En febrero pasado, Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno Vasco, anunciaba en telediarios y prensa, la firma de un Convenio con el Instituto de la Seguridad Social, con el objetivo de valorar con criterios homogéneos el perjuicio causado por el amianto a quienes trabajemos con la fibra cancerígena, para mejorar la atención y prestaciones de la Seguridad Social a los enfermos. Más tarde, el BOE de 17 marzo publicaba el Convenio firmado por el INSS, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, Osakidetza y Osalan.

En su día, tras preguntarme un periodista, manifesté cierto escepticismo con el Convenio, dado que observaba un incumplimiento bastante generalizado de los sanitarios con la responsabilidad que les señala el Decreto 1299/2006, es decir, la reducción paulatina de la «Comunicación de sospecha», por los profesionales de Osakidetza y los Servicios de Prevención, ante la pasividad de la Inspección Sanitaria. Confieso que jamás imaginé pudiera producirse una involución como la que percibo desde hace unos meses en el Territorio de Gipuzkoa (es el que más conozco), observando los rechazos del INSS a las solicitudes de reconocimiento de dichas enfermedades, incluso, incumpliendo el Convenio.

Existe una opinión entre expertos e Instituciones, diría mayoritaria, acerca de la enorme infradeclaración de las enfermedades profesionales y las derivadas del amianto en particular. Subregistro que obstaculiza la adopción de medidas preventivas por las empresas, frente a las múltiples sustancias cancerígenas presentes en los puestos de trabajo. Las cifras de cánceres de pulmón, laringe o pleura y las enfermedades respiratorias, reconocidas como enfermedades profesionales del amianto en Euskal Herria, incluido en el Reino de España, resultan irrisorias, sobre todo, si las comparamos con las reconocidas en el entorno europeo, cifras que dejan al descubierto la escandalosa ocultación de estas. Por ello mi sorpresa, con la involución que percibo en Gipuzkoa en los últimos meses. Parece que las elites empresariales se han alarmado y llamado al orden, para evitar que Euskadi, continúe reflejando una cuarta parte de los cánceres profesionales del Reino, frenar las crecientes demandas de daños y condena a las empresas por sus históricas infracciones preventivas.
Hechos en los que me baso para apuntar una involución:

Un pensionista de 73 años, que trabajo desde los 16 años, como electricista de mantenimiento en la acería de Patricio Echeverria, con intensa exposición laboral al amianto, sílice, humos metálicos de cadmio, cromo..., mientras la empresa incumplió la normativa de seguridad vigente, se encuentra afectado de Adenocarcinoma pulmonar, Placas con engrosamiento pleural y Antracosis. El informe médico de Osakidetza recoge que el enfermo estuvo décadas expuesto al amianto, pero incumplió el Decreto 1299/2006 sin comunicar «sospecha». Resultado de mis gestiones, logramos incorporarlo en junio al listado de Osalan, como trabajador expuesto al amianto. El INSS le rechaza la solicitud de prestación de enfermedad profesional, por: «Ser pensionista y las lesiones derivan de enfermedad común». Aun teniendo constancia el INSS, que Osalan investigaba la exposición al amianto, emiten la resolución, sin requerir información de la actividad laboral desarrollada e ignorando, que la mayoría de los cánceres del amianto, aparecen décadas más tarde de la exposición. Similar respuesta, ha recibido otro pensionista de 70 años, que también trabajo como mecánico en la misma empresa. También incluido en junio en el Listado del amianto y padece un Adenocarcinoma pulmonar, Lesiones pleuroparenquimatosas y Paquipleuritis calcificada. Dichos informes médicos ofrecen pocas dudas a mi entender, sobre el origen profesional de sus enfermedades.

Parecido rechazo han recibido en septiembre tres viudas, cuyos maridos fallecieron por fibrosis pulmonar o Neumopatía Intersticial, placas pleurales e insuficiencia respiratoria tras trabajar como soldadores, caldereros en fundiciones y uno de ellos en la reparación de barcos en los Astilleros de Pasaia. En ninguno de los expedientes, el INSS ha requerido el informe de Osalan, clave para el reconocimiento de la enfermedad profesional. ¿Para qué firmo el Convenio de colaboración INSS-Osakidetza-Osalan? Sin coordinación y colaboración, los Convenios se convierten en un engaño social.

Los injustos rechazos del INSS a las solicitudes de prestación derivada de enfermedad profesional a los enfermos del amianto, parece buscar que desistan o empujarnos a la costosa vía judicial, con la previsión que algunos fallezcan antes de finalizar el proceso, en todo caso, parece que buscan reducir sustancialmente las demandas que reclaman reparar el daño causado. Es decir, burlarse por segunda vez de las víctimas.

No voy a ignorar que existe un problema, la mayoría de las empresas, donde estuvimos expuestos al amianto, además de incumplir las medidas preventivas, que la ley exigía, ocultaron a la Autoridad laboral, los nombres de quienes manipulamos o estuvimos expuestos al amianto, obstaculizando con ello, el acceso a la vigilancia sanitaria específica que posibilite la detección precoz de la enfermedad, impidiendo el reconocimiento profesional de la enfermedad. Los últimos años, hemos logrado aumentar el registro de personas expuestas, pasando de 5.754 personas en 2014, a 11.898 a finales de 2021 los incluidos en el Listado de Osalan. No me cabe duda, qué pese al avance producido, quedan todavía miles de personas en riesgo, sin acceso a una vigilancia sanitaria específica, tras haber trabajado con amianto. Unos, por desconocer que hubieran estado expuestos, otros, no son conscientes de la gravedad de la fibra cancerígena, piensan que la exposición fue pequeña, lamentablemente suficiente para causar la enfermedad. Una vez más, insisto, todas las personas qué en algún periodo de su vida laboral, manipularon o trabajaron en lugares donde se manipulaba la fibra cancerígena, deben inscribirse en el Listado de Osalan, cuando aparece la enfermedad, la voluntad de lucha es reduce y puede ser tarde.

El Gobierno Vasco no puede quedarse satisfecho con publicitar la firma de un Convenio de colaboración con el INSS y que Osalan investigue los requerimientos sobre exposición laboral de los enfermos. Considero necesario realicen un seguimiento de su cumplimiento y sobre todo, la dirección de Osakidetza y la Inspección Sanitaría, deben implicarse en el cumplimiento de las obligaciones, que señala el artículo 5 del Decreto 1299/2006. De hecho, un estudio realizado por expertos del Ministerio de Sanidad, calcula que la Sanidad Pública corre con un gasto de 157 millones de euros anuales en tratamientos hospitalarios por cáncer profesional, cantidad que debería ser transferida a la contingencia profesional. Igualmente, Osalan realizo un estudio en 2011, que concluía: Osakidetza asume un sobrecoste anual de 106.000 millones de euros, como consecuencia de la infradeclaración de enfermedades profesionales. Recursos que serían bienvenidos para fortalecer la atención primaria. Es necesario insistir, existe una responsabilidad compartida en la infradeclaración de las enfermedades profesionales causadas por amianto. El INSS es quien tiene la competencia de su reconocimiento, pero en gran medida, dependen del diagnóstico adecuado de la enfermedad y de la «Comunicación de sospecha» que corresponde a Osakidetza y la Inspección Sanitaria. Que las personas jubiladas, tras enfermar a causa del amianto, no causen baja, no supone la perdida al derecho a unas prestaciones económicas derivadas de enfermedad profesional.

No cabe duda que reconocimiento del origen profesional de los cánceres y enfermedades respiratorias resulta la vía más eficaz para mejorar su prevención. Resulta duro para los enfermos, incluido para sus familias, que se rían de ellos dos veces, primero condenándolos a una muerte prematura, mientras la empresa incumplía la legislación preventiva y más tarde, ocultando el origen y negar las prestaciones económicas derivadas de enfermedad profesional, porque la empresa no informó que trabajo con amianto. Sería preocupante que las víctimas del amianto, al ser obligadas a utilizar la vía judicial para reclamar justicia, presenten demandas de daños contra Osakidetza y sus profesionales, por qué incumplieron la ley, sin «comunicar sospecha» por su enfermedad.