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Aumentan un 38% los casos atendidos por SOS Racismo en Nafarroa, al superarse las 200 denuncias

Los casos atendidos en Nafarroa por SOS Racismo han aumentado un 37,75% en 2024, al superarse las 200 denuncias, según se recoge en el Informe Anual sobre el Racismo del año pasado en el herrialde. En el mismo, se indica que las vulneraciones de la Administración pública han subido al 76%.

Presentación del informe sobre el racismo en Nafarroa en 2024 realizado por SOS Racismo.
Presentación del informe sobre el racismo en Nafarroa en 2024 realizado por SOS Racismo. (Jagoba MANTEROLA | FOKU)

En 2024 se alcanzaron las 208 denuncias recogidas por la Oficina de Atención y Denuncias de SOS Racismo en Nafarroa, lo que supone un aumento del 38% de los casos atendidos por esta entidad respecto al año anterior.

Este es uno de los datos que figuran en el Informe Anual sobre el Racismo en Nafarroa en 2024, hecho público este viernes por la citada ONG y en el que se recoge que las vulneraciones de la Administración pública han subido al 76%, tras aumentar al 68% en 2023.

El estudio ha sido presentado por Agustín Cuevas, Marta de Castro y Beatriz Villahizán, con el primero destacando que el informe pone de relieve «la persistencia de la discriminación racial en distintos ámbitos», hasta el punto de que muestra «un patrón sistémico de vulneraciones de derechos contra personas migradas y racionalizadas», como sería el caso del «antigitanismo, que sigue vigente en la actualidad».

En el informe se alerta sobre «la precarización de la vida de muchas familias migrantes, algunas con menores, que han llegado a situaciones extremas como el sinhogarismo». Además, se recoge el impacto de «las necropolíticas migratorias» sobre centenares de jóvenes que migran solos y que son condenados a la exclusión y la incertidumbre jurídica. Y documenta «las condiciones laborales precarias que afrontan los obreros migrantes en la construcción del Tren Alta Velocidad».

Asimismo, figura «la dificultad de acceso al padrón y a procedimientos de regularización, lo que perpetúa la exclusión social y laboral», ha destacado Cuevas.

A continuación, se ha adentrado en los datos más concretos sobre el año pasado, donde, además del citado incremento de los casos registrados y de las vulneraciones de la Administración pública, figura «el aumento significativo en el porcentaje de personas atendidas en situación administrativa irregular, pasando del 41% de 2023 al 53% en 2024, lo que refleja un agravamiento de las barreras institucionales para la regularización de los derechos».

Ha insistido en el hecho de que los casos registrados en la oficina de SOS Racismo «no reflejan la totalidad del problema», ya que «gran cantidad de situaciones de racismo y xenofobia no llegan a ser denunciadas debido a la continua inacción, y falta de reconocimiento y reparación de esas situaciones». En este sentido, ha destacado que la Ley de Extranjería es «una de las mayores herramientas legales de discriminación».

Vulneraciones detectadas

El informe recoge los muy diversos tipos de vulneraciones que se llegan a producir y que se han recopilado a partir de «los relatos de los casos registrados en nuestra oficina». De detallarlas se ha encargado De Castro, quien ha explicado que se ha detectado «arbitrariedad en el acceso a las ayudas» a causa de una falta de coordinación de las instituciones implicadas y «un cese de la guarda» que ha generado desprotección en menores migrantes.

También han recogido casos de denegación del reconocimiento de la dependencia, barreras a la hora de abrir cuentas bancarias, impedir el acceso a locales de ocio y aunque existe una instrucción para facilitar el empadronamiento, «se registran retrasos en la respuesta a la petición».

Otros ámbitos tienen que ver con la discriminación en el acceso a la vivienda, la brecha digital, «la vigilancia excesiva» a las personas racializadas, la falta de asesoramiento a la hora de realizar trámites administrativos en incluso los problemas para conseguir cita, los casos de facturación tras su paso por Urgencias hospitalarias y la precariedad en el empleo.

Finalmente, otras vulneraciones tienen que ver con que «existe una segregación racial educativa especialmente preocupante en Pamplona y Comarca», y el «alarmante» incremento de los discursos de odio en el último año.

Medidas para combatir el racismo

Ante esta situación, desde SOS Racismo se plantea una serie de medidas concretas para combatirla y que han sido detalladas por Villahizán. Consisten en «garantizar el reconocimiento de todas las personas migradas y racializadas como sujetos de derechos, sin importar su situación administrativa, y eliminar las barreras normativas que impiden su acceso a derechos fundamentales».

También se insta al Gobierno español a «realizar cambios normativos clave, como el apoyo a la ILP Regularización Ya, la universalización del acceso a la sanidad y la homologación de títulos».

Otra iniciativa consiste en «implementar protocolos efectivos para prevenir, detectar y reparar la discriminación racial dentro de la Administración, garantizando canales de denuncia seguros y una vigilancia activa de los casos».

Asimismo, se plantea «eliminar los controles policiales basados en el perfil étnico y la colaboración institucional en expulsiones, poniendo fin a prácticas como las ‘citas trampa’». Y promover «un trabajo político de reconocimiento y reparación decolonial que visibilice las causas de las migraciones, revise la memoria histórica e incluya a las personas en tránsito como víctimas de violencia estatal».

SOS Racismo también plantea «integrar la perspectiva antirracista en la elaboración y vigilancia de leyes y planes, asegurando que la igualdad jurídica y de derechos sea una prioridad efectiva». Y pide «impulsar desde el Parlamento de Navarra procesos de verdad, justicia y reparación para el pueblo gitano navarro, incluyendo su reconocimiento en el Amejoramiento».

Por último, insta a «fortalecer la autoorganización del tejido social, garantizando su independencia de instituciones y partidos políticos, y promoviendo su papel como espacios de vigilancia y denuncia activa de vulneraciones de derechos».

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