Que Álvaro Uribe Veléz es responsable de la grave situación en Colombia no es algo difícil de concluir, pero su responsabilidad en los hechos más oscuros del país nos permite afirmar que el expresidente de la República es el principal responsable y artífice de un genocidio que ha costado la vida de miles de personas. Es difícil hacer estimación exacta, fuera de la Corte Penal Internacional donde debería ser juzgado, pero su responsabilidad sobre los ríos de sangre de Colombia bien pudiera estimarse entre los 180.000 y 240.000 muertos, y en este artículo voy a tratar de justificar esta grave afirmación con un breve relato de su obra:

El ascenso de su carrera criminal podría señalizarse claramente con su toma del cargo de director general de Aeronáutica Civil de Colombia en 1980, con tan solo veintisiete años. Previamente, Uribe era el jefe de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín. Su cargo en la aeronáutica comienza cuando el anterior director, Fernando U. Senior, supone un lastre para el incipiente Cartel de Medellín, y una tarde de febrero de 1980 cuatro sicarios le descerrajan cinco tiros en el pecho. Tras ese suceso, Álvaro Uribe toma posesión del cargo vacante.

A partir de ese momento, el Cartel de Medellín inicia su gran despegue, y nunca mejor dicho: Uribe concede una ingente cantidad de licencias para la aviación privada, logrando que en muy poco tiempo el cartel consiga reunir en un solo departamento la mayor flota de aviación privada de toda América Latina. La infraestructura también se dispone. Uribe logra la construcción de 4 nuevos aeropuertos desde donde van a despegar incesantes los vuelos del narco: Frontino, Amalfi, Urrao, y Caucasia.

La aviación supone una explosión sin precedentes, como una revolución en el sector de la cocaína. El cartel de Medellín se convierte en una maquinaria gigantesca que hace correr la droga por todo el mundo. El narcotráfico alcanza un esplendor inimaginado. Las cifras de muertos comienzan a elevarse, y solamente los sicarios del cartel llegan a asesinar en once meses a más de 2.000 personas, con atentados constantes e incluso en un avión civil con 107 pasajeros a bordo que perderían todos la vida.

En información desclasificada de la Defense Intelligence Agency de los EEUU (DIA), se puede comprobar cómo en un listado del año 1991, entre las 104 cabezas del narcotráfico, aparece con el n.82 Álvaro Uribe Vélez. Pero el Cartel no solo era el sicariato. Frente al avance de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrillas que emanan de una defensa armada campesina hasta llegar a controlar departamentos enteros, es necesaria la respuesta del paramilitarismo:

Sucesivos grupos de paramilitares como «Muerte a Secuestradores» van siendo financiados como un ejército de los «señores feudales» y creciendo en número. El paramilitarismo, permitido por el Frente Nacional décadas atrás, es prohibido como un lavado de cara por gobierno de Virgilio Barco, quien organizó el genocidio de hasta 7.000 militantes de UP a partir de 1985.

Poco antes, la hacienda de la Guacharaca de los Uribe, es asaltada, se desconoce si por las FARC o como vendetta de una familia del cartel. El padre de Álvaro, en un intento de escapar, es asesinado. Uribe acude en helicóptero a la finca. Años después, en una incautación de bienes al narco, propiedad de Pablo Escobar, aparece un helicóptero con la matrícula HK2704X. Era el mismo en el que Uribe había viajado.

Rodrigo Lara Bonilla, presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, descubre este hecho tras un operativo. El helicóptero, de uso de Pablo Escobar, era en verdad de la Compañía Aerofotos Amortegui, propiedad de Alberto Sierra Uribe, padre de Álvaro. Tras esto, Lara Bonilla recibe veinticinco disparos. Uribe comienza aquí una nueva fase: senador de la República.

Su trabajo como político del senado culmina como gobernador de Antioquia en 1995, dos años después de la muerte de Escobar. En ese momento, con el ejército colombiano desbordado en sus labores de colaboración con el narco y la lucha contra la insurgencia revolucionaria, y ante la necesidad de ahondar explícitamente en las funciones más ilegales con un cuerpo militar, nace el grupo paramilitar más poderoso que ha existido en América Latina: las AUC.

35.000 hombres, armados hasta los dientes, avanzan desde el departamento de Antioquia, gobernado por Uribe, causando al menos 94.754 muertos en unos pocos años, y hasta los 140.000 según otras estimaciones. Son los años en los que los inmensos ríos Cauca y Magdalena bajan repletos de cadáveres flotando. Pero el ascenso de Uribe al poder no termina aquí.

Unos años después de su gobernación de Antioquia, en 2002, Uribe alcanza la presidencia de la República. Comienzan los «falsos positivos», bien llamados ejecuciones extrajudiciales. El ejército, comandado por la mano derecha de Uribe en lo militar, el general Montoya, asesina en poco más de siete años a más de 10.000 civiles inocentes en una trama para cobrar ayudas antiguerrilla de los EEUU, haciendo pasar a los civiles como guerrilleros muertos en combate, llevando a cabo una acción propagandística de la lucha contra la insurgencia, y con un claro plan de limpieza social en el que la JEP (Jurisprudencia Especial para la Paz), que ha puesto nombre ya a 6.402 de los asesinados, afirma en su comunicado 77 de 2021, en el que se imputan crímenes de guerra y lesa humanidad, el carácter de «limpieza social» por el que el perfil deliberado de pobres, marginados y discapacitados intelectuales eran las principales víctimas de esta trama genocida:

«Respecto al asesinato de adolescentes, la Sala concluyó que son una muestra clara de la afectación que para los derechos de la niñez ha implicado el conflicto armado. De otro lado, la Sala resaltó que una de las peores formas que adquirió la práctica de asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate fue la deliberada manipulación o instrumentalización de las personas con discapacidades cognitivas. Esta forma de instrumentalización de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad pone de manifiesto el daño asociado a la idea de que las personas en condiciones de discapacidad son prescindibles en la sociedad, una constante que ha llevado a perpetuar conductas de marginación, que se concentran en prácticas deleznables como la «limpieza social».

Tras un interludio en el que gobierna Santos, Uribe, cercado por causas que nunca consiguen condenarle, y que llegan a implicarle en la impresionante cifra de 279 causas, algunas de ellas con una sorprendente cantidad de testigos muertos, también «suicidados» (algunos de los cuales tenían enormes cantidades de arsénico en el organismo) y desaparecidos, vuelve a la carga a través de Duque, títere del mismo.

Uribe, al margen de una presidencia de la que «carece», y ante las huelgas recientes, llama a las FFAA y la policía a abrir fuego contra los manifestantes. Justo tras sus comentarios corre la sangre en las protestas del último Paro Nacional (2021), y los paramilitares salen junto a la policía: 85 muertos, más de cuatrocientos desaparecidos. Algunos de los jóvenes aparecen decapitados en los municipios, desmembrados por los caminos, o flotando en los ríos, símbolo inequívoco de los años más oscuros de Colombia.

Los asesinatos a líderes sociales y militantes se disparan: más de 1.200 muertos desde 2016. Mientras, Uribe sonríe en libertad, y la difusión de información como esta en Colombia cuesta la vida. Este artículo es un pequeño retrato del genocida, Álvaro Uribe Vélez, de por qué debería ser tratado y juzgado como tal, y un homenaje a los miles de asesinados por plantarle cara a él, a las oligarquías, a la injusticia, y que luchan por una nueva Colombia.