suelo.
EH Bildu ha afirmado que la sanción económica impuesta no compensa la pérdida de patrimonio histórico que supone el derribo del palacete Irurak Bat, que define de «irreparable». Los soberanistas de izquierdas sostienen que es necesario un «compromiso más firme» por parte del Ayuntamiento «para proteger el patrimonio cultural de Getxo y garantizar la transparencia en la gestión urbanística».
La coalición recuerda que exigió al Gobierno municipal que se personase como acusación popular en el procedimiento judicial abierto, propuesta que PNV, PP y PSE rechazaron, con el objetivo de «garantizar que se depuraran todas las responsabilidades y se adoptaran medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro».
Para Elkarrekin Podemos, se trata de una «burla» que «muestra el desinterés del Ayuntamiento por el patrimonio». «Solo han valorado que no había licencia de derribo, pero no que era un elemento protegido», han denunciado, recordando que ya habían advertido de que con el pago voluntario se quedará en 32.000 euros, «lejos de los 500.000 que podría haber sido».