Este verano se ha anunciado que la Comisión Europea desembolsará el segundo tramo de los Fondos Europeos al estado español, al dar por buena la ejecución de los compromisos firmados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero eso es solo una parte de la realidad.

En primer lugar, ello corrobora que los Fondos Europeos están condicionados a aplicar determinadas políticas, entre ellas las políticas de ajustes. En segundo lugar, el mensaje oficial oculta que el documento de la Comisión Europea incorpora tres páginas sobre la reforma de las pensiones, diciendo, básicamente, que la reforma aprobada en 2021 se quedó corta, y que eso se debe compensar en la reforma que está comprometida este año.

Parece «el día de la marmota», pero es necesario recordar que el Gobierno español se comprometió a aprobar una reforma de pensiones en dos fases, una en 2021 y otra en 2022. Sí o sí, en 2022 deberá haber una nueva reforma de pensiones. No es una buena señal que este tema no ocupe espacio y se obvie en el debate político, social o mediático.

Lo firmado entre el Gobierno de Sánchez y la Comisión Europea recoge el compromiso explícito de que la reforma de 2022 aumente el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión (actualmente 25, cifra que se ha ido aumentando en las sucesivas reformas de pensiones). Y por tanto, cuanto más años de cotización se tienen en cuenta, más baja es la cuantía de las nuevas pensiones. Ese es el objetivo de la medida, bajar las pensiones.

Además, el mencionado documento de la Comisión Europea nos hace presagiar que la situación puede ser aún más grave. La Comisión indica que el Gobierno se comprometió a una reforma en dos fases para «asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, a corto, medio y largo plazo», y que las medidas aprobadas en la reforma de las pensiones del año pasado pueden poner en riesgo esa sostenibilidad financiera. Para justificar esta afirmación señalan tres elementos: el primero, que la inflación se ha disparado, lo que hace que la revalorización de las pensiones suponga un fuerte aumento del gasto; el segundo, que los recortes aprobados en la jubilación anticipada no son demasiado altos; el tercero, que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) va a suponer menos ahorro que el Factor de Sostenibilidad (que era un ajuste automático de las pensiones iniciales) al que sustituye. Y además, destaca que el MEI no fue avalado por la patronal (pero el Gobierno se había comprometido a acordar la reforma, como la laboral, en el diálogo social, un práctica que otorga derecho de veto a la patronal).

Tras ello, la Comisión expresa, con total claridad, que el Gobierno español tiene que cumplir los compromisos firmados, por lo que la reforma de 2022 debe compensar la «insuficiencia» de la reforma de 2021. Así que de cara a esta reforma es más que probable que se vuelvan a discutir cuestiones como la revalorización de las pensiones en función del IPC, además de las que ya están en la agenda (el aumento del número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, entre otros).

A partir de septiembre la reforma de las pensiones va a ocupar un espacio mayor en la agenda. El Gobierno tiene comprometidos importantes recortes, que pueden ser aún mayores tras haber aprobado unos Fondos Europeos que lejos de ser una solución mágica a nuestros problemas establecen una clara condicionalidad. La Comisión Europea ha explicitado que los próximos desembolsos van a estar condicionados al cumplimiento de los compromisos, es decir, al recorte de las pensiones. No será que no lo hemos denunciado de todas las maneras posibles, incluyendo la movilización social. Vamos a tener que seguir denunciando estas políticas, en los medios de comunicación y en la calle.