La advertencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español para evitar los viajes a los campamentos de la población refugiada saharaui en la región de Tinduf (Argelia) debido a «la creciente inestabilidad en el norte de #Mali» (sic), ampliamente difundida a través de los medios de comunicación, no resulta comprensible si no es en el contexto del aumento de la tensión en torno al conflicto del Sáhara Occidental. Así, el anuncio se ha hecho directamente a través de las redes sociales y medios de comunicación sin que previamente se haya advertido a los responsables encargados de la seguridad en la zona: la Misión de las Naciones Unidas para el Referendum en el Sáhara Occidental (MINURSO) desplegada allí desde 1991, las autoridades argelinas, país de acogida de los campamentos saharauis, y las propias autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), afectadas en tanto que gestionan la administración y la seguridad de los campamentos.

El carácter genérico de la alerta –posteriormente especificado por la ministra Margarita Robles y los medios del grupo Prisa–, el hecho de que el punto más cercano a la frontera de Mali se encuentre a varios cientos de kilómetros de los campamentos saharauis con dos fronteras, la argelina y la mauritana, de por medio y que el anuncio se produzca tras una reunión bilateral sobre seguridad antiterrorista con Marruecos han generado serias dudas sobre la naturaleza real del riesgo y, sobre todo, sobre sus intenciones.

La suspensión de los viajes solidarios a la zona implicaría la paralización o el retraso de muchos proyectos de cooperación en marcha en los campamentos y una reducción importante del flujo de remesas que llegan a través de familias saharauis y extranjeras que aprovechan los puentes y vacaciones de fin de año para visitar a sus allegados en los campamentos. Además, esta recomendación de no viajar es un gesto importante hacia Marruecos que siempre ha pedido al Gobierno español que ponga límite a la gran corriente de solidaridad que sostiene la supervivencia en los campamentos de población refugiada. Una especie de garantía de que el nuevo Gobierno mantendrá una relación privilegiada con el régimen de Rabat. Pero, ¿qué gana el Gobierno español arriesgándose a que la mayoría de la ciudadanía lo vea como un gesto más en contra del pueblo saharaui y a favor de su aliado marroquí?

El reciente anuncio del Frente Polisario de que, a la vista de la inoperancia de la ONU y la comunidad internacional, se planteará su permanencia en el proceso de paz abierto hace ya 29 años, ha puesto al descubierto la responsabilidad del Estado español respecto a la población y al territorio del Sáhara Occidental del que, según la legislación internacional, sigue siendo «potencia administradora». Y esto a pesar de que, en su mayor parte, el país esté ocupado y administrado de hecho por Marruecos.

La posibilidad, más real que nunca, de una vuelta a las armas, se decidirá en el Congreso que el Frente Polisario realizará a mediados de diciembre en la zona no controlada por Marruecos de Tifariti. Evitar una presencia masiva de participantes y observadores internacionales es un objetivo prioritario para Marruecos y sus aliados europeos, España y Francia, cara a enfrentar unas resoluciones que podrían reclamar la responsabilidad de estos gobiernos en una posible vuelta a la guerra. Supone también un globo sonda, un aviso, para evaluar la reacción de quienes esperan que un gobierno del PSOE con Unidas Podemos y otros socios nacionalistas modifique la vergonzosa política de los gobiernos anteriores en relación con el Sáhara Occidental.

Sin embargo, tanto el Gobierno español, como sus socios marroquíes y europeos se equivocan desafiando a la solidaridad. Al igual que sucede en las fronteras, donde las vallas y las concertinas no podrán detener la emigración, sembrar el camino del pueblo saharaui de amenazas y miedo no detendrá nunca la solidaridad que mueve a las personas y a los pueblos más allá de los oscuros intereses de los gobiernos y del poder económico.